La declaración de Trump y Xi no protege a Putin de la orden de detención internacional

La declaración firmada por Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin en Shenzhen ha abierto una controversia que va más allá de las relaciones entre Estados Unidos, China y Rusia: hasta dónde puede llegar la oposición política de tres grandes potencias a la justicia penal internacional.

trump-con-putin-y-xi-el-19NOV2026-900x506 La declaración de Trump y Xi no protege a Putin de la orden de detención internacional

Los presidentes cuestionaron los posibles abusos de jurisdicción de la Corte Penal Internacional y defendieron el respeto de las inmunidades de los funcionarios estatales. Sin embargo, esa posición compartida no modifica las competencias del tribunal ni anula la orden de detención dictada contra Putin en marzo de 2023 por presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.

La cumbre del 19 de noviembre reunió por primera vez en un mismo formato trilateral a los dirigentes de Estados Unidos, Rusia y China. Su declaración conjunta abordó la reforma de Naciones Unidas, el suministro energético, la seguridad nuclear y las inmunidades estatales.

La referencia a la justicia internacional llamó especialmente la atención porque la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene una orden de detención contra el presidente ruso y porque ninguno de los tres Estados firmantes es parte del tratado que creó el tribunal.

Según informó Reuters, los tres dirigentes defendieron la inmunidad de los funcionarios estatales ante los tribunales internacionales. La formulación fue interpretada por especialistas consultados por la agencia como uno de los aspectos políticamente más significativos del encuentro.

La cuestión jurídica es más precisa: ¿puede una declaración de Estados Unidos, Rusia y China alterar las obligaciones de los países que han ratificado el Estatuto de Roma? La respuesta es negativa. El documento de Shenzhen no es una reforma del tratado, no es una sentencia y no vincula a los jueces de la CPI.

La orden de detención contra Putin sigue vigente

El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional anunció órdenes de detención contra Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova, responsable rusa de los derechos de la infancia.

La Sala de Cuestiones Preliminares consideró que existían motivos razonables para creer que ambos podían ser responsables de la deportación ilegal y el traslado ilegal de niños desde zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa.

La orden no constituye una declaración de culpabilidad. Es una medida judicial destinada a permitir que la persona investigada comparezca ante el tribunal y que el procedimiento avance con las garantías correspondientes.

Putin rechaza las acusaciones. Moscú sostiene que no reconoce la jurisdicción de la CPI y cuestiona la legitimidad de sus decisiones.

Sin embargo, el rechazo ruso no equivale a la desaparición de la orden. Esta permanece dentro del sistema judicial internacional mientras el tribunal competente no adopte una decisión que modifique su situación.

La declaración de Shenzhen tampoco anuncia que se haya solicitado formalmente una revisión judicial de la orden ni establece un mecanismo jurídico para dejarla sin efecto.

El artículo 27 del Estatuto de Roma y la inmunidad de los presidentes

El centro de la controversia se encuentra en el Estatuto de Roma, aprobado en 1998 y en vigor desde 2002.

Su artículo 27 establece que el cargo oficial de una persona, incluido el de jefe de Estado o de Gobierno, no la exime de responsabilidad penal ante la Corte.

También dispone que las inmunidades o normas procesales especiales asociadas a la condición oficial de una persona no impiden, por sí mismas, que la Corte ejerza su competencia.

La finalidad de esta disposición es evitar que el desempeño de una alta función pública se convierta automáticamente en una protección frente al enjuiciamiento de los crímenes comprendidos en la jurisdicción del tribunal.

El artículo 27 debe examinarse junto al artículo 98, que regula determinadas dificultades relacionadas con las obligaciones internacionales de los Estados y la cooperación con la Corte cuando existen inmunidades de terceros Estados.

La relación entre ambas disposiciones ha generado debates jurídicos, especialmente cuando el investigado es el jefe de Estado de un país que no pertenece al Estatuto de Roma.

Por eso conviene evitar dos simplificaciones. No es correcto afirmar que todos los Estados del mundo están obligados de la misma manera a ejecutar cualquier orden de la CPI. Pero tampoco lo es sostener que un presidente queda automáticamente protegido frente al tribunal porque su país no ha ratificado el Estatuto.

La jurisdicción del tribunal, la situación jurídica del Estado de origen y las obligaciones de cooperación de cada país deben examinarse conforme a las normas aplicables.

Por qué la Corte puede investigar delitos cometidos en Ucrania

Rusia no es Estado parte del Estatuto de Roma. Esa circunstancia ha sido utilizada por el Kremlin para rechazar la actuación de la CPI.

Pero el sistema de jurisdicción del tribunal no depende exclusivamente de la nacionalidad de la persona investigada.

El Estatuto contempla también la posibilidad de investigar crímenes cometidos en el territorio de un Estado que ha aceptado la jurisdicción de la Corte, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes.

Ucrania presentó declaraciones de aceptación de la jurisdicción de la CPI antes de convertirse en Estado parte del Estatuto de Roma. Esas declaraciones permitieron al tribunal examinar determinados crímenes presuntamente cometidos en territorio ucraniano.

La incorporación posterior de Ucrania al sistema del Estatuto no elimina la relevancia de esas declaraciones anteriores para los hechos investigados.

La cuestión central, por tanto, no es simplemente si Rusia reconoce o no el tribunal. Es si existen bases jurisdiccionales válidas para investigar los hechos concretos y si las órdenes emitidas cumplen los requisitos establecidos por el Estatuto.

Los jueces de la CPI han considerado que concurren las condiciones necesarias para dictar la orden contra Putin. Su validez no depende de la aceptación política del presidente ruso.

Tres potencias ajenas al Estatuto de Roma

Estados Unidos, Rusia y China comparten su condición de países que no son parte de la Corte Penal Internacional, aunque sus relaciones históricas con el tribunal son diferentes.

Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma en 2000, pero nunca lo ratificó y posteriormente comunicó que no tenía intención de convertirse en Estado parte.

Rusia también firmó el tratado sin ratificarlo y retiró su firma en 2016. China no ha firmado el Estatuto.

Esta coincidencia institucional no significa que los tres gobiernos tengan idénticas posiciones respecto de todos los crímenes internacionales o de todas las actuaciones judiciales.

Estados Unidos ha mantenido históricamente una relación variable con la CPI, combinando cooperación en determinados asuntos y oposición a investigaciones que afectan a ciudadanos estadounidenses o a países aliados.

Rusia ha rechazado frontalmente las órdenes de detención relacionadas con la guerra de Ucrania. China ha defendido una interpretación de la justicia internacional en la que atribuye una importancia especial a la soberanía estatal y al consentimiento de los gobiernos.

La declaración de Shenzhen reúne esas posiciones en una fórmula diplomática común: la defensa de las inmunidades y la advertencia frente a los posibles excesos jurisdiccionales.

Pero la coincidencia política de tres Estados no equivale a una modificación de las reglas aceptadas por los países que integran la Corte Penal Internacional.

Qué ocurre si Putin viaja a un país miembro de la Corte

Las consecuencias más prácticas de la orden de detención aparecen cuando el presidente ruso viaja al extranjero.

Los Estados parte del Estatuto de Roma tienen obligaciones de cooperación con la CPI, aunque la aplicación de esas obligaciones puede plantear controversias jurídicas relacionadas con las inmunidades y otras disposiciones del tratado.

La Corte no dispone de una fuerza policial propia capaz de ejecutar directamente sus órdenes en cualquier país. Para lograr la detención y entrega de una persona investigada depende de la cooperación de los Estados.

En consecuencia, la existencia de una orden judicial y su ejecución efectiva son cuestiones distintas.

La primera depende de las decisiones de los jueces. La segunda exige actuaciones concretas de las autoridades estatales competentes.

El documento firmado en Shenzhen no modifica por sí mismo las obligaciones internacionales de un país que haya ratificado el Estatuto de Roma.

Si Putin visitara uno de esos países, la situación tendría que examinarse conforme a las normas de cooperación aplicables y a las decisiones pertinentes de la Corte.

Si viajara a un Estado que no pertenece al Estatuto, las obligaciones derivadas de ese tratado no serían automáticamente las mismas. Podrían existir otros fundamentos jurídicos de cooperación, pero no cabe presumirlos sin examinar el caso.

Por ello, la declaración de los tres presidentes no puede interpretarse como un permiso general para viajar sin consecuencias jurídicas.

El problema de la ejecución: una justicia dependiente de los Estados

La controversia de Shenzhen pone de relieve una limitación estructural de la justicia penal internacional: los tribunales pueden adoptar decisiones judiciales, pero necesitan que los Estados colaboren para ejecutarlas.

Una orden de detención internacional puede mantenerse vigente durante años sin que el investigado sea entregado al tribunal.

La ausencia de ejecución no equivale necesariamente a una anulación de la orden ni a una decisión sobre la inocencia o culpabilidad de la persona investigada.

Del mismo modo, una declaración política contraria a determinadas actuaciones de la Corte no produce automáticamente consecuencias judiciales.

La influencia de los gobiernos puede manifestarse de otras maneras: mediante decisiones de cooperación, restricciones presupuestarias, sanciones, presiones diplomáticas o iniciativas para modificar normas internacionales.

Esas actuaciones deben distinguirse del texto firmado en Shenzhen, que no anuncia por sí mismo una reforma del Estatuto de Roma ni establece un nuevo procedimiento judicial.

Según el análisis publicado por The Guardian, el cuestionamiento de los tribunales internacionales fue uno de los elementos destacados de una cumbre que terminó sin avances concretos en las negociaciones sobre las guerras o el desarme nuclear.

Una declaración diplomática no puede sustituir a una sentencia

El resultado jurídico de la cumbre es limitado, aunque su significado político puede ser considerable.

Trump, Putin y Xi han hecho pública una posición común sobre la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y las inmunidades estatales. Su declaración puede influir en futuras negociaciones diplomáticas y en el debate internacional sobre el alcance de la justicia penal.

Sin embargo, para modificar las reglas del Estatuto de Roma sería necesario seguir los procedimientos de reforma previstos en el propio tratado. Para alterar una orden de detención concreta serían necesarias decisiones adoptadas conforme al procedimiento judicial correspondiente.

La declaración de Shenzhen no cumple ninguna de esas funciones.

La Corte Penal Internacional conserva sus competencias conforme al Estatuto de Roma. La orden de detención contra Putin no ha sido revocada por el encuentro de China. Y las obligaciones de cooperación de los Estados parte no desaparecen porque tres gobiernos hayan cuestionado públicamente el ejercicio de la jurisdicción internacional.

Lo que sí ha cambiado es el contexto diplomático: tres potencias con un peso determinante en la política mundial han expresado conjuntamente sus reservas frente a los tribunales penales internacionales.

La cuestión que queda abierta es si esa coincidencia se traducirá en actuaciones concretas de los gobiernos. Por ahora, el efecto de la declaración es político, no judicial.

La cobertura general de la cumbre y de los compromisos incluidos en la declaración conjunta puede consultarse en Aquí Madrid.

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