En España, la libertad de expresión y de reunión están riesgo
Los dirigentes mundiales deben actuar con urgencia para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos y proteger a la población civil de la horrenda violencia de Estados y grupos armados, afirma Amnistía Internacional al presentar su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en todo el mundo.
“El año 2014 fue catastrófico para millones de personas atrapadas en la violencia. La respuesta global a los conflictos y a los abusos cometidos por Estados y grupos armados ha sido vergonzosa e ineficaz. Mientras la gente sufría una escalada de brutales ataques y represión, la comunidad internacional ha dejado mucho que desear”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Las Naciones Unidas se crearon hace 70 años para garantizar que no se repetirían los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que ahora vemos es violencia a escala masiva y una enorme crisis de refugiados causada por esa violencia. Se ha fracasado estrepitosamente a la hora de buscar soluciones viables para las necesidades más apremiantes de nuestra época”, añade Shetty
El Informe Anual de Amnistía Internacional ofrece una panorámica completa de la situación de los derechos humanos en 160 países durante 2014. A menos que los dirigentes del mundo tomen medidas inmediatas para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos y aborden otras deficiencias que se identifican en el informe, las perspectivas para los derechos humanos durante el próximo año son sombrías:
- grupos armados brutales que ejercen un control similar al de un Estado sobre cada vez más poblaciones civiles, sometidas a ataques, persecución y discriminación;
- agravamiento de las amenazas contra la libertad de expresión y otros derechos, como las violaciones de derechos causadas por nuevas leyes antiterroristas draconianas y por la vigilancia masiva injustificada;
- empeoramiento de las crisis humanitarias y de refugiados, con un número cada vez mayor de personas desplazadas a causa de los conflictos, en tanto que los gobiernos continúan cerrando fronteras y la comunidad internacional sigue sin proporcionar auxilio ni protección.
Suscita especial preocupación el aumento del poder de los grupos armados no estatales, entre ellos el grupo autodenominado Estado Islámico.
Los grupos armados cometieron abusos en al menos 35 países en 2014, más de uno de cada cinco países investigados por Amnistía Internacional.
“A medida que la influencia de grupos como Boko Haram, Estado Islámico y Al Shabaab traspase las fronteras nacionales, cada vez más civiles se verán obligados a vivir bajo su control, similar al de un Estado, sometidos a abusos, persecución y discriminación”, ha afirmado Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.
“Los gobiernos deben dejar de fingir que la protección de civiles no está a su alcance, y ayudar a reducir el sufrimiento de millones de personas. Los dirigentes mundiales deben asumir un cambio fundamental en su manera de responder a las crisis en todo el mundo.”
Veto del Consejo de Seguridad de la ONU
En los casos de Siria, Irak, Gaza, Israel y Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha abordado las crisis y los conflictos –ni siquiera en situaciones en las que los Estados y los grupos armados cometen horrendos crímenes contra la población civil– debido a intereses creados o conveniencias políticas.
Amnistía Internacional pide ahora que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y otras atrocidades masivas.
“Esto podría suponer un punto de inflexión para la comunidad internacional y los instrumentos de que dispone para ayudar a proteger la vida de los civiles. Con la renuncia a su derecho de veto, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad otorgarían a la ONU más posibilidades de actuar para proteger a la población civil cuando haya vidas en situación de grave riesgo, y enviarían a los responsables de abusos el firme mensaje de que el mundo no se quedará de brazos cruzados mientras se cometen atrocidades masivas”, ha afirmado Salil Shetty.
Comercio de armas
El sangriento legado del ingente flujo de armas a países donde Estados y grupos armados las utilizan para cometer graves abusos se cobró decenas de miles de vidas de civiles en 2014.
Amnistía Internacional pide a todos los Estados –incluidos Estados Unidos, China, Canadá, India, Israel y Rusia– que ratifiquen o acepten y se adhieran al Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor el pasado año después de decenios de campaña de Amnistía Internacional y otras instituciones.
“En 2014 se entregaron enormes remesas de armas a Irak, Israel, Rusia, Sudán del Sur y Siria, a pesar de las altísimas probabilidades de que estas armas fueran utilizadas contra poblaciones civiles atrapadas en los conflictos. Cuando el Estado Islámico se hizo con el control de extensas zonas de Irak, encontró grandes arsenales, listos para ser recogidos. El flujo irresponsable de armas a quienes cometen abusos contra los derechos humanos debe acabar ya”, ha afirmado Anna Neistat.
Armas explosivas
Amnistía Internacional pide a los dirigentes mundiales que impongan nuevas restricciones para hacer frente al uso de armas explosivas –como bombas lanzadas desde aeronaves, proyectiles de mortero y artillería, cohetes y misiles balísticos– en zonas pobladas, que dieron lugar a innumerables muertes de civiles en 2014.
“La imposición de nuevas restricciones al uso de armas explosivas que no pueden dirigirse con precisión o que tienen efectos sobre amplias zonas en áreas pobladas podría haber ayudado a salvar miles de vidas que se perdieron en conflictos recientes, como los de Israel, Gaza y Ucrania. La comunidad internacional puede y debe hacer más para proteger a los civiles cuyos hogares se han convertido en el campo de batalla de primera línea de las partes beligerantes”, ha afirmado Anna Neistat.
Respuestas draconianas
Amnistía Internacional insta a los gobiernos a garantizar que su respuesta a las amenazas contra la seguridad no menoscaba derechos humanos fundamentales ni fomenta más violencia.
El Informe Anual detalla cuántos gobiernos reaccionaron a las amenazas contra la seguridad con tácticas draconianas y represivas en 2014, como por ejemplo:
- Afganistán: reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por personal de la Dirección Nacional de Seguridad, incluidas denuncias de tortura y desapariciones forzadas.
- Kenia: promulgación del proyecto de Ley sobre Leyes de Seguridad (Enmienda), una disposición legal represiva en materia de seguridad que podría dar lugar a restricciones generalizadas de la libertad de expresión y de circulación.
- Nigeria: comunidades ya aterrorizadas desde hacía años por Boko Haram se volvieron cada vez más vulnerables a violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, que con frecuencia respondieron con homicidios extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas y tortura.
- Pakistán: las autoridades levantaron la suspensión de las ejecuciones y comenzaron a ejecutar a presos condenados por delitos relacionados con el terrorismo.
- Rusia y Asia Central: las personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo, o sospechosas de pertenecer a grupos islamistas, sufrieron tortura a manos de las fuerzas de seguridad nacionales.
- Turquía: continuó el uso de legislación antiterrorista de redacción imprecisa para criminalizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
“Desde Baga hasta Bagdad, los dirigentes gubernamentales han intentado justificar las violaciones de derechos humanos hablando de la necesidad de que el mundo siga siendo ‘seguro’”, ha afirmado Salil Shetty.
“Observamos indicios preocupantes de que los dirigentes seguirán reprimiendo con dureza las protestas, introduciendo leyes antiterroristas draconianas y usando técnicas de vigilancia masiva injustificada para responder a las amenazas contra la seguridad. Pero las reacciones impulsivas no funcionan. Por el contrario, crean un entorno de represión en el que puede ganar terreno el extremismo.”
Personas refugiadas
Una consecuencia trágica de la incapacidad de la comunidad internacional para ocuparse del nuevo rostro de los conflictos es una de las crisis de refugiados más graves que el mundo ha conocido, mientras millones de personas –4 millones sólo de Siria– siguen huyendo de la violencia y la persecución.
“Es abominable comprobar que los esfuerzos de los países ricos para impedir la entrada de personas prevalecen sobre sus esfuerzos para preservar las vidas de las personas. La crisis de refugiados global se agravará con toda probabilidad, a menos que se tomen medidas urgentes”, ha afirmado Salil Shetty.
“Los dirigentes tienen en sus manos la posibilidad de aliviar el sufrimiento de millones de personas, asignando recursos políticos y económicos a la ayuda y protección de quienes huyen del peligro, prestando ayuda humanitaria con generosidad y reasentando a los más vulnerables.”
La situación en España
En España, el Gobierno sigue la tendencia global de recortes a la libertad de expresión y de reunión, mediante varias iniciativas legislativas. Una de ellas, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), no solo amplía los poderes policiales sin establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sino que además incluye nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones en las cercanías del Congreso y el Senado, o las limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Para la organización también han sido de especial preocupación los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad en manifestaciones, así como crecientes restricciones al derecho de reunión, incluido la imposición de multas a manifestantes pacíficos, algo que puede disuadir la protesta.
La reforma del Código Penal también ataca la libertad de expresión, de información y de reunión, al ampliar los delitos, tanto de terrorismo como de desórdenes públicos, de manera tan amplia y vaga que resultan incompatibles con las normas de derecho internacional. Además, esta reforma sigue sin tipificar de manera adecuada los crímenes de derecho internacional como la tortura. Otro de los grandes retrocesos de 2014 ha tenido lugar en la lucha contra la impunidad de la que gozan los perpetradores de los crímenes más graves, mediante la reforma de la jurisdicción universal, que limita las atribuciones de las autoridades para investigar crímenes atroces contra las personas cometidos fuera de España.
También las personas migrantes están viendo sus derechos vulnerados en España. Amnistía Internacional ha seguido denunciando uso excesivo e innecesario de la fuerza en frontera, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, que en ocasiones han sido devueltos de manera ilegal. Además, lejos de cambiar esta política, las autoridades pretenden, mediante una enmienda introducida en la LOSC, legalizar esta práctica de las denominadas devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional.
Por último, Amnistía Internacional recuerda que durante los próximos dos años España tendrá un asiento temporal en el Consejo de Seguridad. La organización hace un llamamiento para que el Estado español aproveche su posición para instar a los cinco miembros permanentes a comprometerse a que dejen de usar el veto en casos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. También le pide a España que tenga un papel proactivo para que se establezca una mayor protección a los derechos humanos en situaciones que afectan a la paz y seguridad internacionales.
Llamada a la acción
“El panorama global de la situación de los derechos humanos es sombrío, pero hay soluciones. Los dirigentes mundiales deben tomar medidas inmediatas y enérgicas para evitar una inminente crisis global y acercarnos un paso más a un mundo más seguro en el que los derechos y libertades estén protegidos”, ha afirmado Salil Shetty.
