La crisis económica en Cuba y una de sus consecuencias, la emigración como una estrategia de sobrevivencia, acrecienta la posibilidad de que personas sean víctimas de redes de trata, pese a un marco legal fortalecido para enfrentar tal flagelo, informa Luis Brizuela (IPS) desde La Habana.
Yarlenis Blanco reconoce que el miedo la acompañó cuando en 2016 decidió salir de la isla. A través de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, siguió por tierra hacia Estados Unidos, en una ruta plagada de penurias, robos, violencia sexual y muerte, describen informes de organizaciones internacionales.
«Podían quitarme el pasaporte, secuestrarme o ponerme a trabajar como prostituta. Incluso que me mataran. Pero deseaba prosperar y ayudar a mi familia, y lo logré», aseguró a IPS esta informática de 36 años residente ahora en el estadounidense estado de Nueva Jersey.
A Víctor Duarte, otrora trabajador autónomo, lo guiaron idénticas motivaciones para vender sus pertenencias, incluida su vivienda en la localidad de Madruga, sesenta kilómetros al sureste de La Habana, e irse a México en noviembre de 2021, para desde allí viajar a Estados Unidos.
«Llevaba miles de dólares para pagar a quienes me trasladaron de Cancún a la Ciudad de México, y de ahí a la frontera. Iba con susto, porque te pueden asaltar, chantajearte y hasta desaparecerte», manifestó a IPS este migrante de 44 años, desde la ciudad estadounidense de Miami.
De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos, hacia esa nación apuntaron la brújula en los dos últimos años más de cuatrocientos mil cubanas y cubanos, alrededor de cuatro por ciento de la población de este país de once millones de habitantes.
Lo anterior ocurrió en medio de la precaria situación económica interna marcada por la inflación, deterioro del poder adquisitivo de salario y pensiones, desabastecimiento y altos precios de productos esenciales como los alimentos.
Convergen el impacto de la pandemia de covid, el desplome de las principales fuentes de divisas, los precios internacionales e incompletas reformas económicas internas que no han revertido la descapitalización de principales industrias ni las insuficientes producciones agropecuarias, entre múltiples factores.
El gobierno cubano achaca a Washington gran responsabilidad por la crisis económica y el éxodo de personas, debido a las privaciones que genera el embargo, vigente desde 1962.
Marco legal
En agosto el Informe nacional de Cuba sobre prevención y enfrentamiento a la trata de personas y protección a las víctimas, que se publica desde 2013, expuso que en 2022 se juzgaron seis casos de ese tipo.
Se identificaron seis víctimas, cinco de ellas niñas menores y una mujer. Las sanciones penales para cinco hombres y una mujer oscilan de cinco a quince años de prisión.
Según el texto, la cifra «denota la baja incidencia de este delito en el territorio nacional como resultado de las acciones preventivas y de enfrentamiento», de la política de «tolerancia cero» frente al fenómeno, así como de «la ausencia de redes delictivas organizadas radicadas en el país».
El anterior informe identificó diez víctimas –todas niñas- en 2021 «con rasgos típicos de trata».
Una revisión del documento anual del Ministerio de Justicia revela que en el trienio 2019-2021 fueron juzgados cuarenta casos similares. Del total de 53 víctimas, veintiocho eran niñas, dieciocho mujeres, seis hombres y un niño.
Vigente desde fines de 2022, el actual Código Penal cubano amplió el concepto de trata a la «explotación laboral o sexual, trabajos forzosos u obligatorios, matrimonio forzado, adopción ilegal, mendicidad, prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, extracción de órganos o la realización de otras actividades delictivas contrarias a la dignidad humana».
Además, la ley tipifica el proxenetismo y otras formas de explotación sexual; la venta, compra y tráfico de personas menores de edad; el tráfico de órganos humanos; la desaparición forzada; la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el trabajo forzoso u obligatorio.
Las penas de cárcel por estos delitos contra la dignidad humana pueden llegar hasta los treinta años o privación perpetua de libertad.
Aunque el Código Penal haya aumentado su marco sancionador «puede que esto no tenga ningún efecto disuasivo para quienes se encuentran implicados en las redes de trata de personas, como tampoco incide en las causas que provocan la organización de este tipo de delitos», sostuvo a IPS la abogada cubana Alina Herrera.
Resulta indispensable «acompañar las políticas penales de otras dimensiones relacionadas con lo social, económico, cultural e informativo», señaló la también militante feminista y activista antirracista, residente actualmente en México.
Casos
La trata de personas es un problema global. Los desplazamientos y desigualdades socioeconómicas afectan a millones de personas, quienes quedan expuestas a la explotación de los traficantes que forman parte de los eslabones de la trata, un delito que puede darse dentro de las fronteras de un país o tener alcance transnacional.
Organizaciones y grupos defensores de derechos humanos alertan sobre los riesgos que corren las personas en situación de movilidad humana, sobre todo mujeres, niñas y niños y personas adultas mayores, muchas de las cuales nunca llegan a su destino y permanecen en los países de tránsito en condiciones de hacinamiento o víctimas de múltiples formas de violencia por grupos del crimen organizado.
El 30 de octubre se informó sobre el rescate de once mujeres cubanas y dos venezolanas, obligadas a prostituirse con falsos pretextos en un local ubicado en el distrito de Nickerie, en Suriname.
También a fines de octubre un jurado federal de Miami halló culpable a un hombre de la localidad de Miami Beach asociado a una entidad de crimen organizado transnacional conocida como La mafia cubana en Quintana Roo, en México.
Las investigaciones puntualizaron que integrantes del grupo delictivo secuestraban a migrantes cubanos que intentaban llegar a la frontera estadounidense y amenazaban con torturarlos, no alimentarlos y asesinarlos, si sus familiares no pagaban un rescate.
Una publicación de Moscú expuso a inicios de septiembre que ciudadanos cubanos eran reclutados a través de redes sociales para enrolarlos en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Basados en un informe del Ministerio del Interior, medios oficiales cubanos dieron cuenta de la detención de diecisiete personas vinculadas con el esquema de reclutamiento, catorce de las cuales confesaron «haberse incorporado por decisión individual y voluntaria a la operación, a cambio de la residencia en el país euroasiático y una sustancial retribución monetaria».
El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que el gobierno actúa y actuará «de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país».
Cuba es Estado Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, conocida como Convención de Palermo por la ciudad italiana donde se aprobó, y que tiene la trata y el tráfico de personas como uno de sus grandes delitos.
Mantiene asimismo cooperación e intercambio de datos sobre el tema con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el Sistema de Naciones Unidas y organismos homólogos de países europeos y regionales.
Elevar la percepción de riesgo
«En un contexto de agotamiento social por la crisis, que conlleva desesperación e inmediatez, las organizaciones que promueven la trata de personas encuentran el terreno propicio para desplegar su actuación», subrayó la abogada Herrera.
Recomendó transformar el imaginario que asocia el flagelo asociado únicamente «al secuestro, la violencia, a caer en una red ‘por la fuerza’».
Habría que desmenuzarlo «y mostrar las muchas caras, tipos y vías de la trata», complementó la abogada para quien los medios de comunicación «serían muy efectivos en desentrañar que la trata de personas ocurre en Cuba con más sistematicidad que los números que ofrecen cada año los informes nacionales, teniendo en cuenta que son datos asociados a procesos penales concluidos».
El informe de 2023 destaca que Cuba dispone de un Grupo de Trabajo Nacional para la prevención, enfrentamiento y protección de las víctimas de trata de personas, rectorado por el Ministerio de Justicia.
Asegura que la entidad trabajó durante el último año en la actualización del Plan de Acción Nacional (2022-2024), una herramienta para abordar el delito de forma coordinada entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
Entre otras acciones destaca aquellas para fortalecer la prevención y detección de la trata, visibilizarla con enfoque de género, aumentar la percepción de riesgo en la población, incrementar su participación en la alerta y potenciar la capacitación sobre el tema entre los profesionales y trabajadores de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales.
Aún con políticas, normas e instituciones para atender casos de violencia y abusos «Cuba carece de un instrumento jurídico que agrupe de manera integral y transversal las normativas necesarias para la prevención, atención y reparación de las personas implicadas en hechos de trata, que integre las acciones interinstitucionales, porque el fenómeno es multidimensional y multiactoral», reflexionó Herrera.
Asimismo, dijo «se requiere un protocolo de atención integral a víctimas, según las edades y los hechos, que regule la sistematización de esa atención y exija a las distintas instituciones cumplir con sus obligaciones en materia psicológica, legal, económica e, incluso, de vivienda».
Para la experta, sería necesario que tal protocolo «contemple procedimientos eficaces de identificación de víctimas, poblaciones vulnerables, con especial énfasis en las infancias, la adolescencia, mujeres, mujeres trans, y personas de la comunidad LGBTIQ+. Es vital esa distinción y su trato diferenciado».
