Reporteros sin Fronteras (RSF) señala que el periodista marroquí Omar Radi es «víctima del hostigamiento por parte de los tribunales» recordando que ha sido interrogado cinco veces en quince días, por lo que tras otro comunicado publicado el 30 de junio 2020, vuelve a pedir que cese el acoso a su persona.
Las acusaciones se centran en una investigación sobre una presunta financiación con obtención de fondos del extranjero relacionados con servicios de inteligencia. Los hechos aportados demuestran lo infundado de las acusaciones.
RSF alude a la rueda de prensa ofrecida por el periodista el miércoles 15 de julio 2020 en la sede del Sindicato Nacional de la Prensa de Marruecos (SNPM) en Rabat donde negó los cargos señalando que había estado durante meses bajo vigilancia, incluso durante años, mencionando que podría remontarse hasta 2011.
Durante su comparecencia, Radi explicó el acoso judicial al que se ve sometido, a raíz del informe de Amnistía Internacional (AI) en el que se señalaba que su teléfono fue objeto de vigilancia a través del programa espía Pegasus fabricado por una firma israelí. Un total de ocho activistas y periodistas marroquíes también denunciaron ser objeto de espionaje.
También denunció ser objeto de «persecución» contra su persona y de una «campaña de linchamiento e intimidación» desde varios medios que afecta incluso a sus familiares.
RSF en su comunicado denuncia el acoso judicial y señala que las autoridades marroquíes «deben arrojar luz sobre los casos de vigilancia ilegal del que este periodista es víctima, en vez de acosarlo» insiste el delegado de la organización en el norte de África, Souhaieb Khayati.
RSF ya solicitó previamente que se pusiera fin a la persecución en que vive este periodista, que incluso el pasado 5 de julio soportó el seguimiento y acoso de una televisión, ChoufTV que le ataca constantemente y tras salir en Casablanca de un bar, con otro periodista, Imad Stitou, fue acosado y detenido tras una serie de denuncias mutuas.
Ataques del Gobierno
Por su parte, el Gobierno marroquí sigue con sus ataques contra Amnistía Internacional, a través de su ministro de Relaciones con el Parlamento y Derechos Humanos, Mustafa Ramid, lamentando que AI trate al país «como si fuera el régimen de Gadafi», haciendo alusión incluso al Sahara, criticando que la ONG pida la extensión de la Minurso a los derechos humanos en el territorio pero «haga oídos sordos a las violaciones de derechos humanos en los campamentos de Tinduf».
Se da la circunstancia que este ministro del partido gubernamental mayoritario, Partido Justicia y Desarrollo (PJD), vivió una reciente polémica política al descubrirse que lleva años sin dar de alta en la Seguridad Social a trabajadores a su cargo, al igual que su compañero de formación y ministro, curiosamente de Trabajo y Formación Profesional, Mohamed Amekraz, quien, incluso, se negó a dar explicaciones en una comparecencia parlamentaria. Ambos permanecen en los cargos.
Otra polémica de Ramid se refiere a la defensa del dirigente de su partido y actual senador además de presidente de la ONG islamista Karama, Abdelali Hamieddine, quien está inmerso en un largo proceso acusado de «complicidad por homicidio voluntario», por unos hechos que se remontan a más de veinticinco años atrás, cuando era estudiante y presuntamente, participó en el asesinato del estudiante izquierdista, Benaissa El Jid, en Fez.
Cuando Ramid era anteriormente ministro de Justicia fue señalado por la familia del asesinado ya que las denuncias del caso eran rechazadas y desestimadas por lo que fue acusado de «abuso de poder». El testigo principal de los hechos ha tenido que declarar más de ochenta veces en los tribunales sobre este caso reafirmando la presencia de Hamieddine en el asesinato.
Curiosamente, Hamieddine se hizo el año pasado una autofoto con el presidente francés, Emmanuel Macron en Estrasburgo, lo que motivó las protestas de la familia del asesinado y una carta al presidente de Francia, preguntándose si sabía quién era, explicándole el contexto en que su hijo fue asesinado.
