Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, indica que «mientras miles de manifestantes salen a las calles en toda Rusia para denunciar la guerra, el Kremlin sigue decidido a sofocar las críticas al gobierno coaccionando a los medios de comunicación nacionales para que apoyen sus políticas».
«En su desesperación por silenciar la disidencia, Rusia está utilizando también empresas controladas por el Estado para acallar a quienes alzan la voz contra el conflicto. La eliminación del presentador de televisión Ivan Urgant y la marginación de la respetada periodista Elena Chernenko, quien fue excluida de un grupo de prensa gubernamental por redactar una carta contra la guerra, dan testimonio del total desprecio del gobierno por la libertad de prensa.
El 24 de febrero de 2021, el organismo ruso de control de los medios de comunicación, Roskomnadzor, ordenó a todos los medios que, en su cobertura de la invasión rusa de Ucrania, utilizaran únicamente la información proporcionada por fuentes estatales oficiales. Cualquiera a quien se descubriera desobedeciendo esta orden podría encontrarse con el bloqueo de sus sitios web y con multas de hasta 62.600 dólares estadounidenses.
El 28 de febrero, Roskomnadzor bloqueó el sitio de Nastoyashchee Vremya (Actualidad), filial de RFE/RL, por difundir «información de importancia pública poco fiable» sobre el conflicto.
El 27 de febrero, la Fiscalía General emitió una declaración en la que amenazaba con procesar por cargos de «alta traición» cualquier tipo de «ayuda a un Estado extranjero, organización internacional o extranjera o sus representantes en actividades dirigidas contra la seguridad de la Federación Rusa».
En los primeros cuatro días de la invasión, la policía rusa ha utilizado sistemáticamente la fuerza para dispersar las protestas contra la guerra celebradas en todo el país. Según la ONG de derechos humanos OVD-Info, se ha detenido a más de 5900 manifestantes pacíficos en al menos 67 ciudades y localidades de toda Rusia.
