El grupo parlamentario de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea ha instado al Gobierno de España a transferir el alojamiento de la información y la gestión de la Plataforma Lexnet a servidores exclusivamente dependientes del poder judicial.
Este grupo parlamentario argumenta que el principio de separación de poderes debe implicar también una separación de la gestión de la información, lo que no ocurre con el Ministerio de Justicia o con las Consejerías de las Comunidades Autónomas que gestionan una información que nunca tendría que salir de los cauces de comunicación entre el interesado y el órgano judicial.
Rafael Catalá toma posesión como ministro de JusticiaSin embargo, señala, actualmente el Poder Ejecutivo dispone de toda la información que entra y sale del Poder Judicial en lo que se refiere a los procedimientos judiciales a través de la implantación del sistema Lexnet en sus dependencias administrativas. Con él, dispone de una relación pormenorizada de qué procedimientos se tramitan ante cada órgano judicial y, además, de los datos personales tanto de los profesionales como de las partes procesales y de los intervinientes en cada uno de los litigios. Por otra parte, esta información la proporciona y almacena en servidores de Telefónica, entidad privada, con lo que, entre otras cosas, se pone en riesgo tanto la privacidad de los justiciables como la independencia judicial y la de los abogados.
Agrega que el hecho de que el Poder Ejecutivo aloje y gestione esta información supone «entregarle unos datos a los que no tiene derecho de ninguna de las maneras» y vulnera lo dispuesto en el artículo 8, apartados 1 y 2, del Convenio Europeo de DDHH, sobre privacidad de las partes, pero también roza la legalidad del artículo 6, apartado 1, de dicho Convenio, que marca los límites de acceso a la publicidad de la información. De hecho, existen antecedentes judiciales en Tribunales Internacionales que han analizado los casos en los que se ha producido un alojamiento de los datos personales sin respetar los debidos límites del artículo 8.2 de la Carta.
Al hilo de la actualidad, en la que las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial son patentes hasta el punto en que se ha reprobado en el Congreso de los Diputados al ministro de Justicia y a la cúpula fiscal, en el GP Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea se considera oportuna esta moción para instar al Gobierno a modificar el Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, para que se transfiera el alojamiento de la información y la gestión de la Plataforma Lexnet a servidores exclusivamente dependientes del poder judicial, sin ningún tipo de injerencia por parte del poder ejecutivo.
