La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó este 23 de abril 2021 su Reunión de Medio Año, en la que se insistió a los gobiernos de Brasil, México, Ecuador, Guatemala y Honduras a que cumplan con la responsabilidad de determinar responsables materiales e intelectuales en casos de asesinato o desaparición de periodistas.
También se criticó la decisión del gobierno de Estados Unidos, por negarse a sancionar al príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudí, por el asesinato en 2018 del columnista Jamal Khashoggi.
En la reunión, celebrada de forma virtual del 20 al 23 de abril, se abordaron asuntos sobre la estigmatización, las agresiones contra periodistas y medios, y el acoso judicial y legal, entre otros.
Como primer acto se rindió honores a los más de quinientos periodistas y personal de medios de comunicación que han fallecido a causa de la pandemia.
Se condenó el asesinato de ocho periodistas desde octubre 2020, cuatro en México y uno en cada uno de estos países: Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, y se expresó preocupación por la prescripción de tres casos de asesinatos de periodistas en Colombia.
La SIP evaluó los datos recibidos sobre violencia contra periodistas en el ejercicio de sus funciones durante coberturas de protestas sociales. En EE.UU. se reportaron 133 arrestos o detenciones de periodistas durante el ejercicio de su profesión, la mayoría durante las protestas de Black Lives Matter.
Otras agresiones durante la cobertura de protestas sociales se dieron en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y Cuba, en cuyo caso se reportó la detención por horas de diecinueve periodistas independientes, y se produjo el arresto domiciliario de al menos siete comunicadores sin que se cumplieran requisitos legales.
También se alertó sobre los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas, condenándose los constantes ataques relacionados con estereotipos y roles, de las que son sujeto tanto en coberturas presenciales como en línea. También se instó a las empresas periodísticas a que eliminen todo tipo de diferenciación por género en materia de beneficios y derechos, mejorar los protocolos contra el hostigamiento sexual laboral y asegurar un ambiente libre de acoso.
Agresiones a periodistas por redes sociales y foros publicados en internet se produjeron en Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Bolivia. En su mayoría, las amenazas e insultos suelen provenir de cuentas anónimas de manera orquestada, como parte de claras estrategias para que los periodistas se inhiban y autocensuren.
En Venezuela, el gobierno cerró al menos ocho emisoras de radio y varios medios escritos tuvieron que migrar al espectro digital, con todo tipo de restricciones legales y financieras.
El acoso judicial continúa siendo un arma de censura para gobiernos autoritarios que buscan controlar los contenidos de la prensa independiente. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela obliga al diario El Nacional a pagar una indemnización de 13,2 millones de dólares a Diosdado Cabello, en un caso de supuesta difamación, lo que se consideró un fallo confiscatorio que apuesta a tomar el control de los activos del diario.
El deterioro de las instituciones democráticas y la absoluta injerencia del poder político sobre el Poder Judicial se manifiesta en Venezuela y Nicaragua, entre otros países, en los que se abren constantes causas penales contra periodistas y medios de comunicación con el objeto de amedrentarlos.
Varias iniciativas legislativas se utilizan para censurar la expresión, como el caso de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua, que restringe las operaciones financieras de varias organizaciones civiles y políticas. Esto llevó a que varias organizaciones cerraran sus operaciones, entre estas, la Fundación Violeta Chamorro, que apoyaba a la supervivencia a una veintena de medios de comunicación independientes.
En muchos países también, como en Nicaragua y Venezuela, a pretexto de reducir la difusión de informaciones falsas, se está legislando para censurar y restringir la libertad de expresión de los ciudadanos en las redes sociales e internet. En Honduras, el nuevo Código Penal incluye sanciones a la protesta y a la difusión de información relacionada. En Panamá, también se busca sancionar la difusión de lo que la autoridad considera noticias «falsas», «reservadas» o que inducen al «miedo».
En Argentina se introdujo en el relato oficialista el concepto de «lawfare», con el que el poder político plantea la existencia de una connivencia conspirativa entre sectores del periodismo, la política y la justicia. Se llegó al extremo, que el gobierno presentó un proyecto en el Parlamento del Mercosur para tipificar al «lawfare» y sancionar a periodistas que investigan hechos de corrupción.
Desde el poder político continúa el avance por desacreditar y estigmatizar el ejercicio del periodismo, generándose un clima hostil que puede degenerar en acciones violentas concretas contra medios y periodistas.
Los mandatarios Nayib Bukele, de El Salvador; Jair Bolsonaro, de Brasil; Andrés Manuel López Obrador, de México, y Alberto Fernández, de Argentina, son quienes más hostigan al periodismo. También en Bolivia, Venezuela, Cuba, El Salvador y Nicaragua los gobiernos utilizan los medios gubernamentales y las redes sociales para desacreditar a los periodistas.
En países como Costa Rica, Canadá y EE.UU. se reportaron restricciones al acceso a la información pública por parte del poder político y el gobierno, especialmente en casos de coberturas sobre la situación sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Paraguay, Cuba, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana y Bolivia enfrentaron situaciones similares de falta de transparencia y acceso a la información pública.
Se destacó el constante esfuerzo de periodistas y medios de comunicación de todo el hemisferio, pese a haber vivido más de un año en una pandemia que no da tregua y en condiciones sanitarias y económicas en deterioro, que han minado gran parte de los ingresos de los medios.
En este escenario, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y la asamblea, reconocieron los avances positivos que se dieron en Colombia para impulsar el ejercicio de un periodismo independiente, autosustentable y con garantías a la integridad de sus empresas y profesionales.
En Colombia, los medios de comunicación han trabajado junto con la sociedad y el Estado para promover una cláusula en la ley de presupuesto que permitirá al gobierno asistir a los medios de comunicación en el proceso de transformación digital, como una de las formas posibles que tomará la recuperación post pandemia. Asimismo, se espera que el Congreso apruebe una norma que extenderá facilidades económicas para los medios, entre ellas, estímulos tributarios para los anunciantes, así como auxilios económicos e incentivos para la contratación de periodistas hasta el año 2025.
