España 26J: Teledetodos por la salvación del servicio público audiovisual

El grupo de estudio Teledetodos, que agrupa a profesionales, académicos, investigadores y colectivos interesados en un auténtico servicio público de comunicación audiovisual y multimedia, sostiene que la radiotelevisión pública española, vital para el mantenimiento del espacio público democrático, se ha deteriorado seriamente en los últimos años, con graves consecuencias para el pluralismo ideológico y social.

Protestas de los trabajadores de RTVE contra la manipulación política de la radio y televisión públicas
Protestas de los trabajadores de RTVE contra la manipulación política de la radio y televisión públicas

Argumentan que RTVE ha perdido rápidamente peso e influencia social como consecuencia de la manipulación sistemática, de la falta de un mandato claro de contenidos y de duros recortes en su financiación, frente a una fuerte concentración de los medios comerciales privados, que exige más que nunca como contrapeso un servicio público fuerte y participativo.

Consideran que la situación es tan grave que no admite demoras en su reforma, so pena de un deterioro mayor aun, e incluso de su desaparición, lo que acarrearía graves consecuencias sobre la calidad de la democracia española.

Consecuentes con este análisis, Teledetodos ha presentado una propuesta razonada de un “nuevo modelo” de servicio público para el futuro, que precisa de un debate social que el nuevo Parlamento debe liderar, y un proceso legislativo que debe abordarse como una de las prioridades de los diferentes grupos parlamentarios, pero avanzan que ambos procesos exigen un tiempo de desarrollo que un servicio público como RTVE no puede permitirse el lujo de esperar.

Presentan por ello a los partidos políticos una propuesta de regeneración urgente, para que sus correspondientes grupos parlamentarios y el nuevo Gobierno asuman un conjunto de medidas legislativas básicas para un nuevo modelo que asegure la supervivencia de RTVE, sobre unas estructuras provisionales de gestión y financiación, constructivas y coherentes con un proyecto democrático, que permitan abordar con garantías la transición hacia un nuevo modelo de servicio público.

Para ello, se debe modificar por vía de urgencia la Ley 17/2006 de 5 de Junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, especialmente en cuanto a revertir las rectificaciones introducidas por el Gobierno del PP en 2012-2013:

1.- Gestión y control del Servicio Público: Independencia y control:

– El control societario de RTVE debe ser absolutamente externo, separado e independiente de la gestión, como recomienda la doctrina de la Unión Europea.

  • La elección del Consejo de Administración, compuesto por profesionales de la comunicación de larga trayectoria verificable (mínimo de cinco años) debe hacerse por el Congreso de los Diputados por mayorías reforzadas: dos tercios en primera votación o, en caso de bloqueo durante un mes, por apoyo a cada candidato de la mitad más uno de los grupos parlamentarios presentes en la Cámara.
  • Para esta sola ocasión, y con carácter provisional hasta la consumación de la reforma integral del Servicio Público, las competencias ejecutivas del Presidente (reguladas en los arts. 17-20 de la ley 17/2006), pasarán a ser desempeñadas por un Director General, elegido por el Consejo de Administración después de un concurso público, en el que cada candidato presentará su CV profesional en la comunicación de al menos diez años y un plan de urgencia para el fortalecimiento de RTVE. Participará con voz en el Consejo de Administración, pero no tendrá voto en el mismo, y sus decisiones programáticas, presupuestarias y de nombramientos directivos, estarán sujetas al control del Consejo. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros un presidente no ejecutivo.
  • Ambos organismos extinguirán sus mandatos en el mismo momento en que se ponga en marcha el nuevo modelo de servicio público.

2. Participación social:

El Consejo de Administración pondrá en marcha en el plazo de un mes un plan intensivo de participación de los ciudadanos y aplicación amplia del derecho de acceso exigido por la Constitución:

  • Transparencia: Los salarios de los directivos, así como los contratos y convenios suscritos por la corporación serán hechos públicos sistemáticamente en sus datos fundamentales a través de la página web de la Corporación.
  • Financiación: El Consejo de Administración presentará al Gobierno y al Parlamento una evaluación detallada del coste de las obligaciones y misiones del servicio público, establecidas legislativamente y desarrolladas en el Mandato Marco. Como dispone el art. 2.2 de la Ley de Financiación (Ley 8/2009), se habilitarán de urgencia los créditos necesarios para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones de servicio público. El Consejo de Administración presentará en el plazo de 3 meses un plan para eliminar el déficit. La SEPI realizará las aportaciones necesarias para garantizar el equilibrio presupuestario al menos al nivel correspondiente al ejercicio de 2014.
  • Independencia informativa: El nombramiento de los directores de los Servicios Informativos de TVE, RNE y Servicios Interactivos requerirá al menos la mayoría de los votos emitidos del censo de profesionales de la información audiovisual. El Consejo de Administración con carácter de urgencia negociará con una comisión de representantes de los consejos de informativos una carrera profesional que garantice la independencia informativa.
  • Consulta social sobre un nuevo modelo de Servicio Público: La Comisión Mixta de Control parlamentario solicitará la aportación de propuestas de reforma por parte de expertos, trabajadores de RTVE y profesionales de la comunicación, y llevará a cabo una consulta amplia y pública a las entidades más representativas sin ánimo de lucro de la sociedad civil. En el plazo más breve posible, la Comisión hará público un dictamen con las conclusiones obtenidas y una propuesta de reforma de modelo conforme a ese dictamen.

Este nuevo modelo se desarrollará sobre las siguientes bases esenciales:

  • Un Consejo Estatal Audiovisual independiente y regulador de todo el sector, tanto del servicio público como de las emisoras comerciales y del tercer sector;
  • Una participación social intensiva tanto a nivel de orientación, control y gobierno como de contenidos;
  • Transparencia y contrato con la ciudadanía en contenidos y servicios (mandatos-marco y contratos programa);
  • Un sistema de financiación transparente, proporcional al coste neto de las misiones de servicio público, estable y suficiente;
  • Una autonomía editorial completa de la Corporación y la total independencia profesional de sus informadores;
  • Una carrera profesional interna y objetivada, por méritos y capacidad;
  • Un servicio público de radiotelevisión, pero también multimedia y multiplataforma, off line y on line, orientado a satisfacer todas las necesidades sociales, democráticas y culturales de los ciudadanos.
  • Una comisión de programas formada por profesionales elegidos por sus compañeros para su participación en la adecuación del conjunto de programación a los objetivos de servicio público.

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