Alrededor de treinta refugiados afganos detenidos a quienes se les denegó el procedimiento de concesión de asilo han sido devueltos por Turquía a Afganistán pese al temor a ataques talibanes, informa Amnistía Internacional.
Esta medida sigue la constante de devoluciones y otros abusos contra personas sirias y de otras nacionalidades que documentó Amnistía Internacional en diciembre de 2015. Las personas que van a ser devueltas son retenidas en un conocido centro de Turquía financiado por la UE.
La devolución por Turquía de alrededor de 30 solicitantes de asilo afganos tras la entrada en vigor del acuerdo sobre refugiados de la Unión Europea (UE) y Turquía demuestra que la aplicación de este acuerdo pondrá en peligro la vida de personas refugiadas desde el primer momento, sostiene Amnistía Internacional.
La organización ha recibido información que indica que Turquía ha violado la legislación europea y la internacional al devolver a Kabul a los solicitantes de asilo —que temen sufrir ataques de los talibanes— sin darles acceso a un procedimiento de concesión de asilo.
«Ni siquiera se había secado la tinta del acuerdo UE-Turquía cuando varias decenas de personas afganas fueron devueltas a un país donde su vida podría estar en peligro. Este recientísimo episodio pone de relieve el riesgo de devolver a solicitantes de asilo a Turquía y las repercusiones que tendrá probablemente el acuerdo para las personas refugiadas en tránsito en Turquía. Es como ver descarrilar un tren a cámara lenta», dijo John Dalhuisen, director para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
A las 11:40 de la noche del viernes 18 de marzo de 2016, pocas horas después de que los líderes de la UE y de Turquía firmasen el acuerdo en Bruselas, Amnistía Internacional recibió una llamada llena de pánico de un solicitante de asilo afgano, «H. R.» [iniciales ficticias por motivos de seguridad]. Dijo que estaba en un avión en Estambul y alrededor de una hora después volvió a llamar, durante la escala del vuelo en Ankara. Dijo que lo devolvían a Kabul, junto con alrededor de otros 30 hombres, mujeres y menores afganos, después de que les denegaran su petición de solicitar asilo en Turquía.
H. R. dijo que formaba parte de un grupo que intentaba llegar a Grecia en barco. La guardia costera turca los aprehendió y luego los detuvo en la ciudad de Esmirna, en la costa occidental del país.
Tras cinco días de detención, lo obligaron físicamente a poner la huella del pulgar en un documento en el que «accedía» a volver voluntariamente a Afganistán. No le dieron copia del documento. H. R. contó a Amnistía Internacional por teléfono: “No queremos volver porque estamos en peligro en Afganistán. Si volvemos los talibanes nos matarán».
El vuelo de Ankara a Kabul salió a la 1:30 de la madrugada del sábado 19 de marzo.
Amnistía Internacional ha visto una foto de la tarjeta de embarque de H. R., así como un documento de viaje emitido por las autoridades afganas en Turquía, que aparentemente muestra que fue «expulsado por entrada ilegal [en Turquía]».
Aunque H. R. respondió a los mensajes a media mañana del domingo en Kabul, los intentos posteriores de comunicarse con él han sido infructuosos y su teléfono está aparentemente apagado.
Cuando Amnistía Internacional se puso en contacto con la Dirección General de Gestión de la Migración turca, ésta reconoció el regreso de 27 afganos, pero insistió en que todos habían vuelto voluntariamente y que ninguno había pedido asilo.
Los hechos narrados por H. R. son idénticos a las devoluciones y otros abusos que Amnistía Internacional documentó en un informe de diciembre de 2015. La organización constató que se aprehendía a personas refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera occidental, se las detenía sin acceso a abogados y luego se las devolvía a Siria e Iraq tras obligarlas a firmar documentos de «regreso voluntario».
En aquel momento, la Comisión Europea respondió que mantendría este «grave asunto en estudio», aunque sigue sin reconocer las violaciones documentadas por Amnistía Internacional.
En los últimos meses, se ha trasladado a un número creciente de personas refugiadas interceptadas cuando se dirigían a Grecia al centro de expulsión de Erzurum, financiado por la UE, desde el cual han sido devueltas a sus países de origen sin acceso a abogados y a procedimientos de concesión de asilo. Sin puntos de referencia en materia de derechos humanos ni una supervisión independiente de la aplicación del acuerdo UE-Turquía, no hay garantías de que estos abusos no se repitan.
“Las devoluciones a Turquía no pueden hacerse partiendo de la base de que Turquía es un país seguro para las personas refugiadas. La UE debe adoptar un plan de reasentamiento independiente y trabajar con su socio turco para poner fin a los abusos contra los derechos de los refugiados», concluye John Dalhuisen.
Aunque la legislación turca protege el derecho de las personas solicitantes de asilo a solicitarlo estando en situación de detención, Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en los que no se ha permitido ejercer este derecho, pues las solicitudes de asilo de las personas que están aún en Turquía rara vez se tramitan en la práctica.
En virtud del derecho a la libertad de acceso a la información, Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones datos sobre el número de solicitudes tramitadas por las autoridades turcas y el de personas con estatuto de refugiado. Las autoridades se han negado una y otra vez a facilitar esta información alegando que es “confidencial”.
