Un año después de las protestas del parque Gezi, la forma en que el gobierno de Turquía aborda las manifestaciones sigue siendo abusiva, en medio de una creciente impunidad de la violencia policial, señala Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
“Las autoridades turcas han sido implacables en su represión de los manifestantes -ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional-, ya sea mediante la violencia policial en las calles o llevándolos ante los tribunales. Mientras, la policía goza de casi total impunidad. El mensaje es claro: no se tolerarán manifestaciones pacíficas».
“Sólo en los últimos diez días, las manifestaciones convocadas en toda Turquía para conmemorar el aniversario de las protestas del parque Gezi se han prohibido y se han disuelto brutalmente con gas lacrimógeno, cañones de agua y golpes. El gobierno debe cambiar de rumbo, permitir la protesta pacífica y garantizar la rendición de cuentas por los abusos de la policía.»
En el informe de Amnistía Internacional, titulado Adding injustice to injury: Gezi Park protests one year on, se examinan los acontecimientos que siguieron a la pequeña protesta contra la destrucción del parque del centro de Estambul y que acabaron en manifestaciones contra el gobierno en todo el país. En él se pide a las autoridades turcas que acaben con la impunidad de los abusos contra los derechos humanos cometidos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y garanticen el derecho de reunión pacífica.
Durante las protestas del parque Gezi resultaron heridas 8000 personas y murieron al menos cuatro como consecuencia directa de la violencia policial, pero las investigaciones sobre los abusos policiales se han estancado, han sido obstaculizadas o se han cerrado. Hasta la fecha, sólo se han iniciado cinco procesos judiciales contra policías.
En cambio, más de 5500 personas se enfrentan a juicio por organizar o apoyar las protestas del parque Gezi o participar en ellas. A muchas se las procesa por el mero ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de reunión. Los organizadores de las protestas están siendo procesados por «fundar una organización delictiva», y decenas han sido acusados de delitos de terrorismo sin fundamento alguno.
“El gobierno debe revisar la ley sobre manifestaciones, eliminar las restricciones excesivas respecto al lugar y el momento en que pueden realizarse manifestaciones y retirar las disposiciones utilizadas para criminalizar las protestas pacíficas», ha dicho Andrew Gardner, investigador sobre Turquía de Amnistía Internacional.
Se han emprendido actuaciones disciplinarias y -en dos casos- se ha procesado penalmente a médicos por prestar primeros auxilios en dispensarios improvisados durante las protestas del parque Gezi. En enero de 2014, el gobierno introdujo enmiendas legislativas que podrían utilizarse para castigar penalmente la prestación de atención médica de urgencia durante las manifestaciones.
En una burda violación del derecho a la libertad de expresión, se han abierto investigaciones penales contra comentaristas que documentaron las protestas, seguidas del procesamiento aleatorio de personas que publicaban opiniones en las redes sociales durante las protestas. Además, se han incrementado los poderes de las autoridades para cerrar sitios web.
“A un año de las protestas del parque Gezi, las autoridades turcas parecen caminar con paso firme por el camino de la intolerancia, el conflicto y la polarización. Salvo que se controle, esta tendencia generará más violaciones de derechos humanos en el país», ha dicho Salil Shetty.
“Aún no es demasiado tarde para que el gobierno cambie el rumbo. Sin embargo, para ello es necesario que haya voluntad política para reconocer las quejas legítimas y llegar a los descontentos; aceptar las críticas y respetar el derecho a la libertad de reunión; detener el procesamiento de manifestantes pacíficos y garantizar la rendición de cuentas por los abusos policiales.”
Casos:
El 3 de junio de 2013, Hakan Yaman fue golpeado y arrojado al fuego por cuatro agentes de la policía antidisturbios y una quinta persona sin uniformar que se encontraba junto a un vehículo equipado con un cañón de agua. Un testigo grabó el incidente en su teléfono móvil. A pesar de que el número de matrícula del vehículo se veía en la grabación, las autoridades policiales de Estambul no han revelado la identidad de los agentes asignados a él.
Cinco miembros de Taksim Solidarity, coalición formada por más de un centenar de ONG, grupos políticos y organismos profesionales que se agruparon para oponerse a la remodelación del parque Gezi, han sido acusados de «fundar una organización delictiva», «provocar a otras personas para que participen en una manifestación no autorizada» y «negarse a dispersarse en una manifestación no autorizada». En el auto de procesamiento no hay pruebas de que ninguno de ellos participara o incitara a participar en actos de violencia, ni que llevaran a cabo ninguna otra conducta no protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. Los cinco se enfrentan a un total de 15 años de cárcel.
Un total de 29 jóvenes están siendo juzgados en Esmirna por «incitar a la población a violar la ley». A tres de ellos se les acusa además de difamar al primer ministro. El caso se basa totalmente en tuits enviados sobre el primer fin de semana de las protestas en los que se proporciona información sobre lugares donde la policía estaba empleando la fuerza contra los manifestantes, se facilitan contraseñas de redes inalámbricas disponibles o se ofrecen opiniones sobre las manifestaciones y mensajes de apoyo. Ninguno de los mensajes que sustancian la acusación contiene indicios de participación en la violencia o expresiones de incitación a la violencia. También se alega que varios de los tuits difaman al primer ministro, que intervino en el caso y figura entre las «víctimas». Tras dos sesiones, la vista de la causa se aplazó hasta el 14 de julo de 2014.
