La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa total de 98,2 millones de euros a ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, a otras treinta empresas y a tres asociaciones por mantener durante al menos trece años un cártel en el sector de la prestación de servicios públicos urbanos que afectó a todo el país, informa Facua, Consumidores en acción.
FACUA considera irrisoria la sanción, que solamente supone el 3% de lo facturado por dichas empresas, a pesar de que la CNMC estima que se trata de uno de los mayores cárteles detectados en los últimos años.
Ante esta situación, FACUA exige a los ayuntamientos que tengan contratos con estas empresas que valoren la ruptura de dichos acuerdos dado que han falseado el mercado y han causado un perjuicio a los ayuntamientos y a los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Madrid figura como uno de los más afectados por el cártel de las empresas, si bien también actuó en contratos con el Ayuntamiento de Sevilla y de administraciones del País Vasco, Cataluña, Málaga y Ceuta, entre otras. Asimismo, varios de los contratos superan los 500 millones de euros.
La relevancia de este cártel reside en el número de empresas implicadas, en el periodo de tiempo que se mantuvo, en el hecho de que se desarrolló en todo el territorio nacional y, sobre todo, en que afecta a un gran número de contratos públicos, lo que en última instancia repercute en los precios que los ciudadanos pagan como contribuyentes por los servicios, según indica la CNMC.
En su resolución, la Comisión considera acreditado que los cuatro grandes grupos de construcción y servicios, las otras 35 compañías y las tres patronales multadas llevaron a cabo entre los años 1999 y 2013 una «práctica concertada global de reparto de mercado que integraron en su política comercial».
En concreto, estas empresas mantuvieron acuerdos por los que se repartían los contratos públicos de ayuntamientos o los boicoteaban, esto es, acordaban no presentarse si las condiciones «no se ajustaban a sus intereses». También se distribuían y se respetaban sus respectivos clientes, tanto públicos como privados, y se intercambiaban información «comercialmente sensible».
Las cuatro grandes compañías cotizadas y el grupo Saica copan casi el 75% del importe total de la sanción, dado que, en conjunto, sus multas suman 72 millones de euros.
La CNMC ha impuesto a Urbaser, filial de servicios de ACS, una sanción de 23,28 millones de euros, a FCC de 16,88 millones, a Valoriza (Sacyr) de 15,29 millones, a Cespa (Ferrovial), de 13,61 millones, y a Saica, de 5,37 millones. La sanción se ha determinado, además de con los parámetros fijados en la Ley y con un fin disuasorio, en función del beneficio ilícito obtenido con estas prácticas, según dichas fuentes, que no obstante reconocen que el «perjuicio económico causado seguramente ha sido superior».
Reparto de grandes contratos de limpieza
Por sectores, el cártel afectó a tres actividades de servicios urbanos, la de gestión de residuos industriales, la de saneamiento urbano y la de recuperación de papel y cartón.
En el caso de residuos industriales, ha quedado probado que hubo reparto de mercado en múltiples formas entre 1999 y 2013.
El sector del papel y el cartón, sobresale entre los hechos acreditados el del concurso de venta de papel recuperado del Ayuntamiento de Madrid de 2000, en el que varias empresas se presentaron conjuntamente a través de la patronal Arema, lo que repercutió en unos menores ingresos a este Consistorio.
En saneamiento urbano, la CNMC ha acreditado acuerdos entre los cuatro grandes operadores (ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr), articulados a través de la patronal Aselip, para concurrir a contratos públicos en determinados lugares y para «boicotear» los que no se ajustaban a sus intereses no concurriendo a los mismos.
Entre estos pactos, el regulador señala al suscrito entre FCC y Urbaser (ACS) en 2009 para acudir juntos a todos los contratos que surgieran en el país para construcción y explotación de plantas de aprovechamiento energético de residuos. Además, se ha probado la conducta anticompetitiva en licitaciones del Ayuntamiento de Madrid entre 2011 y 2013 de FCC, Ferrovial y ACS, que acordaron repartirse el contrato de limpieza viaria y jardinería del Ayuntamiento de Madrid, y que actuaron de forma conjunta ante el de residuos urbanos de la periferia de la capital.
Asimismo, señala acuerdos de Urbaser (ACS) con varias firmas en el País Vasco, y de esta empresa y FCC en 2010 para pujar por todos los contratos de Málaga, Ceuta y Melilla.
Correos electrónicos
El organismo que preside José María Marín Quemada detectó la posible existencia de estos acuerdos a raíz de una investigación sobre gestión de residuos sanitarios en 2012. En el marco de la instrucción, sus inspectores han recabado documentación y correos electrónicos en los que se prueba la existencia de contactos entre las empresas sobre la intención de presentarse o no a un contrato, o en la que se preguntan sobre si determinado cliente ‘pertenece’ a determinada empresa.
Durante la investigación, la CNMC no encontró ningún supuesto de delito penal que tuviera que ser trasladado a la Fiscalía, y tampoco empresa alguna que decidiera al programa de clemencia, por el que el regulador exime de multa a las firmas que colaboran con la investigación, según dichas fuentes.
La famila Pujol también tienen intereses en la recogida de residuos en Cataluña. Y con la recogida selectiva (que yo también hago), les ahorramos más de la mitad del gasto.