Vecinos del aguerrido pueblo de Malvinas ganaron un primer round contra la gigante de biotecnología Monsanto, pero siguen en pie de combate, conscientes de que queda mucho para ganar la pelea, informa Fabiana Frayssinet (IPS) desde Córdoba (Argentina ).
En Malvinas Argentinas, una localidad de la central provincia de Córdoba, llevan cuatro meses de bloqueo al terreno donde la transnacional estadounidense pretende instalar la planta de tratamiento de semillas de maíz más grande del mundo.
Y así siguen, acampando frente a la edificación que se yergue en este pueblo, antes apacible, e impidiendo el acceso a la zona de la construcción, aún después que un tribunal provincial ordenó este mes la paralización de las obras.
La campaña contra la planta, convocada por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y otras organizaciones sociales, comenzó el 18 de septiembre en este pueblo situado a unos 17 kilómetros de la capital cordobesa.
Tras situaciones de tensión, con intentos de dispersión de los manifestantes por la policía provincial y provocaciones de enviados del sindicato de la construcción, la provincial Sala Segunda de la Cámara de Trabajo les dio la razón el 8 de este mes.
«El fallo muestra que los planteamientos de los vecinos son justos, porque reclaman derechos fundamentales reconocidos y establecidos por la Constitución Nacional y la legislación del Estado Federal», dijo a IPS el abogado Federico Macciocchi, que defiende la causa de los opositores a la planta.
La sentencia determinó la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que autorizaba la construcción en esta localidad de unos 15.000 habitantes, la mayoría de clase trabajadora.
Asimismo ordenó paralizar las obras, imponiendo a la Municipalidad de Malvinas Argentinas que se abstenga de autorizar la construcción, hasta tanto se cumpla con dos exigencias legales: la realización de la evaluación de impacto ambiental y la convocatoria a una audiencia pública.
«Es un avance grande, un gran paso en la lucha que se logró gracias al trabajo en conjunto de los reclamos institucionales, sumado al reclamo social en la calle», declaró a IPS uno de los integrantes de la Asamblea, Matías Marizza. «La lucha ha servido para garantizar que se respete la ley», añadió el activista.
La Asamblea y otras organizaciones decidieron continuar con la acampada que impide el acceso a la obra, hasta no lograr el abandono definitivo del proyecto.
Monsanto respondió a una solicitud de comentario de IPS con un comunicado en el que califica la acción vecina fruto de «extremistas», que impiden a sus contratistas y empleados «ejercer el derecho a trabajar».
La sentencia respondió a una acción de amparo interpuesta por los vecinos de la localidad y por el cordobés Club de Derecho, que preside Macciocchi.
La sala laboral ordenó que se efectúen tanto el estudio de impacto ambiental como la audiencia pública, recordó el abogado.
Lo que se exprese en la audiencia «es muy relevante», dijo, aunque la Ley General de Ambiente prevé que las opiniones y objeciones de los participantes «no serán vinculantes».
Pero sí establece que las autoridades convocantes, si tienen una opinión contraria a los resultados alcanzados en la consulta, «deberán fundamentarla y hacerla pública», explicó.
Ahora, el objetivo de la Asamblea es que también se realice una consulta ciudadana mediante un mecanismo de voto secreto.
Esa consulta cumplimentaría la ley ambiental y «garantizaría el ejercicio pleno del derecho ciudadano a decidir sobre su modelo de desarrollo local, el tipo de actividades sociales y económicas que desea para su vida cotidiana y sobre los riesgos socio-ambientales que está dispuesto a asumir», dijo a IPS otro vecino, Víctor Mazzalay.
«El pueblo es quien debe contar con esa información y decidir si acepta o no acepta esos costos y riesgos», sostuvo Mazzalay, que también es investigador social del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Córdoba.
«Un estudio de impacto ambiental debería incluir una consulta popular para que sea la ciudadanía quien brinde la licencia social necesaria para el desarrollo de cualquier actividad social, económica y productiva que pudiera afectar su medio ambiente y su salud», añadió.
En su comunicado Monsanto dijo que la compañía no comparte el fallo, pero por ser «respetuosa de las decisiones del Poder Judicial, acatará como siempre sus medidas».
Asimismo aclaró que «ya ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental, documento que está en proceso de evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia».
A juicio de Macciocchi, la sentencia es definitiva y «pone fin al conflicto judicial». «El fallo fue dictado en virtud de un recurso de apelación, razón por la cual ya no quedan recursos ordinarios por interponer», explicó.
A Monsanto le quedaría la posibilidad de un recurso de casación ante el provincial Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La empresa ya dijo que apelará, «dado que considera legítimo su derecho a construir la planta al haber dado cumplimiento con todos los requisitos legales y haber obtenido las autorizaciones para ello conforme la normativa vigente, lo que fuera confirmado por sentencia del Juzgado de Primera Instancia de fecha 7 de octubre de 2013».
Macciocchi consideró, sin embargo, que «ese recurso no va a paralizar lo ordenado por la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo». «Además, si pensamos el tiempo que demora el TSJ en resolver un recurso de casación, para cuando sea resuelto, la Municipalidad de Malvinas y la Secretaría de Ambiente ya habrán cumplido con las leyes que fueron violadas con su obrar», sostuvo.
Según el abogado, el alto tribunal demora hasta dos años y medio en los casos de casación interpuestos por personas penadas y hasta cinco o siete años, cuando la materia es laboral o civil.
«Sería un verdadero escándalo institucional si el TSJ resolviera esta causa salteando el orden de las causas que llevan años ‘durmiendo’ en su despacho», planteó.
El fallo del día 8 no impide la instalación definitiva de la planta, que Monsanto quiere que entre en operación este año.
«Pero en la medida que los ciudadanos se expresen en contra de la instalación de la planta y que la evaluación de impacto ambiental resulte desfavorable para la empresa, entonces en este caso, Monsanto no podrá instalarse en Malvinas», anticipó Macciocchi.
Mazzalay recordó que la razón «sustancial» de oponerse a la instalación de Monsanto obedece a «a la reivindicación del derecho del pueblo a decidir sobre el tipo de actividades productivas y sobre los riesgos ambientales a los cuales someterse».
La empresa dio a conocer que pretende instalar más de 200 silos de maíz, y que se utilizarán productos agroquímicos para el curado de las semillas. Monsanto, uno de los mayores fabricantes de herbicidas y de semillas genéticamente modificadas del mundo, tiene operaciones en Argentina desde 1956, cuando instaló una fábrica de plásticos.
«Una argumentación frecuente sugiere que existe una duda razonable sobre la supuesta inocuidad de esta actividad productiva sobre la salud humana», subrayó el investigador.
A su juicio, «son múltiples y diversos los estudios científicos han mostrado los efectos negativos que tanto el movimiento de semillas como la manipulación y exposición a diversos productos agroquímicos tienen sobre la salud».
«En este sentido, sobre cuestiones ambientales donde está en riesgo la salud la duda razonable debe hacer prevalecer un principio precautorio, es decir no aceptar el desarrollo de una actividad hasta que se demuestre de manera definitiva su inocuidad», argumentó.
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