La crisis social y emergencia humanitaria que vive Venezuela recobró su trágico protagonismo una vez que el gobierno y la oposición, enconados adversarios durante dos décadas, pactaron en México dirigir a programas sociales 3000 millones de dólares de fondos estatales represados en el extranjero, informa Humberto Márquez (IPS) desde Caracas.
Apenas firmado el pacto, el 26 de noviembre 2022, la prestigiosa nutricionista Susana Raffalli publicó la fotografía de las piernas de una niña cuya talla es ocho centímetros más baja que la adecuada a su edad: «La medí hoy. Se retardó su crecimiento. No tiene repuesto», comentó.
«Entre el primer anuncio de mesa social (reuniones con ese fin hubo ya en 2014) y la que se firmó ahora en México, nació una generación de venezolanos como ella. No es un trofeo el acuerdo. Es un compromiso con la esperanza», dijo Raffalli.
El Acuerdo Social firmado en México «es un aporte importante, que puede significar ayudas urgentes para los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad y los indígenas, cuya situación es sumamente crítica», dijo a IPS Roberto Patiño, quien dirige Alimenta la Solidaridad, una red de comedores populares para niños.
Los recursos sobre los que trata el acuerdo son fondos del Estado venezolano bloqueados en Estados Unidos y naciones europeas que desconocieron en 2019 la reelección del presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, adoptaron sanciones y reconocieron como presidente legítimo al parlamentario opositor Juan Guaidó.
Ahora, en una negociación entre oficialismo y oposición, con la mediación de gobiernos de la región y Noruega, se ha pactado descongelar parte de esos fondos y destinarlos a programas sociales bajo la batuta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Estados Unidos y países europeos participan en el trato como partes sancionadoras y la ONU como gestor de los fondos liberados y programas sociales cubiertos con ellos.
«Son recursos absolutamente insuficientes ante la crisis, pero bien administrados pueden tener un impacto positivo ante la emergencia humanitaria compleja del país», dijo a IPS Piero Trepiccione, coordinador de la red de centros sociales que tiene en América Latina y el Caribe la orden católica Compañía de Jesús.
La Plataforma HumVenezuela, de decenas de organizaciones civiles, sostiene desde 2019 que la situación social de este país sudamericano y caribeño es de una emergencia humanitaria compleja, con base en sus registros sobre alimentación, agua y saneamiento, salud, educación básica y condiciones de vida.
El agudo deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos desde hace una década ha ido en paralelo con el de su economía, con la industria petrolera desplomada y varios años de hiperinflación; y cuya consecuencia internacional más vistosa ha sido la migración de siete millones de sus habitantes.
Cifras detrás de la crisis
En Venezuela la pobreza total llega a 81,5 por ciento de su población (90,9 por ciento en 2021), según la Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello, que estudió a 2300 hogares en todo el país. Es la primera vez en siete años que se reduce, en parte atribuible a un rebote de la economía y a las remesas de los migrantes.
Si ese porcentaje no puede cubrir la canasta básica, la pobreza multidimensional (vivienda, educación, empleo, servicios e ingresos), bajó de 65,2 por ciento en 2021 a 50,5 por ciento en 2022, y la pobreza extrema pasó de 68 por ciento en 2021 a 53,3 por ciento en 2022.
Es el país más desigual del continente americano y con Angola, Mozambique y Namibia uno de los más desiguales del mundo, pues el 10 por ciento de mayores ingresos obtiene setenta veces más (553,20 dólares mensuales en promedio) que el 10 por ciento más pobre (7,90 dólares).
La población escolar es de siete millones, pero era de 7,7 millones en 2019 y se estima que 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema. En la educación inicial la cobertura es de apenas 56 por ciento.
La encuesta dio cuenta de una mejora en los empleos formales y el ingreso este año, y las remuneraciones mensuales promedio son de 113 dólares los empleados públicos, 142 dólares quienes trabajan por cuenta propia y 150 dólares los trabajadores de la empresa privada.
Como consecuencia, disminuyó la inseguridad alimentaria: de 88 por ciento de venezolanos preocupados por quedarse sin alimentos en 2021, se ha pasado a 78 por ciento, y las personas que han pasado todo un día sin comer llegan a 14 por ciento y no 34 por ciento como en 2021.
Más de 90 por ciento de los hogares pobres han recibido del gobierno bolsas con alimentos –sobre todo carbohidratos- pero apenas un tercio la recibe mensualmente.
En salud, según la encuesta, disminuye el uso de servicios públicos (70 por ciento) y se encarece la atención pues, mientras se disparan precios en clínicas privadas, de quienes fueron a servicios públicos 13 por ciento pagaron en ambulatorios y 16 por ciento en hospitales, y en 65 por ciento de los casos debieron comprar los medicamentos recetados.
El acuerdo de México
Jorge Rodríguez, presidente de la legislativa Asamblea Nacional y principal negociador del oficialismo, dijo que con los recursos que se liberen tras el acuerdo en México se atenderán la infraestructura y materiales de 2300 escuelas, y se obtendrán las vacunas de los esquemas pautados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se adquirirán medicamentos oncológicos, para pacientes con VIH, se recuperarán programas de radioterapia, bancos de sangre, y al menos veintiún hospitales, así como se destinarán más de mil millones de dólares a la red eléctrica nacional.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA), entretanto, espera conseguir recursos para pasar, de la entrega de alimentos a familias de cien mil escolares en zonas deprimidas del norte del país, a entregar incluso comida preparada a más de un millón de personas al finalizar 2023.
Según Trepiccione, de la red jesuita, se deben dirigir recursos «a la recuperación de la infraestructura de hospitales y escuelas, que están en el piso, porque se genera una cadena de empleos, servicios y actividad económica junto con las mejoras obvias en la prestación de salud y la calidad de la educación».
«Otro tanto puede decirse de reactivar el sistema eléctrico, bajo apagones que afectan sobre todo la economía y la vida de las poblaciones del occidente del país», agregó.
Patiño, de la red de comedores sociales, considera con prioridad «programas de atención a la primera infancia, las mujeres embarazadas, la alimentación escolar, así como atender a los adultos mayores y a las comunidades indígenas, segmentos donde muchos están muriendo en forma temprana por falta de atención urgente de salud».
Las pensiones que entrega el Estado, equiparadas al salario mínimo, equivalían a 30 dólares a comienzos de año, pero con la depreciación de la moneda apenas llegan a nueve dólares mensuales este diciembre.
«También debemos enfatizar que ese acuerdo social es absolutamente insuficiente ante las precariedades que hay en nuestro país. Son recursos que se agotarán y esas necesidades seguirán presentes», dijo Patiño.
En su opinión «lo único que puede realmente solventar la crisis, el mejor programa social que puede existir, es un empleo digno, con un ingreso suficiente y con un programa de seguridad social y de salud pública que atienda a los más necesitados».
Los recursos para el acuerdo, en bancos de países del Norte, se liberarán gradualmente bajo la vigilancia de un comité gobierno-oposición y con administración de agencias de la ONU para licitar, ejecutar y supervisar los programas, en 2023 y 2024.
También se aguardará al año próximo para nuevas reuniones y acuerdos políticos entre los contendientes por el poder, lo que puede llevar a un alivio o levantamiento de las sanciones y, eventualmente, a una mejora en las condiciones de vida de los veintiocho millones de venezolanos.
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