A Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla (México), le ha salido mal la jugada de culpabilizar a los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamay, de 13 años.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, CNDH, acaba de presentar una recomendación (2VG/2014), dirigida a él en relación a los hechos del 9 de julio pasado, con motivo del enfrentamiento registrado entre la policía y los ciudadanos de la citada localidad, debido a que los ciudadanos cortaron la carretera general para protestar por el cierre del Registro Civil de su localidad. Esto les obligaba a recorrer unos cuantos kilómetros de malas carreteras para registrar los nacimientos, defunciones y demás asuntos familiares.
Como resultado de una exhaustiva investigación, la CNDH ha encontrado que en esos acontecimientos se cometieron violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia.
Para este organismo “resultaron evidentes las transgresiones a los derechos a la vida y la libertad de reunión” y, en consecuencia, a los derechos a la seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica y trato digno; asimismo, al derecho a la verdad, a la información y a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en su calidad de víctimas del delito y del abuso del poder.
Además del fallecimiento del niño, nueve personas resultaron lesionadas, entre ellas, dos menores de edad, 49 policías presentaron lesiones, y cuatro ciudadanos fueron detenidos y posteriormente liberados.
Desde el primer momento, la gente aseguró que se habían utilizado balas de goma contra ellos, si bien fuentes oficiales negaron haber usado esos proyectiles, y hasta el procurador de Puebla aseguró que “estaba totalmente descartado” (la utilización de balas de goma). Además, según algunos medios, Moreno Valle puso en marcha una campaña de desprestigio contra los padres y contra cualquiera que acusara a la policía de haber sido la causante del desaguisado. En ese sentido, encargó unas investigaciones cuya conclusión incriminaba a los manifestantes y eximía al cuerpo policial, de quien llegó a afirmar que habían sido agredidos salvajemente por ellos. Y se aseguró de que los medios afines dieran amplia difusión a “su” investigación.
La CNDH lo desmiente
La recomendación del organismo de derechos humanos, que ya obra en poder de Moreno Valle, consta de más de 200 páginas, y es el resultado de una profunda investigación llevada a cabo por un equipo técnico multidisciplinario; ello ha dado lugar a un expediente de 19.738 páginas, en donde deja claro que el gobernador poblano no fue “justo” en sus juicios, por decirlo suavemente.
En consecuencia, la Comisión formula al Gobierno de Puebla una recomendación de once puntos, entre los que destaca que debe iniciar los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, así como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos.
Pide que se tomen las medidas necesarias para la creación de una Fiscalía Especial para la investigación de los hechos, “designada bajo su más estricta responsabilidad”, que garantice de manera transparente, objetiva e imparcial, un adecuado acceso a la justicia para las víctimas, sus familiares y los policías lesionados. La creación de esa fiscalía obedece a la impunidad que prevalece ante los abusos cometidos por los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de esa entidad federativa, y para que también investigue los delitos cometidos por diversos manifestantes.
También recomienda que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia, y la Ley General de Víctimas. Además, señala que, dadas las condiciones de esa entidad federativa, en la que permanentemente “hay expresiones de la sociedad demandando necesidades colectivas, y siempre que no se vulnere la Ley, gire instrucciones a quien corresponda para que se implementen mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos”.
La CNDH solicita implementar una estrategia para la atención de demandas sociales que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta social, privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo los riesgos que pudiera representar el uso de la fuerza.
Por último, indica que se debe ofrecer una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, y que se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a la Recomendación.
