El mayor signo de la desigualdad que viven las mujeres mexicanas es, sin duda, cómo experimentan y sufren la violencia en todos los aspectos. Esa que nos acosa nacionalmente y también afecta a toda la población. No obstante, por enésima vez, el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, constituido por representantes del gobierno federal, las presidentas de los institutos estatales de la mujer y presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres, dijo no a los organismos civiles que piden acuciosamente el establecimiento de la alerta de género para el Estado de México.
Ello, a pesar de los argumentos y las cifras. En el Estado de México en seis años mil 500 mujeres han sido asesinadas, 60 por ciento fueron halladas en la vía pública y 40 por ciento dentro de sus hogares; el caso volvió a analizarse por un mandato de los tribunales, ya que el Observatorio Ciudadano de la Violencia Contra las Mujeres que preside Rodolfo Domínguez, se amparó contra la negativa desde 2010.
El contra argumento que hizo votar a 33 personas en contra de la Alerta, que es obligada por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, frente a la aceptación de sólo tres presidentas o secretarias de la mujer, Tabasco, Oaxaca y Baja California, es que de 563 mujeres asesinadas, sólo 115 podrían identificarse como feminicidio. El tipo penal por el que han trabajado decenas de mujeres en los últimos tiempos.
Es evidente que el tema de la Alerta se encuentra en un callejón sin salida. Legaloide. La estructura de la Alerta, se dijo en esa reunión, está mal hecha. Los requisitos para la Alerta, en un exceso de reglamentación que ha atacado a las dirigentes y a las diputadas, ahora se ha convertido en la mejor manera de negar una acción integral en determinado territorio donde las cifras son alarmantes, pero no aplica el mecanismo.
Pienso que este exceso de reglamentación en el que invierten tiempo y vida muchas “expertas” y militantes si ha servido para hacer evidente que el asunto no puede resolverse en una sociedad desigual, injusta, de graves problemas democráticos y donde el tema de la justicia es preponderante de impunidad, a todo lo largo y ancho de este país.
Me llama la atención esta negativa, pero más me inquieta que no hay una estrategia para entrarle al problema de una manera más inteligente. Es claro que nos acosa la violencia contra las mujeres, tanto que la abogada Patricia Olamendi, aseguró que la violencia en el Estado de México contra las mujeres se encuentra fuera de control y ha alcanzado “niveles alarmantes”,
Ella, integrante del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los temas de discriminación hacia las mujeres y Coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como Belem Do Para, política en activo, sabe lo que dice.
Y argumentó: “…las cifras del INEGI no mienten: 55 por ciento de las mexiquenses sufre violencia y éstas son las más altas en el país. Aunque el gobierno del Estado de México emprendió desde 2010 —bajo presión política— diversas reformas y acciones para atender las denuncias de violencia generalizada contra su población femenina, como la creación de la ley estatal para erradicar la violencia contra la mujer y una Fiscalía de Feminicidios, la realidad es que estos avances no bajan a la población”.
Habló en Toluca, el 18 de julio, mismo día que se negó establecer la Alerta de Género, con sobrada responsabilidad y experiencia: “ las mujeres no son atendidas en los ministerios públicos, además de que en la realidad ni jueces ni autoridades ministeriales ejercen su facultad de brindarles las medidas precautorias que recién se aprobaron en ley, pero que no operan en la práctica.”
Lo que dijo Olamendi me parece suficientemente claro. Es preciso que sean sus propias palabras las que aclaren lo que sucede. Agregó: “La buena noticia para el Estado de México es que ya cuenta con un excelente marco legal para las mujeres, la mala noticia es que no se aplica; la buena noticia es que ya hay una subprocuraduría para la atención de delitos contra la mujer, la mala noticia es que si vas al ministerio público no te atienden”, luego llamó directamente al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, para que acepte la alerta de género.
Ello se decía mientras la negativa era reiterada. Olamendi, que como digo sabe lo que dice, señaló que lo de la Alerta: “está más politizada que la propia solicitud que se hace desde 2010 por organizaciones de derechos humanos”.
Entre los argumentos de las señoras que deben velar por la ley, por la paz, por el cese de la violencia contra las mujeres, están más al lado de la burocracia. Señalaron que “no hay violencia sistemática como lo define la Corte Internacional: genocidio y crímenes de lesa humanidad”; y además, “ya existe una Fiscalía Especializada” y encima las estadísticas, es decir, los hechos de homicidio “sucedieron antes de que se tipificara el feminicidio”.
El enredo puede ser peor. Ello obliga a marcar la retirada de ese engorro que es infernal, arrastrar el lápiz por hacer y hacer leyes. Sobre la igualdad y la mejor vida de las mujeres conté seis; de planes y programas ni hablar, millones de pesos invertidos para cambiar el lenguaje y, sin embargo, lo que hasta ahora no se ha logrado es cambiar la mentalidad de ministerios públicos y jueces. Hace falta cambiar la estrategia; se necesita una verdadera y nacional protesta, organizar a las mujeres para hacer efectivas leyes que ya existen, que se multiplican en todo el país, que pocas personas conocen y pocas exigen; hacen falta imaginación, entrega y menos alaraca. En muy pocas palabras Patricia Olamendi ha puesto el dedo en la llaga.
Ojalá que se tomarán en serio los hechos y que nos cimbraran de tal manera que se elijan estrategias y no nuevas leyes. Veamos: en el Estado de México hay un subregistro de los casos de violencia contra las mujeres de 91 por ciento, pues según la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011), solo nueve casos de cada 100 se denuncian.
Los resultados indican que 55 por ciento de las mexiquenses ha sufrido violencia, 46 por ciento trabaja y 43.7 por ciento no. La violencia alcanza todos los ámbitos y se recrudece en las comunidades indígenas, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI).
Las cifras de la ENDIREH 2011, explicadas por Jaime Arturo Vergara, representante de INEGI en el Estado de México son contundentes: el tipo de violencia más frecuente en esa entidad es la emocional, con un 82.4 por ciento; le sigue la económica, con 53.5 por ciento; la física, con 16.5 por ciento, y la sexual se encuentra en el último sitio, con 6.8 por ciento.
Lo más grave, los “hechos” más frecuentes de violencia física que sufren las mexiquenses son en primer lugar los “golpes con manos y objetos”, en 17 por ciento; empujones y jalones de cabello, en segundo lugar con una incidencia de 16 por ciento; arrojarles objetos, 8.8 por ciento, y patearlas, seis por ciento.
En violencia sexual, 13.6 por ciento de las mujeres reportó ser forzada u obligada a mantener relaciones sexuales; mientras que 3.9 por ciento reportó ser forzada a realizar “cosas que no quieren” durante el acto sexual.
En pleno siglo XXI, el 24.8 por ciento de las encuestadas dijo que su pareja les prohíbe trabajar o estudiar; 21.4 por ciento reportó “tacañería” de sus parejas para solventar algunos gastos, a pesar de tener los recursos; 13.2 por ciento dijo que su pareja no aporta el gasto; en tanto que 16.1 por ciento acusó a su pareja de gastárselo en otras cosas, mientras que 3.4 por ciento han sido despojadas de objetos o bienes.
Las mujeres que reportaron “violencia extrema”, en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, fueron el 14.5 por ciento, mientras que 12.8 por ciento reportó “violencia extrema” a lo largo de toda su relación. En el caso de las mujeres indígenas, 64.1 por ciento dijo vivir con violencia, mientras que un 38.1 por ciento de todas las mujeres encuestadas reportó haber vivido “violencia extrema” alguna vez.
Y esto eslo más sorprendente, dirían en la comentocracia televisiva, vea usted lo increíble. Sí para quien apenas se asoma a la desigualdad social mexicana.
Ahora es cuando, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) llama a la ciudadanía a presentar propuestas que permitan elaborar el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. El Programa, al que se llama a ponerle propuestas, servirá para trazar los objetivos, las estrategias y las metas necesarias para que todas las personas de nuestro país gocen de igualdad para desarrollarse en un marco de respeto a los derechos humanos y libres de discriminación y violencia. Tan, tan… veremos.
