La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha instado a las autoridades de México para detener la violencia contra las personas Lgbti y las muertes violentas de las personas trans y de género diverso, crímenes reportados públicamente a lo largo el año en ese país, informa la IPS desde Washington.
«Estos actos de violencia, motivados por prejuicios contra la comunidad Lgbti (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales), constituyen una grave violación de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación y de otros derechos humanos», expresó la Cidh en una declaración este jueves 29 de agosto 2024.
La información en medios de comunicación indica que, desde el mes de enero, se han registrado 36 asesinatos de mujeres trans, expuso el organismo interamericano.
Solo en los meses de junio y julio han ocurrido al menos ocho asesinatos en diferentes estados de México y, para efectos comparativos, la información pública refleja que, en todo 2023, se documentaron 43 casos.
La organización Letra S, que defiende derechos de las personas LGBTI, estima que la cifra anual de crímenes contra esa comunidad puede llegar hasta 150, debido a que muchos casos no son registrados por la prensa.
La Cidh «ha tomado conocimiento de que el 6 de junio una mujer trans, conocida como Trinity, murió en un hospital de Ciudad de México tras ser víctima de violencia física y sexual».
El mismo día, el cuerpo de Mónica Mancilla fue encontrado a orillas del río Usumacinta, en el sudoriental estado de Tabasco.
También en Tabasco, el 15 de junio autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Kenia Cruz, con signos de haber sufrido violencia en su domicilio. El 28 de junio Ana Arana fue asesinada con arma cortopunzante en Ciudad de México.
En julio, tres mujeres trans fueron asesinadas durante la misma semana en Nuevo León (noreste).
Se trata de Arantza Castillo, quien fue encontrada sin vida luego de haber sido reportada como desaparecida a principios de mes; la activista Jaqueline «La Española»; y una tercera mujer con identidad desconocida hasta el momento.
De nuevo en Tabasco, el 19 de julio fue abatida Cristell Martínez, mujer trans y trabajadora sexual, agrega el reporte de la Cidh.
La Comisión «ha observado que, en la región, la violencia motivada por prejuicios se caracteriza por su crueldad y saña con el objeto de ‘castigar’ la identidad de género o diversidad sexual de las víctimas».
Del mismo modo, «la falta de una investigación con debida diligencia puede conllevar a una alarmante situación de impunidad».
El problema dista mucho de ser particular de México, pues toda América Latina y el Caribe registró 236 asesinatos de personas trans durante el período comprendido entre octubre de 2022 y septiembre de 2023. Brasil fue el país con el mayor número de homicidios, con cien casos reportados.
En esta oportunidad la Cidh insta al Estado mexicano a investigar todas las violaciones de derechos humanos contra las personas Lgbti, especialmente los actos violentos.
Pide que se incorporen una perspectiva de género y enfoques diferenciados e interseccionales en las investigaciones, que respeten la identidad de género y protejan los derechos humanos.
«Las autoridades federales y las locales están obligadas a prevenir, investigar, juzgar y sancionar los crímenes motivados por el prejuicio», remarcó la Cidh.
Expuso que, considerando las atribuciones constitucionales en materia penal asignadas a las entidades federales, «se subraya el deber de éstas de garantizar que las investigaciones se efectúen de forma imparcial, libre de prejuicios y con la debida diligencia, según los estándares internacionales».
Considera fundamental que el Estado federal y las autoridades locales fortalezcan sus esfuerzos en combatir la violencia por prejuicios, «solidificando los mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para asegurar una respuesta integral y efectiva».
Asimismo, «se debe garantizar la observancia de los estándares de actuación ya implementados por el Estado mexicano, tales como el Protocolo Nacional de Actuación Lgbti», añade el texto de la Comisión.
Finalmente, la entidad hemisférica reitera su disposición para ayudar al Estado en sus esfuerzos para la atención a la violencia por prejuicio y la garantía de los derechos de las personas Lgbti.
