La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, condena en un comunicado el clima de terror generado por el gobierno estatal contra miembros de la comunidad universitaria y de los partidos políticos que han decidido promover el cambio y la sana alternancia en ejercicio de su derecho a votar y ser votados, en el contexto del actual proceso electoral.
«Repudiamos y condenamos el uso de las policías estatal y municipal para la fabricación de delitos en evidente prejuicio de las personas, como lo confirma, una vez más, la privación ilegal de la libertad y la vulneración a la persona y propiedad sufrida por la licenciada Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de Administración y Finanzas de esta casa de estudios, el pasado viernes 15 de junio».
Según la informacion de la Universidad, Gabriela Mejía circulaba en la carretera Pachuca-Tulancingo y al transitar por Mineral de la Reforma fue detenida en un retén de revisión y se le acusó sin mediar razón legal alguna que lo justificara, con el pretexto burdo de que conducía un automóvil “robado”.
Cuando presentaba los documentos, la unidad fue impactada por una camioneta con placas de circulación MTW-69-95 del estado de México, lo cual originó que los policías procedieran a llevarse las dos unidades al corralón bajo el argumento de que las partes no llegaron a un acuerdo.
Aunque la universitaria demostró la propiedad del vehículo, fue sometida con abuso de fuerza y un despliegue desmedido de patrullas y personal de los cuerpos policiacos de Mineral dela Reforma y del gobierno estatal. Fue remitida a las oficinas de seguridad estatal y de ahí se le llevó, esposada y vigilada por numerosos policías, a la Procuraduría General de Justicia del Estado. En todo caso, los hechos generarían solo una infracción administrativa de tránsito, por lo que no se justifica la violencia policial ejercida. Del causante del accidente se desconoce si fue retenido en igualdad de condiciones.
Durante los sucesos varios de sus compañeros universitarios intentaron defender del empleo desmedido de la fuerza a Mejía y fueron reprimidos y dispersados con violencia usando gases lacrimógenos.
Para las autoridades universitarias, la sucesión de hechos de esta naturaleza hacen patente la escalada de violencia que se ha ejercido, desde el inicio de la actual administración estatal, contra la máxima casa de estudios de la entidad y su comunidad: «Como ciudadanía, observamos que se ha perdido el respeto a la persona y patrimonio; las autoridades estatales olvidan que el individuo, sus propiedades y posesiones son inviolables y actúan arbitrariamente al margen de la legalidad».
Y destacan la retención de recursos federales, el corte arbitrario del suministro del agua, los ataques ilegales a la autonomía, la agresión al presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Huejutla, las acusaciones dolosas de una supuesta simulación de huelga, la detención “fabricada” de Alberto Isaac García, hijo de la licenciada Lidia García Anaya, la agresión contra ciudadanos por parte de grupo de choque tolerados por las autoridades, los ataques al candidato Julio Menchaca y ahora la ilegal actuación contra las universitarias Gabriela Mejía, Elsa Ángeles y Leyla Chávez.
Agregan que ademas esa violencia con la que ha actuado la policía estatal en perjuicio de los universitarios, es particularmente grave contra las mujeres, quienes han sido agredidas en forma machista, sexista y misógina, haciendo uso faccioso de las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de la población.
Con estos datos y argumentos demandan el cese de la escalada de violencia contra los ciudadanos y, particularmente, la dirigida a la comunidad universitaria, y responsabilizan a las autoridades del gobierno de Omar Fayad Meneses, encargadas de garantizar la seguridad y el bienestar de la población, por el «menoscabo de los derechos, la integridad física y el patrimonio, de lo miembros de la comunidad».universitaria.
