Amnistía Internacional ha denunciado una política de ataques generalizados en Chile, cometidos por las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera –principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional)– usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta.
Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas, señaló Amnistía Internacional este 21 de noviembre de 2019 al término de una misión de investigación en el país.
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo.
Además, la Fiscalía ha registrado más de 1100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves.
Las manifestaciones en Chile dieron inicio a mediados de octubre tras el aumento en la tarifa del transporte público y se extendieron para exigir una sociedad más justa donde el Estado garantice derechos como la salud, el agua, la educación de calidad y la seguridad social, en un país sumamente desigual.
Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros.
El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial.
La decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas. Tanto el mando que decidió utilizar al Ejército para el control de manifestaciones con uso de armamento letal, como aquellos oficiales que dispararon contra las personas que se manifestaban, y que les causaron la muerte o hirieron de gravedad, deben ser investigados y, de hallarse pruebas suficientes en su contra, juzgados por un tribunal independiente e imparcial.
Durante y después del estado de emergencia, el mando de Carabineros, así como los subsiguientes mandos superiores, lejos de ejercer un control efectivo con el fin de prevenir o reprimir la comisión de actos violentos por parte de sus subordinados, han permitido que éstos sigan actuando de la misma forma, haciendo que el volumen de denuncias de maltrato, tortura, y lesiones oculares irreparables contra manifestantes sea constante. La no prevención de este tipo de actos, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causal de responsabilidad penal individual según el derecho internacional.
Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado veintitrés casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en once comunas de la Región Metropolitana de Santiago ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.
Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones.
A través del análisis de imágenes, la organización ha confirmado que el ejército usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos. Se identificó el uso de rifles GALIL ACE y FAMAE SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal. Aunque de forma más puntual, también se ha identificado a personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y de Carabineros disparando munición viva. Este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.
Tortura y malos tratos
Una de las formas más frecuentes de lesionar a las personas manifestantes ha sido a través de malos tratos y, en menor medida, la tortura – un crimen de derecho internacional. Además de un caso de muerte por maltrato policial, Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual.
La organización también documentó la práctica de los carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos nueve ocasiones en las ciudades de Colina, Quilpué, Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. De esta manera, un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en la localidad de Talcahuano.
Además de los casos documentados, Amnistía Internacional verificó más de treinta piezas audiovisuales que demuestran que carabineros y militares se han ensañado contra civiles de forma injustificada y sin razón aparente. Esta violencia se cometió de igual manera contra personas detenidas y sometidas; para dispersar protestas pacíficas; así como en contra de niños, niñas y adolescentes en situación de indefensión, en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción.
Lesiones graves y armas potencialmente letales
A pesar de que el derecho internacional exige que las armas de fuego con munición potencialmente letal (con munición como perdigones de goma) sólo sean utilizadas de forma excepcional para casos donde esté en peligro la vida o integridad de una persona y de tal forma que se cause el menor daño posible, Amnistía Internacional ha registrado el uso constante e inadecuado de escopetas en contextos de protesta.
Adicionalmente a un caso de muerte por perdigones, la organización ha documentado catorce casos de daños a la integridad física, siete de ellos por lesiones oculares irreparables, y ha corroborado casi 20 operaciones policiales de este tipo a través de la verificación de imágenes. Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza.
Asimismo, se ha corroborado el uso de gas lacrimógeno de manera inadecuada y en cantidades alarmantes en al menos once eventos, así como en hospitales, universidades, viviendas e incluso colegios, afectando seriamente a niños, niñas, adolescentes y otras poblaciones que requieren especial cuidado. Su lanzamiento al cuerpo de las personas a corta distancia y a través de lanzagranadas como los Penn Arms L137-3, ha generado lesiones severas, entre ellas oculares.
También se ha identificado el uso de granadas de humo que pueden ser extremadamente tóxicas y están diseñadas para su uso en conflictos armados y, por ende, son inadecuadas para el control de manifestaciones. Este supuesto ocurrió el día 14 de noviembre en Temuco, cuando personal médico y de rescate fue atacado con un cañón lanza aguas y una granada de humo mientras socorrían a personas heridas.
Limitación del trabajo de personas defensoras de derechos humanos
Durante el mes de crisis en Chile un sinfín de movimientos y organizaciones de derechos humanos han estado atendiendo a personas heridas, velando por el respeto de personas detenidas y dando seguimiento a casos ante los órganos de justicia.
Sin embargo, en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de derechos humanos y personal médico, impidiendo su acceso a comisarías o centros hospitalarios, como ocurrió en el Hospital público de urgencias “Posta Central”, donde entre los días 21 y 22 de octubre se impidió la entrada de funcionarios del INDH, a pesar de haber decenas de heridos a manos de agentes del estado. En el mismo sentido, Amnistía Internacional conoció casos de personas golpeadas o lesionadas con disparos de perdigones mientras prestaban primero auxilios, así como activistas y defensores amenazados por cumplir su trabajo.
“La situación en Chile no puede seguir así. Las autoridades deben velar porque las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan seguir haciendo su trabajo libremente, sin ningún tipo de presión, amenaza ni represalia,” dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
“Lamentablemente las violaciones ocurridas durante esta crisis no son nuevas y habían sido reiteradamente denunciadas por Amnistía Internacional y el resto de la sociedad civil chilena durante los últimos años. Esta trágica página de la historia de Chile tiene que servir de una vez por todas para llevar a cabo las reformas institucionales y estructurales que la sociedad demanda, como la reforma de la policía o la garantía de los derechos sociales”.
En base a esta investigación, Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones preliminares:
- Las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia. Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión y solo se recurra a ellas de manera puntual y ante una amenaza clara y manifiesta para la vida e integridad física de quienes protestan o de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno y los estándares internacionales.
- Las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas. Se deben llevar a cabo de forma urgente las reformas legislativas y de política pública necesarias para garantizar de forma efectiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas las personas, sin discriminación y con especial atención a las personas en mayor situación de desprotección, así como asegurar un proceso participativo e inclusivo hacia una nueva constitución que proteja y promueva todos los derechos humanos.
- Las autoridades deben emprender una reforma seria y profunda de la policía. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos y que la institución cuenta con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas.
