El fondo estatal para la accesibilidad universal que venía reclamando el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI) para acabar con las barreras arquitectónicas que dificultan la vida de las personas con discapacidad ha sido vetado por el gobierno.
La tramitación de una proposición de ley del PSOE en el congreso para crear un fondo estatal por la accesibilidad ha sido negada por el gobierno y por ello alegan que esto supondría un aumento de los créditos presupuestarios que cifra en 75 millones de euros. En este sentido el gobierno demuestra que no presta por tanto su conformidad para la tramitación en virtud de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 134 de la constitución.
El gobierno ha justificado esta decisión y ha recordado que toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios requirirá la conformidad del gobierno para su tramitación.
Esto se contradice con la propuesta de accesibilidad universal que refiere el ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad que describe la elaboración de estrategias políticas o sociales de modo que la accesibilidad sea universal o integral. Un entorno plenamente accesible y que una persona con discapacidad no vea interrumpida o dificultada la realización de sus actividades porque un entorno, espacio o servicio no sea accesible
