Un informe de Amnistía Internacional revela que a mujeres, niños y niñas con presuntos vínculos con el grupo armado autodenominado Estado Islámico (Dáesh) se les niega ayuda humanitaria y se les impide regresar a sus hogares, y un alarmante número de mujeres son sometidas a violencia sexual.
The Condemned: Women and Children Isolated, Trapped and Exploited in Iraq revela la discriminación generalizada a la que las fuerzas de seguridad, los miembros de las administraciones de los campos y las autoridades locales someten a las mujeres que viven en campos para personas internamente desplazadas, al considerar que estas mujeres están afiliadas al Estado Islámico.
Foto: Amnistía Internacional
Amnistía Internacional determinó que existía explotación sexual en los ocho campos que visitó su equipo de investigación.
“Quizá la guerra contra el Estado Islámico en Irak haya terminado, pero el sufrimiento de la población iraquí dista de haberlo hecho. A las mujeres, niños y niñas con presuntos vínculos con el Estado Islámico se les está castigando por delitos que no han cometido”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.
Lynn Maalouf sostiene que “expulsadas de sus comunidades, estas familias no tienen ningún lugar a donde ir y nadie a quien acudir. Están atrapadas en campos y marginadas, y se les niega el alimento, el agua y otros productos básicos. Este humillante castigo colectivo amenaza con sentar los cimientos para futura violencia. No es manera de construir la paz justa y sostenible que la población iraquí desea y necesita tan desesperadamente.”
El informe expone con detalle el suplicio de miles de familias encabezadas por mujeres que han quedado abandonadas a su suerte en campos para personas internamente desplazadas después de que sus familiares varones hayan sido víctimas de homicidio, detención arbitraria o desaparición forzada cuando huían de áreas controladas por el Estado Islámico en Mosul y sus alrededores.
En muchos casos, el único “delito” de los hombres había sido escapar de un bastión del Estado Islámico, tener un nombre parecido a los contenidos en las cuestionables “listas de buscados” o trabajar con el Estado Islámico en funciones no relacionadas con el combate, como cocineros o chóferes.
Aislamiento y explotación sexual
La investigación muestra que a mujeres, niños y niñas de los campos para personas internamente desplazadas de todo Irak se les están negando el alimento y la atención médica simplemente por sus presuntos vínculos con el Estado Islámico.
A estas familias se les impide sistemáticamente obtener documentos de identidad y de otro tipo necesarios para trabajar y para circular libremente. Al menos en un campo, a las familias sospechosas de mantener vínculos con el Estado Islámico se les prohíbe salir de lo que se ha convertido de hecho en un centro de detención.
Desesperadas y aisladas, las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir explotación sexual a manos de las fuerzas de seguridad, guardias armados y miembros de las milicias que trabajan en los campos y en sus cercanías. En los ocho campos que Amnistía Internacional visitó, a las mujeres se las coaccionaba y presionaba para que accedieran a mantener relaciones sexuales a cambio del dinero, la ayuda humanitaria y la protección de otros hombres que tan desesperadamente necesitaban.
Estas mujeres también corren peligro de ser violadas. Cuatro mujeres contaron a Amnistía Internacional que habían presenciado directamente alguna violación o habían oído en una tienda cercana los gritos de una mujer que estaba siendo violada por hombres armados, miembros de la administración del campo u otros residentes del campo.
Muchas de las mujeres entrevistadas por Amnistía en los campos para personas internamente desplazadas expresaron temor por su seguridad.
“Los hombres armados que actúan en los campos someten a las mujeres a un trato deshumanizador y discriminatorio por su presunta afiliación al Estado Islámico. Las mismas personas que se supone que deben protegerlas se convierten en sus depredadores”, ha manifestado Lynn Maalouf.
“El gobierno iraquí debe demostrar que se toma en serio la erradicación de las violaciones de derechos humanos que sufren estas mujeres haciendo que todos los responsables rindan cuentas de sus actos e impidiendo que en los campos para personas internamente desplazadas entre ningún hombre armado.”
Ningún lugar adonde ir
En varias zonas, las autoridades locales y tribales han emitido órdenes de impedir el retorno de mujeres, niños y niñas con presuntos vínculos con el Estado Islámico, y de esa manera los dejan atrapados en los campos para personas internamente desplazadas.
Quienes han conseguido regresar a su hogar se han enfrentado a desalojos, desplazamiento forzado, saqueo, amenazas y abusos, incluidos abusos sexuales y acoso sexual. En algunos casos, a sus hogares los han marcado con la palabra “Daeshi” (término árabe para el Estado Islámico) y los han destruido o les han cortado la electricidad, el agua y otros servicios.
En vísperas de las elecciones parlamentarias que se celebrarán en el país en mayo, se está instando a las personas desplazadas a abandonar los campos, ya que el gobierno quiere cerrarlos y fusionarlos.
“Las autoridades iraquíes deben garantizar que las familias que están en los campos para personas internamente desplazadas que tengan presuntos vínculos con el Estado Islámico reciben acceso en condiciones de igualdad a ayuda humanitaria, atención médica y documentos civiles. Debe permitirse a estas familias regresar a sus hogares sin miedo a sufrir intimidación, detención o ataques”, ha manifestado Lynn Maalouf.
“Asimismo, las autoridades deben poner fin de inmediato a la práctica sistemática y generalizada de someter a desaparición forzada a los hombres y niños con presuntos vínculos con el Estado Islámico, una práctica que ha dejado a miles de esposas, madres, hijas e hijos en situaciones desesperadas.”
“Para poner fin al círculo envenenado de marginación y violencia entre comunidades que lleva décadas asolando Irak, el gobierno iraquí y la comunidad internacional deben comprometerse a defender y respetar los derechos de todas las personas de Irak, sin discriminación. Sin eso, no puede haber reconciliación nacional o paz duradera.”
El informe se basó en entrevistas con 92 mujeres en ocho campos para personas internamente desplazadas en las gobernaciones de Ninewa y Salah al-Din. El equipo de investigación también entrevistó a 30 miembros del personal de ONG locales e internacionales, 11 miembros de las administraciones de los campos y nueve funcionarios y ex funcionarios de la ONU.
