El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al ministerio de Fomento, que tenga presente la accesibilidad universal y la inclusión de las personas con discapacidad en la elaboración de la agenda urbana española.
Este documento se enmarca en los compromisos adquiridos por España hace dos años en la firma del pacto de Amsterdam y en la declaración de Quito tanto para Europa como para las Naciones Unidas. En el mismo se busca orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales, ambientales y económicos de forma que se promuevan la transformación de las ciudades en espacios inclusivos, accesibles, confortables y participativos para las personas con discapacidad y sus familias.
De hecho, para que este objetivo sea una realidad tangible es imprescindible que la accesibilidad sea una norma, no una excepción y debe garantizar el libre e igual acceso a los servicios de transporte municipales y también en las vías urbanas, la eliminación de las barreras existentes.
Las actuales barreras arquitectónicas que se encuentran también en las viviendas de los afectados por la movilidad, y la falta de accesos a las mismas, hace que no puedan tener una vida independiente ni en su propio domicilio. Por ello, desde el documento se solicita a los ayuntamientos a crear un fondo destinado a contribuir a que las comunidades de vecinos puedan emprender obras de accesibilidad.
Asimismo, las corporaciones locales deben impulsar las medidas de acción positiva en el acceso a la vivienda pública garantizando un porcentaje de los pisos accesibles así como la inclusión de las personas con discapacidad como grupo vulnerable en las políticas y ayudas municipales al alquiler. De esta forma, al considerar el volumen de gastos que es mucho mayor para este colectivo, frente a los ingresos, que siempre son bajos, la agenda urbana debe contemplar políticas estables de ayuda a la ciudadanía con discapacidad.
En este sentido, se apela a la reducción de los copagos en servicios de autonomía persona y en la atención a la dependencia.
Además, se insta en la agenda a que los policías, guardias civiles, y otras profesionales sepan cómo tratar y abordar los problemas de las personas con discapacidad con la promoción de campañas destinadas a la sensibilización de este colectivo para que el trato sea adecuado e igualitario. Es importante que la agenda urbana refuerce también el diálogo civil con las organizaciones representantes de personas con discapacidad y sus familias.
