Desde el 1 de septiembre de 2012, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 (RDL), 873.000 personas migrantes en situación irregular se han quedado sin tarjeta sanitaria en España, informa Amnistía Internacional.
Cerca de 20.000 sólo en Baleares, comunidad autónoma en la que se está vulnerando el derecho a la salud de personas migrantes en situación irregular. Según la normativa vigente, personas con enfermedades crónicas, como el cáncer o diabetes, no tienen acceso a asistencia sanitaria gratuita.
La recepción del RDL por parte de las Comunidades Autónomas ha sido enormemente dispar. Hay comunidades que se han negado a dejar sin asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación irregular, otras por el contrario han empezado a aplicar la nueva normativa, pero Amnistía Internacional muestra su preocupación porque la confusión es tal que podría estar dificultándose el acceso a la atención sanitaria, incluso en las comunidades que han establecido vías para garantizar la asistencia de personas migrantes en situación administrativa irregular.
Amnistía Internacional (AI) ha llevado a cabo una investigación en Baleares, por tratarse de una de las primeras comunidades autónomas que aplicó el Real Decreto Ley, (cinco meses antes de su entrada en vigor), por lo que los efectos de su aplicación son más evidentes que en otras Comunidades Autónomas, y por haber recibido numerosas denuncias por parte de inmigrantes en situación irregular que estaban teniendo dificultades para acceder a la asistencia sanitaria. Las conclusiones de esta investigación están recogidas en el informe: El laberinto de la exclusión sanitaria: Vulneraciones del derecho a la salud en Islas Baleares.
Baleares como ejemplo de los efectos de la reforma sanitaria
La puesta en marcha del RDL es ya en sí misma una medida regresiva, discriminatoria y contraria a los estándares internacionales. Amnistía Internacional ha podido comprobar cómo su aplicación en Baleares dificulta enormemente el acceso a la salud y puede poner incluso en riesgo la vida de personas inmigrantes en situación irregular.
En sólo un año, en esta comunidad, se han retirado cerca de 20.000 tarjetas sanitarias, algo contrario a las obligaciones internacionales del Estado, que implican respetar, proteger y hacer realidad el derecho a la salud, sin regresividad y sin discriminación. Una medida contraria también a su propio Estatuto de Autonomía que garantiza la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal.
En agosto de 2012, Baleares emitía unos “Criterios Generales” de aplicación del Real Decreto Ley, en los que se recogían cómo se deberían tratar entre otras, enfermedades de declaración obligatoria, incluidas las enfermedades infecto-contagiosas y ciertas enfermedades mentales. Unos criterios que ni siquiera se han cumplido en todos los casos.
El escenario de confusión y desinformación con el que se ha encontrado Amnistía Internacional, provocado en parte por la falta de desarrollo normativo de la legislación estatal, está generando que diversos centros sanitarios apliquen distintos protocolos de actuación. Lo que podría estar impidiendo la atención sanitaria de personas cuyas situaciones sí están contempladas en el RDL, como ocurrió con el caso de Alpha Pam, senegalés que falleció de tuberculosis, y al que según la información con la que cuenta Amnistía Internacional, se le negaron hasta en tres ocasiones pruebas diagnósticas.
Amnistía Internacional ha podido documentar y constatar que en varios centros de salud y hospitales de las Islas Baleares se están produciendo una serie de irregularidades administrativas que no se ajustan ni al Real Decreto Ley ni a los Criterios Generales. Por ejemplo, la organización ha tenido acceso a “compromisos de pago” emitidos en urgencias, incumpliendo lo que establece el RDL que contempla la gratuidad de estos servicios.
“Amnistía Internacional no cree que esta situación pueda calificarse como “sistemática”, pero tampoco se trata de casos aislados. Hemos tenido acceso a varios de estos ‘compromisos de pago’ emitidos en urgencias, e incluso de una facturación de casi 19.000 euros efectuada antes del 1 de septiembre, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Amnistía Internacional ve con mucha preocupación el posible efecto disuasorio que estas prácticas puedan tener entre las personas migrantes en situación administrativa irregular. “Durante la investigación hemos recogido testimonios de muchas personas inmigrantes que aseguran que, ante la advertencia de que se emitiría un “compromiso de pago” en caso de recibir asistencia sanitaria, han optado por no ir a los centros médicos o suspender sus tratamientos, incluso en caso de enfermedades graves”. Este efecto disuasorio podría estar afectando en mayor medida a las mujeres, por tener menor acceso a la información.
El caso de Silvia Velázquez, es lamentablemente ilustrativo de las preocupaciones de la organización. Silvia, de nacionalidad uruguaya, padece un trastorno pulmonar grave, que le provoca una importante disminución de la capacidad respiratoria. “Antes del RDL me hacía controles cada 2, 3, 6 meses. Ahora nada. Los tratamientos son muy caros y sin tarjeta sanitaria no puedo hacerlos. No tengo forma de saber cómo avanza mi enfermedad”.
“AI considera de extrema urgencia que el gobierno balear, con independencia de cualquier investigación disciplinaria que pudiera dar lugar la identificación de irregularidades administrativas, adopte medidas de carácter general y estructural para garantizar el acceso a asistencia sanitaria a todas las personas que se encuentren en la comunidad, con independencia de su situación administrativa. Además, debe poner fin a la confusión y la desinformación del personal administrativo y evitar así casos de desatención en los centros sanitarios”, exigió Esteban Beltrán. Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción (www.actuaconamnistia.org) con estas peticiones dirigida al Presidente balear, José Ramón Bauzá.
De espaldas al derecho internacional
Diversos organismos de Naciones Unidas, han mostrado su preocupación por el impacto que las medidas de austeridad que se están aplicando en España tienen en los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud. El último en pronunciarse ha sido el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Discriminación que ha calificado la legislación que ha restringido el acceso de los inmigrantes a la sanidad como una “novedad lamentable” y ha recomendado a España revisar la reforma sanitaria llevada a cabo en un contexto de crisis económica, con el fin de asegurar que la asistencia sanitaria es garantizada a todas las personas inmigrantes, con independencia de su situación administrativa.
Amnistía Internacional, al igual que diversos organismos internacionales, lamenta que en una época de dificultades económicas el Gobierno haya optado por no garantizar los derechos humanos de uno de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad y más afectados por la crisis. El gobierno no ha publicado un informe de evaluación de impacto del RDL, ni siquiera ha garantizado el contenido mínimo esencial del derecho a la salud, la atención primaria y no ha demostrado que ha utilizado el máximo de los recursos disponibles, tal y como le obligan los estándares internacionales.
Es más, diversos organismos contradicen la idea de que esta medida supondrá un ahorro económico. La propia Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea rechazaba este argumento en 2011, señalando que “excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y también puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad”.
La organización alerta también sobre las declaraciones que han vertido desde la ministra de Sanidad, Ana Mato, autoridades de comunidades autónomas, pasando por miembros del Partido Popular para justificar la exclusión de la atención sanitaria a las personas migrantes en situación irregular. Muchas declaraciones retratan a las personas migrantes como colectivos que no contribuyen al desarrollo del país, que abusan de un sistema sanitario, al que no tienen derecho.
La organización condena estos discursos que asocian inmigración y utilización indebida y abusiva de la sanidad, que además contradicen diversos informes técnicos que aseguran lo contrario, y que contribuyen a construir prejuicios sobre este colectivo y a estigmatizarlo. AI recuerda que las autoridades deben abstenerse de utilizar un lenguaje despectivo y no vulnerar su obligación de no discriminación.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
Al Gobierno de Baleares y al resto de las comunidades autónomas
- Adoptar las medidas necesaria para garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud, sin discriminación y con independencia de la situación administrativa.
- Realizar evaluaciones de impacto de la reforma y adoptar medidas inmediatas para mitigar al máximo el posible efecto disuasorio del RDL en acceso de las personas migrantes a la atención sanitaria.
- Informar debidamente al personal sanitario y eliminar las irregularidades administrativas que podrían acarrear una mayor exclusión de la asistencia sanitaria.
Al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
- Restablecer la universalidad del derecho a la salud para todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa, modificando el RDL, cumpliendo con las recomendaciones de diversos organismos de Naciones Unidas.
- Elaborar y publicar una evaluación del impacto que el RDL tiene sobre el derecho al más alto nivel de salud, y las consecuencias diferenciadas para las mujeres y niñas.
- Abstenerse de realizar y rechazar discursos que estigmaticen a las personas migrantes.
