Estudiantes y trabajadores reclaman en las calles de Costa Rica contra los recortes y cargas fiscales, consecuencias de la aplicación del llamado «Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas» por parte del gobierno del presidente Carlos Alvarado, en el marco de una huelga indefinida que cumple el octavo día en el sector público.
El país, que afronta una crisis económica profunda, figura en el primer puesto en gasto interno entre los países del área centroamericana, informa Serpal.
El pago de los intereses de la deuda contraída ha situado al país en una difícil situación. Se estima que el saldo de la deuda pública supera el 50 % del Producto Interno Bruto.
Los sectores sindicales desmienten afirmaciones del presidente de que las cargas fiscales aplicadas afectarán en una gran proporción a los sectores más ricos.
El gobierno actual fue elegido en abril de 2018 por una mayoría apreciable de los más de tres millones de ciudadanos que fueron a votar. Al asumir, el presidente Alvarado anticipó que necesitaría el apoyo «de todos», para revertir el grave déficit fiscal que tenía el país. El proyecto de su partido para conseguir ese objetivo, tuvo sanción favorable por una comisión parlamentaria, pero ahora encuentra una extendida resistencia entre gran parte de la población.
La coalición de agrupaciones obreras y sociales de Costa Rica que lidera las protestas ha denunciado represión policial contra manifestantes, y rechaza la posibilidad de conversaciones con el gobierno con la mediación de la Iglesia y del Congreso de Rectores.
Los sindicatos del sector público costarricense que se mantienen en huelga por segunda semana informan de que no hay fecha estipulada para que se levante hasta tanto no alcancen un acuerdo de diálogo sobre la reforma fiscal con el Gobierno de Carlos Alvarado.
La huelga comenzó el lunes 10 de septiembre de 2018 y la mayoría de los servicios estatales han funcionado con normalidad, sin embargo, reportan algunos bloqueos de carreteras en diferentes puntos del país.
La huelga alcanzó su punto más álgido el miércoles 12 de septiembre, cuando más de 300 000 personas marcharon hasta el Legislativo costarricense para exigir un plan fiscal distinto que no vaya en detrimentos de los más vulnerables. Asimismo, en esa jornada se produjo una represión contra estudiantes de la Universidad de Costa Rica que dejó algunos heridos y detenidos.
La nueva reforma tributaria o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas incluye una «conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar», indicó el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas.
