El Consejo de Ministros español ha iniciado un proceso, considerado histórico, para adecuar la legislación sustantiva procesal civil, a los mandatos sobre la igual capacidad jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Este anteproyecto, elaborado por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, ha recibido el impulso de la ministra Dolores Delgado, y se convertirá tras pasar ahora a trámite de audiencia pública en derecho positivo, toda vez que se escuchen a todos los sectores por igual.
Mediante esta iniciativa legal se da cumplimiento al mandato del artículo 12 de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga a los estados parte, entre ellos a España, a garantizar la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad sin restricción alguna, ni exclusiones, prestando eso sí, apoyos para la toma de decisiones si es preciso, pero sin sustituir a la propia persona.
Hasta ahora en España, la discapacidad, según el derecho civil español, se ha tomado siempre con un tono paternalista y restrictivo en cuanto a los derechos de la sustitución al promotor de los apoyos si bien es cierto, que esta reforma legal, supondrá un cambio radical que ha sido propuesto por el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) al gobierno de Sánchez, que no solo ha participado activamente en la propuesta, sino que ha sido capaz de establecer el necesario diálogo con la justicia para conseguir su posterior tramitación parlamentaria.
