Las protestas populares en Sudán, que entraron en el tercer mes desde su inicio el pasado 19 de diciembre de 2018 en Atbara, han tenido como respuesta del presidente de Sudán, Omar al Bashir, la disolución del Gobierno central y provinciales –un total de dieciocho- y declarar el estado de emergencia durante un año.
Las protestas comenzaron por la gran subida de los productos básicos, pero pronto se convirtieron en marchas antigubernamentales en las que exigen la renuncia del mandatario, en el poder desde hace casi tres décadas por un golpe de Estado y que cuenta con una orden de arresto por la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes contra la humanidad y genocidio en Darfur.
La oposición ya ha declarado que seguirán manifestándose hasta que el presidente deje el poder ya que el régimen “está colapsado”. Desde el 19 de diciembre de 2018 un balance oficial cifra 31 muertos por las protestas, mientras que la ONG Human Rights Watch (HRW) y otras mencionan la cifra de 57 muertos.
Las fuerzas de la oposición han redactado un documento ‘Carta de la libertad y el cambio’ respaldado por veinte grupos políticos y de la sociedad civil que incluye un programa de Gobierno de transición nacional tras la marcha del poder de Al Bashir.
“Anuncio la imposición del estado de emergencia en todo el país durante un año y la disolución del Gobierno de Consenso Nacional y la disolución de los Gobiernos de los estados”, afirmó el líder sudanés en un discurso desde el palacio presidencial en Jartum.
No obstante, en algunas ciudades ya se declaró el estado de emergencia ante las manifestaciones.
En un decreto posterior, el presidente estableció una administración que incluía la sustitución de los gobernadores por altos cargos del ejército. Al Bashir apuntó que la formación del nuevo Gobierno, a la que no puso fecha, se producirá en el marco de “un proceso de diálogo”, en un aparente llamamiento a la oposición para que participe.
El líder opositor y ex primer ministro Sadeq el Mahdi, alertó que declarar el estado de emergencia “significa suprimir la libertad de expresión” señalando que su anuncio es una táctica “para mantener vivo su régimen”.
Represión a la prensa
El discurso de Al Bashir ha ido acompañado de nuevas medidas contra la prensa opositora que teme las consecuencias del estado de emergencia. Así, el redactor jefe del diario Al Tayar, Osman Mirghani, fue detenido en las oficinas del periódico y todavía se desconoce su paradero.
“Poco después del anuncio de estado de emergencia, mi hermano estaba hablando de esto en un canal árabe”, en referencia a Sky News Arab, señaló su hermano Ali.
Además, agentes de los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad (NISS, siglas en inglés), confiscaron toda la tirada del diario Al Tayar para el sábado 23 de febrero.
Por su parte, Reporteros sin Fronteras (RSF) ha denunciado más de un centenar de violaciones a la libertad de prensa desde que se iniciaron las protestas con la detención de 79 periodistas y 63 casos de confiscaciones y secuestros de periódicos.
