Agencias de ayuda exterior de Estados Unidos y de Gran Bretaña habrían ignorado y minimizado testimonios fidedignos de comunidades étnicas de Etiopía que acusan a su gobierno de desplazarlas y de violar sus derechos en nombre del desarrollo, informa Carey L. Biron (IPS).
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el británico Departamento de Desarrollo Internacional (DfID) enviaron múltiples misiones de investigación a las comunidades afectadas, pero una y otra vez consideraron que las acusaciones eran infundadas.
Sin embargo, según los registros de algunas reuniones mantenidas por una de las misiones, y divulgados el miércoles 17 por el estadounidense Instituto Oakland, funcionarios de ambas agencias recibieron testimonios inequívocos de abusos perpetrados por el gobierno de Etiopía.
«Las transcripciones de los registros, divulgadas por este informe, no dejan lugar a duda de que las agencias donantes recibieron información muy creíble y de primera mano sobre graves violaciones de derechos humanos y eligieron resueltamente ignorarla», escribió el académico estadounidense Will Hurd, autor de uno de los nuevos documentos.
Hurd trabaja para una organización no gubernamental y ofició de intérprete en reuniones mantenidas en enero de 2012 entre los funcionarios y comunidades de la zona Omo Sur, en la región etíope de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur.
«Según un alto funcionario de Usaid, un miembro de la agencia que integró la visita de campo informó que los relatos de abusos a los derechos humanos escuchados en Omo fueron de ‘tercera mano’. Pero en las transcripciones queda claro que muchos fueron de ‘primera mano'», observó Hurd.
Las grabaciones se hicieron en enero de 2012 durante una misión de investigación al valle de la zona baja del río Omo, en el sudoeste de Etiopía.
«Las transcripciones muestran que las delegaciones escucharon bastante», dijo Anuradha Mittal, director ejecutivo del Instituto Oakland, a IPS. «Los gobiernos donantes deben responsabilizarse por su falta de reacción y revisar críticamente sus cuestionables políticas de desarrollo», añadió.
Ni la Usaid ni el DfID divulgaron ningún informe oficial sobre la misión de enero de 2012 ni sobre la que le siguió, en noviembre, pero IPS tuvo acceso a una copia filtrada de un reporte de cuatro páginas sobre las primeras reuniones (no se filtró nada de las segundas).
El documento señala que los integrantes de la misión recibieron acusaciones de «violación de mujeres y de un niño», «uso de la fuerza e intimidación con presencia del ‘ejército'» y «amenazas del gobierno del tipo: ‘venda su ganado o lo inyectaremos y lo mataremos'», entre otras denuncias.
El informe concluye: «Debido a esos incidentes, los mursis y los bodis, en especial, declararon que vivían con miedo, recurrían a otras fuentes de alimentos o pasaban hambre. Se utilizó la expresión ‘esperando para morir’. Aunque estas acusaciones son extremadamente graves, la misión no las puede confirmar».
La última frase estaba en negrita y subrayada, y se recomendó realizar un seguimiento.
Según el Instituto Oakland, la Usaid y el DfID enviaron esa conclusión al Grupo de Asistencia al Desarrollo, que reúne a las mayores agencias de desarrollo y ayuda del mundo, entre ellas el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En marzo, el Panel de Inspección del Banco Mundial citó evidencias de que la institución podría estar apoyando programas para formar asentamientos y solicitó una investigación al respecto, pero hasta ahora Adís Abeba se niega a cooperar.
Ni la Usaid y el DfID respondieron a las consultas de IPS para este artículo.
Renacimiento de Etiopía
En las últimas dos décadas, Etiopía emergió como una potencia económica en expansión, lo que llevó a los donantes internacionales a colmarla de elogios y fondos con la esperanza de contribuir a contener al atribulado Cuerno de África y alentar lo que se ha denominado el «Renacimiento africano».
En los últimos años, el apoyo se tradujo en unos 3.500 millones de dólares al año en varios tipos de asistencia, que representa más de la mitad del presupuesto nacional.
Pero la ayuda hizo que el histórico líder etíope, ahora fallecido, Meles Zenawi impulsara varios planes agresivos de desarrollo nacional y de gran alcance.
Las iniciativas incluyen controvertidas plantas hidroeléctricas y vastas plantaciones agrícolas. Eso generó programas de vaciamiento de grandes extensiones de terreno, por lo cual unas 260.000 personas corren el riesgo de perder sus tierras y de ser reubicadas a la fuerza en otras áreas en un proceso de creación de asentamientos, llamado en inglés «villagisation».
Meles murió el año pasado, pero el nuevo primer ministro, Hailemariam Desalegn, dejó claro que su gobierno mantendría los programas de desarrollo.
«El gobierno de Etiopía viene y nos saca nuestras tierras con violencia y viola a nuestra mujeres», dice un hombre mursi en las grabaciones dadas a conocer por el Instituto Oakland.
Otro alerta: «Solo esperamos la muerte. El gobierno trabaja esta tierra».
Según el relato de Hurd, esa reunión en particular se puso bastante tensa.
Los funcionarios estadounidenses y británicos presentes quisieron concentrarse en cuestiones de desarrollo: por ejemplo, qué servicios querían pedirle al gobierno las comunidades locales. Pero los representantes mursis siguieron llevando la conversación hacia las violaciones que sufrían a manos de las autoridades.
«Obviamente inaceptable»
«Obviamente coincidimos en que los golpes, las violaciones, la falta de consultas y de indemnizaciones adecuadas son inaceptables», señala en determinado momento un representante del DfID, al parecer sensibilizado por lo que escuchaba.
«Estoy totalmente de acuerdo y le plantearé seriamente al gobierno que esa no es la forma de hacer las cosas. Sencillamente está mal. Sencillamente está mal», añadió, y subrayó: «Obviamente estamos totalmente de acuerdo y es preocupante escuchar que pasa eso», subrayó.
No está claro con cuánta firmeza las delegaciones británica y estadounidense plantearon el asunto al gobierno de Etiopía, pero la conclusión final de ambas agencias donantes, de que esas acusaciones son imposibles de comprobar, sigue guiando su política oficial.
«La evidencia muestra claramente que esas agencias suministran de forma directa e indirecta fondos a un gobierno que viola los derechos humanos en sus políticas de desarrollo», dijo Mittal, del Instituto Oakland, a IPS.
«El concepto de ‘estado de Renacimiento’ conlleva un enorme costo, que recae especialmente sobre las comunidades indígenas, y Usaid y DfID son responsables de promover esas políticas», afirmó.
