El ejército de Myanmar, antes Birmania, que allí conocen como la Tatmadaw, sigue cometiendo crímenes de guerra, según una reciente investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional (AI), que revela que se sigue matando e hiriendo a civiles en los ataques que lleva a cabo sin discriminación desde enero de 2019, y que en el país sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, así como desapariciones forzosas.
El objetivo último de toda esta represión es el llamado Ejército de Arakan (AA), un grupo armado de etnia rajine, al que el gobierno de la Liga Nacional para la democracia, que de hecho dirige la Premio Nobel Aung San Suu Kyi, ha dado la orden de “aplastar”.
Desde hace tiempo las comunidades étnicas rajines manifiestan sus quejas frente al gobierno de Myanmar; ahora, el Ejército de Arakan está dirigido por una generación más joven de nacionalistas rajines. Fundado en 2009 y compuesto por unos 7000 combatientes, lucha desde hace varios años junto a otros grupos armados étnicos en el norte del país.
Para llevar a cabo su investigación, Amnistía Internacional entrevistó a finales de marzo de 2019 a 54 personas en el Estado de Arakan y otras 27 que viven en las zonas afectadas por el conflicto, ciudadanos todos de origen rajine, mro, rohinyá y khami, y de confesión budista, cristiana o musulmana. Además han estudiado fotografías, vídeos e imágenes de satélite, e interrogado a expertos, responsables humanitarios y defensores de los derechos humanos. Todos ellos han confirmado atentados contra los derechos humanos cometidos por militares, en su mayoría pertenecientes a las divisiones de infantería ligera números 22 y 55.
Las exacciones llevadas a cabo en las últimas semanas por el ejército de Myanmar contra las comunidades rajines no significa en absoluto que haya abandonado la persecución de otras comunidades minoritarias, como la de los rohinyás. El pasado 3 de abril, un helicóptero del ejército abrió fuego sobre unos campesinos rohinyá que estaban cortando cañas de bambú, matando al menos a seis hombres e hiriendo a otros trece. Según la información de que dispone AI, el ejército se ha apalancado en el lugar de los antiguos templos de Mrauk-U y desde allí dispara sin miramientos sobre todo el sector. Imágenes de satélites confirman la presencia de artillería cerca de los templos, y algunas fotografías muestran los daños en el lugar.
Estos últimos enfrentamientos han provocado el desplazamiento de más de 30 000 personas. Recordemos que más de 900 000 refugiados rohinyás siguen viviendo en campamentos del vecino Bangladesh y que algunos de ellos no han sido víctimas de ejército gubernamental sino del de Arakan, que no solo les pone en peligro durante sus operaciones sino que además ha hecho del secuestro y las amenazas una verdadera especialidad.
El 3 de mayo de 2019, unos combatientes del AA secuestraron a cuatro rohinyás en el pueblo de Sin Khone Taing, trasladándolos a una zona de la selva profunda: dos de ellos consiguieron escapar después pero se ignora la suerte corrida por los otros dos. El grupo armado amenaza regularmente por correo a los jefes de los poblados y a los empresarios, en misivas acompañados de una bala y el sello oficial del AA, en las que les advierte de que no quiere injerencias en sus actividades.
«Al tiempo que se multiplican las informaciones que hablan de violaciones de los derechos humanos imputables al ejército –dice el informe de Amnistía Internacional- las fuerzas de seguridad de Myanmar siguen usando las viejas tácticas para amordazar cualquier crítica, por pequeña que sea. En los últimos meses el ejército ha denunciado ante la justicia a los redactores jefe de tres medios de comunicación locales en lengua birmana”.
A la vista de las atrocidades cometidas por el ejército de Myanmar contra las minorías en los estados del norte del país, AI considera que es urgente que la ONU actúe, máxime cuando el organismo internacional ya manifestó a finales de 2018 que algunos oficiales de rango superior “deberían ser objeto de investigaciones y procedimientos por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio”.
Amnistía pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas «que informe con urgencia al fiscal del Tribunal Penal Internacional sobre la situación en Myanmar, y que imponga un embargo exhaustivo de las armas. Igualmente, los socios internacionales de Myanmar deben repensar sus relaciones con los dirigentes del país y aplicar sanciones a los militares de alta graduación a través de organismos multilaterales, como la Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANASE)”.
