De junio de 2019 a mayo de 2020 se registraron en México 1659 agresiones personas defensoras de derechos humanos; en 9 de cada 10 casos, las agresiones fueron cometidas por autoridades estatales, básicamente por policías, documentaron organizaciones de derechos humanos, informa Ignacio Rosaslanda en Pie de Página¹.
Alejandro Cerezo Contreras, coordinador del Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH) , una de las organizaciones que elaboraron el informe, fue concluyente:
«Con todo el descaro las corporaciones policiales son quienes están violando los derechos humanos en México en un 99 por ciento de los casos», dijo Cerezo, al presentar el lunes 24 de agosto de 2020 el informe «Defender los Derechos Humanos en México, la impunidad no termina».
Esta es la novena edición del informe que documenta violaciones a derechos humanos cometidas por motivos políticos y que es elaborado por el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, además de ACUDDEH.
Los estados donde más agresiones se documentaron son: Guerrero, con 856; Yucatán, 403; Chiapas, 205; Campeche, 100 y Ciudad de México, 46.
Los derechos que ejercían las personas al ser agredidos son: la protesta social (aún no reconocida en México), vida digna, libertad de expresión, derechos de los migrantes, de las mujeres y de las víctimas.
Del total de agresiones documentadas 89 por ciento fueron cometidas por policías estatales; ocho por ciento por policías municipales y tres por ciento por fuerzas federales.
El informe destaca que, a pesar de que hay una disminución considerable de violaciones cometidas por las instancias federales en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia desde diciembre de 2018, esto no ha sido suficiente para detener las agresiones.
«La disminución del uso de estos mecanismos de represión política, así como la documentada disminución de su uso para beneficio del gobierno federal está muy lejos de ser suficiente ante lo que el pueblo organizado necesita luego de los dos sexenios anteriores en que se lanzó una guerra en contra de todo aquel que se organizara para defender la vida digna», dijo Cerezo.
«El gobierno federal ha desplegado una estrategia de omisión ante las graves violaciones de derechos humanos del pasado inmediato y una política de simulación para con los derechos a la Memoria, Verdad y Justicia de las víctimas que, al menos de 2000 a 2018 sufrieron graves violaciones de derechos humanos, al mismo tiempo que despliega un discurso que justifica su omisión ante las graves violaciones que, justo ahora mismo, se cometen en estados y municipios», añadió.
Cerezo sostuvo también que hay un patrón en el cual, la Guardia Nacional está presente durante las violaciones, y aunque no participa tampoco las evita.
«No hay pretexto para el gobierno federal de no perseguir esos delitos y mucho menos de no sancionar a los perpetradores; lo mismo estamos hablando de los grupos paramilitares que operan en Chiapas y otros estados, que siguen en total impunidad y que bien se les podría aplicar el delito de delincuencia organizada para juzgarlos», insistió.
Los actos que violaron los derechos humanos representaron un total de 107 eventos, que afectaron a 25 comunidades, 17 organizaciones, 47 personas, 34 familias y 502 personas (indígenas y no indígenas) pertenecientes a comunidades y organizaciones, detalló Cerezo.
«Nos acostumbramos a lo anormal»
En la presentación del informe participaron Clara Meyra Segura, de la Fundación Rosa Luxemburgo, Santiago Corcuera, especialista en Derechos Humanos (ACNUDH), Daniel Zapico, oficial en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Daniela Pastrana, coordinadora del área de investigación de la Red Periodistas de a Pie y editora de Pie de Página.
Clara Meyra, de la Fundación Rosa Luxemburgo-Oficina Regional México, dijo que el presidente López Obrador ha desdibujado la labor de las personas defensoras de derechos humanos con un discurso riesgoso que las señala como opositoras.
«El hecho de que un país se configure como federal no exime al Estado nación de su responsabilidad ante las violaciones de derechos humanos cometidas en las entidades federativas ni en los municipios», dijo.
«Las agresiones a defensores no son agresiones individuales sino que se lastiman las demandas colectivas e ideales políticos de comunidades enteras. Son parte de un proceso comunitario y no un caso aislado», añadió.
Santiago Corcuera destacó el rigor metodológico del estudio presentado: «Está basado en datos que son comprobables, y en virtud de ese rigor, es muy probable que haya un subregistro, una cifra negra», explicó.
Para el abogado especialista en derechos humanos, es necesaria la creación de una comisión nacional de la verdad, con áreas regionales, aunque todavía no termine la violencia.
«Los crímenes de estado no pueden permanecer en la impunidad, no puede haber amnistía que en estos casos, se deben castigar. Sin embargo, parece que en México existe una actitud de justicia selectiva, se persigue a quienes les conviene y no a los verdaderos culpables», dijo.
Daniela Pastrana advirtió que «estamos tan acostumbrados a la violencia, que nos alegramos de la disminución de algunos crímenes como el de desaparición forzada que se nos olvida que no debería haber ni uno», dijo. «Aceptamos que lo anormal parezca normal», sentenció.
Hizo notar que en la agenda mediática y del gobierno, los casos de corrupción parecen más importantes que las violaciones graves a los derechos humanos y destacó: «El gobierno federal ha tenido capacidad de pedir disculpas por todo, pero la estructura cambia poco. ¿Qué valor le están dando a estas disculpas públicas?»
Por su parte, Daniel Zapico reconoció que el informe contribuye a entender la impunidad no como un fenómeno anónimo, sin rostro.
«La impunidad es uno de los principales motores de las agresiones, los casos que se han resuelto son anecdóticos, ya que son muy pocos. No investigar desde el inicio, desde que comienzan las agresiones que muchas veces se minimizan, resulta muy grave», afirmó el representante de ACNUDH.
En el derecho a la protesta, el Estado ha hecho una mala interpretación sobre el uso de la fuerza para justificar agresiones. Dentro del concepto de protesta pacífica la policía debe siempre proteger a los manifestantes.
El Comité Cerezo desarrolla este esfuerzo año con año para que nadie más deba enfrentar esa situación. Además da una serie de recomendaciones. Actualmente han impulsado una propuesta de ley general para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas sin embargo dicha ley está detenida.
- Este artículo fue publicado originalmente por Pie de Página, de la mexicana Red de Periodistas de A Pie.
- Difundida por IPS
