El intento del Gobierno de Donald Trump de intervenir judicialmente en la certificación de las elecciones al Senado por Alaska ha terminado enfrentándose a un principio elemental de la democracia: nadie puede averiguar a quién votó un ciudadano una vez depositada su papeleta secreta.

El Departamento de Justicia quería investigar si algunos electores habían confundido al senador republicano Dan Sullivan con otro candidato de nombre casi idéntico. Pero no explicó cómo podía reconstruirse esa supuesta confusión sin identificar votos individuales. Después de que la demócrata Mary Peltola ganara por una diferencia superior a los sufragios obtenidos por el segundo Sullivan, el Gobierno federal pidió al tribunal de apelaciones que declarara terminado el caso.
La retirada de esa pretensión, comunicada el 19 de noviembre, no es simplemente un episodio más del recuento de las elecciones legislativas estadounidenses. Plantea tres cuestiones institucionales: qué puede exigir el Gobierno federal a una administración electoral estatal, hasta dónde llega una investigación sobre la intención de los votantes y qué ocurre cuando una demanda pierde su finalidad antes de que el tribunal de apelaciones resuelva.
El asunto se originó en una elección al Senado en la que competían la demócrata Mary Peltola, el senador republicano Dan S. Sullivan y otro aspirante independiente llamado Daniel J. Sullivan Jr.
La presencia de los dos Sullivan alimentó acusaciones de que el segundo candidato había sido incorporado a la contienda para confundir a los votantes republicanos. La campaña de Peltola negó haber participado en una maniobra de esa naturaleza. Daniel J. Sullivan defendió la legitimidad de su candidatura.
El Tribunal Supremo de Alaska había determinado que el candidato independiente podía figurar legalmente en la papeleta. El Departamento de Justicia, sin embargo, presentó una demanda federal para intentar retrasar la certificación si el resultado era lo bastante ajustado como para que la supuesta confusión pudiera haber cambiado al vencedor.
La pregunta que el Gobierno no podía responder
El argumento central del Departamento de Justicia partía de una hipótesis: algunos ciudadanos podían haber querido votar por el senador republicano y haber seleccionado por error al otro Sullivan.
Para comprobarlo habría que determinar la intención real de quienes eligieron a Daniel J. Sullivan Jr. El problema es que las papeletas no están vinculadas públicamente a la identidad de cada elector.
Ese anonimato no es una deficiencia administrativa. Es una garantía democrática destinada a impedir que gobiernos, empleadores, partidos u otras personas puedan conocer y controlar el voto individual.
En una elección con papeletas secretas, los responsables del recuento pueden determinar cuántos votos recibió cada candidatura. No pueden preguntar retrospectivamente a una persona qué pretendía votar y sustituir el contenido de una papeleta por una declaración posterior.
Además, cuando las papeletas ya han sido introducidas en las urnas y mezcladas con las demás, no existe un procedimiento ordinario que permita identificar cuáles pertenecen a un grupo determinado de votantes.
La jueza federal Sharon L. Gleason señaló precisamente esa dificultad al rechazar la demanda de la Administración Trump el 1 de noviembre, cuando ya se había iniciado el voto anticipado.
Según la información publicada por Roll Call, la magistrada consideró inviable la medida solicitada porque las papeletas emitidas ya estaban mezcladas y no podían asociarse a sus votantes.
La dificultad no desaparecía por el hecho de que el Gobierno federal considerase necesario investigar. El interés en esclarecer una posible irregularidad no proporciona, por sí solo, un mecanismo legal para deshacer el secreto del sufragio.
La certificación electoral corresponde a Alaska
La segunda cuestión afecta al reparto de competencias entre el Gobierno federal y los estados.
La Constitución estadounidense atribuye a los estados una función fundamental en la organización de las elecciones al Congreso, aunque reconoce al Congreso federal determinadas facultades para regularlas.
La llamada Cláusula Electoral, contenida en el artículo I, sección 4, establece que los estados determinan inicialmente el tiempo, lugar y modo de celebrar las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes, dentro del marco constitucional y federal aplicable.
Eso significa que la administración de las papeletas, el recuento y la certificación corresponden normalmente a las autoridades estatales competentes, con sujeción a las leyes federales que resulten aplicables.
En Alaska, esa función recae en la División Electoral del estado, que aplica las normas sobre votación, escrutinio y proclamación de resultados.
La intervención del Departamento de Justicia no sustituye automáticamente a esa administración electoral. Para obtener una orden judicial que suspenda o altere un procedimiento estatal, el Gobierno debe acreditar una base jurídica suficiente y cumplir los requisitos procesales correspondientes.
La jueza Gleason rechazó la demanda federal, entre otras razones, porque el Gobierno no había demostrado que pudiera obtener mediante ese procedimiento la reparación que solicitaba.
Las autoridades de Alaska, gobernado por el republicano Mike Dunleavy, también se opusieron a la petición federal. Sus abogados defendieron que el retraso solicitado carecía de fundamento jurídico y resultaba incompatible con la protección del secreto del voto.
El conflicto, por tanto, no enfrentó simplemente a un Gobierno republicano con una candidata demócrata. También enfrentó a la Administración federal con las autoridades de un estado dirigido por un gobernador republicano.
Una investigación penal no permite suspender automáticamente una elección
El Departamento de Justicia ha mantenido una investigación penal sobre las circunstancias en las que Daniel J. Sullivan llegó a presentarse a las elecciones.
Según The Washington Post, los investigadores han examinado si personas relacionadas con la campaña de Peltola participaron en el reclutamiento del segundo candidato con la intención de desviar votos del senador republicano.
Las informaciones publicadas sobre posibles contactos entre colaboradores políticos y el candidato independiente plantean preguntas que pueden ser investigadas. Pero la existencia de una investigación no acredita por sí misma la comisión de un delito.
La participación de una persona en una elección, incluso cuando comparte nombre con otro candidato, no es automáticamente ilegal. El análisis penal requiere identificar una conducta prohibida por una norma concreta y demostrar que concurren sus elementos.
La cuestión es distinta de la validez de los votos emitidos. Los electores que seleccionaron al segundo Sullivan lo hicieron mediante una papeleta en la que figuraba como candidato legalmente admitido.
Para invalidar o modificar un resultado electoral no basta con señalar la existencia de sospechas sobre una campaña. Es necesario acreditar una irregularidad con relevancia jurídica y obtener la resolución correspondiente por los procedimientos establecidos.
El propio desarrollo del recuento terminó debilitando la pretensión de suspender la certificación. Peltola obtuvo una mayoría absoluta y una ventaja superior a los 12.000 votos sobre el senador titular. El otro Sullivan recibió menos de 5.000.
La diferencia significa que, incluso bajo la hipótesis extrema de atribuir todos los sufragios del candidato independiente al senador republicano, ese cambio no habría sido suficiente para superar a Peltola.
Ese cálculo no demuestra que las acusaciones sobre la organización de la candidatura sean falsas. Demuestra algo más limitado, pero decisivo para el litigio electoral: los votos del segundo Sullivan no bastaban para cambiar el vencedor.
El Gobierno quiere cerrar el caso y anular la resolución que perdió
El escrito presentado el 19 de noviembre ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito contiene un detalle procesal especialmente significativo.
El Departamento de Justicia no se limitó a comunicar que renunciaba a seguir reclamando el retraso de la certificación.
También solicitó que el tribunal declarase que el litigio había perdido objeto, anulara la resolución de primera instancia y devolviera el expediente para su archivo por esa razón.
La petición figura en la conclusión del documento judicial firmado por Stanley E. Woodward Jr., fiscal general adjunto de Estados Unidos.
En el lenguaje procesal estadounidense, un asunto puede considerarse moot, o carente de objeto, cuando los acontecimientos posteriores impiden que el tribunal conceda una reparación efectiva respecto de la controversia original.
Eso es lo que argumenta ahora el Gobierno: una vez celebrado el escrutinio, ya no existe una vía practicable para determinar si los votos emitidos a favor de Daniel J. Sullivan debían haber sido destinados al senador republicano.
Sin embargo, declarar terminado el caso y anular la resolución anterior son decisiones diferentes.
Si el tribunal se limitara a archivar el recurso, la resolución de primera instancia conservaría la situación jurídica que le corresponda. Si acordara además anularla, eliminaría sus efectos como decisión judicial en los términos que establezca la propia resolución de apelación.
El Gobierno busca, por tanto, algo más que abandonar su pretensión inicial: solicita que la decisión desfavorable de la jueza Gleason no permanezca como resultado judicial del litigio.
Corresponde al tribunal de apelaciones determinar si procede esa anulación. La solicitud del Departamento de Justicia no produce automáticamente ese efecto.
Por qué importa el precedente judicial
La controversia sobre la anulación de la resolución anterior tiene consecuencias que van más allá de esta elección.
Una sentencia puede contener razonamientos sobre las competencias de las autoridades federales, las garantías electorales y los límites de las medidas cautelares.
No todas las resoluciones tienen el mismo valor como precedente. Una decisión de un tribunal federal de distrito no vincula de la misma manera que una sentencia de un tribunal federal de apelaciones.
Pero puede influir en futuros litigios, servir como referencia para abogados y jueces y formar parte de la interpretación jurídica de controversias similares.
La anulación solicitada por el Gobierno afectaría al tratamiento jurídico de esa resolución. Por eso es importante no describir la retirada del recurso como una aceptación de todos los argumentos de la jueza.
El Departamento de Justicia sostiene que el procedimiento ya no puede producir el resultado que pretendía. Al mismo tiempo, intenta evitar que la resolución desfavorable permanezca en vigor.
Los abogados de Alaska y de las demás partes pueden mantener posiciones diferentes sobre la forma correcta de cerrar el litigio.
La decisión final corresponde al Noveno Circuito y no debe darse por adoptada antes de que el tribunal la publique.
El voto por orden de preferencia tampoco permite reconstruir intenciones
Alaska utiliza un sistema de voto por orden de preferencia en el que los ciudadanos pueden clasificar a los candidatos según sus preferencias.
Cuando ningún aspirante obtiene una mayoría absoluta de primeros votos, se elimina al candidato situado en última posición y sus papeletas se redistribuyen según las siguientes preferencias expresadas por los electores.
Ese procedimiento permite aprovechar las preferencias que los ciudadanos han consignado voluntariamente en sus papeletas. No autoriza a los funcionarios electorales a sustituir una selección por otra basándose en una hipótesis sobre lo que el votante quizá quería hacer.
La distinción es especialmente importante en el caso de los dos Sullivan.
Una persona podía votar conscientemente por el candidato independiente, votar por él por error o situarlo en una determinada posición de preferencia por motivos propios. El recuento debe atenerse a lo expresado en la papeleta y a las reglas legales, no a conjeturas posteriores.
En cualquier caso, Peltola superó el 50 % de los primeros votos, de modo que no fue necesario redistribuir preferencias para decidir la elección al Senado.
La existencia de un sistema de voto preferencial no eliminaba, por tanto, el problema jurídico que el Gobierno federal no había resuelto: cómo identificar una intención distinta de la reflejada en una papeleta secreta.
La certificación y la investigación siguen caminos separados
La División Electoral de Alaska tiene previsto certificar los resultados durante la semana del 23 de noviembre.
La directora del organismo, Carol Beecher, ha señalado que la victoria de Peltola se incluirá en esa proclamación oficial, según informó Alaska Beacon.
La certificación acredita formalmente el resultado electoral. No determina por sí misma si alguna persona cometió un delito durante la campaña.
Por su parte, la investigación penal puede continuar después de la certificación. Sus conclusiones dependerán de las pruebas obtenidas y de la aplicación de las normas penales correspondientes.
Ni la investigación implica automáticamente la invalidez de la elección ni la proclamación oficial impide examinar conductas que pudieran ser delictivas.
Separar ambos procedimientos protege dos intereses distintos: que el voto de los ciudadanos produzca los efectos previstos por la ley y que las posibles infracciones se investiguen con garantías.
También evita convertir una sospecha penal en una herramienta automática para suspender la incorporación al Congreso de una persona elegida por los votantes.
Una disputa electoral que deja una cuestión constitucional abierta
El caso de Alaska termina, por ahora, con una victoria adjudicada a Mary Peltola y con la retirada de la pretensión federal de retrasar su certificación.
Pero el litigio ha puesto sobre la mesa una cuestión que puede reaparecer en futuras elecciones: hasta dónde puede llegar la Administración federal cuando sospecha que una candidatura ha sido utilizada para confundir a los votantes.
La legislación permite investigar posibles delitos electorales y recurrir a los tribunales cuando existen fundamentos jurídicos. Lo que no permite presumir es que cualquier sospecha justifique suspender una certificación estatal o reinterpretar votos secretos.
La jueza Gleason consideró que el Gobierno no había demostrado la viabilidad de la medida que solicitaba. El Departamento de Justicia reconoce ahora que el resultado del escrutinio ha dejado sin objeto su petición, aunque pretende que se anule la resolución judicial anterior.
El Noveno Circuito tendrá la última palabra sobre la forma de cerrar el recurso. La investigación penal, mientras tanto, seguirá su propio procedimiento.
La principal enseñanza institucional del caso es que el control de la legalidad electoral y el respeto al secreto del voto no son objetivos contrapuestos. Ambos forman parte de las garantías que deben respetarse incluso cuando una elección provoca una controversia política de alcance nacional.
La crónica de los resultados de Alaska y del cierre de los recuentos de las elecciones legislativas puede leerse en Aquí Madrid.



