Claire Provost, Nandini Archer
Organizaciones cristianas ultraconservadoras de Estados Unidos, muchas de ellas estrechamente vinculadas al gobierno de Donald Trump, distribuyeron en la última década al menos 280 millones de dólares de dinero opaco en cinco continentes, motorizando campañas contra los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ, revela openDemocracy¹.
Grupos dirigidos por algunos de los aliados y seguidores más ruidosos de Donald Trump destinaron sumas crecientes para influir en las leyes, las políticas y la opinión pública de otros países con el fin de «instigar una reacción» contra los derechos sexuales y reproductivos.
Este martes 27 de octubre de 2020 openDemocracy ha publicado un primer conjunto de datos detallando la escala global de ese gasto. Defensores de derechos humanos y activistas protransparencia de distintas regiones calificaron el hallazgo de «alarmante» y «señal de alerta» para las democracias.
De los grupos que investigamos, ninguno revela quiénes son sus donantes ni publica detalles sobre cómo gasta su dinero en el exterior.
«Esta es una forma de interferencia en nuestro sistema político y judicial tan dañina para los derechos humanos como la intromisión rusa en las elecciones», dijo Neil Datta, jefe del Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos del Parlamento Europeo (EPF), al que pertenecen decenas de eurodiputados y legisladores de toda Europa.
Irene Donadio, de la Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN), dijo haber atestiguado un claro aumento de las campañas contra los derechos sexuales y reproductivos en su región y consideró «asombrosa» la escala de la financiación revelada en esta investigación.
«Es indignante que a grupos que están jugando con las vidas y la seguridad de las mujeres se les permita operar en las sombras. Deberían obligarlos a cumplir con los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas», agregó.
Dinero opaco ligado a Trump
Cada uno de los grupos que analizamos están registrados como sin fines de lucro y exentos de pagar impuestos. Por tanto, tampoco pueden participar en actividad política partidaria.
Sin embargo, varios de ellos, como el American Center for Law and Justice (ACLJ) –que encabeza el abogado personal de Trump Jay Sekulow– han apoyado abiertamente al gobierno del actual presidente y a su nominada para la Suprema Corte de Justicia, Amy Coney Barrett.
El año pasado, openDemocracy reveló que decenas de grupos cristianos fundamentalistas de Estados Unidos, muchos relacionados con el actual gobierno estadounidense y con el estratega ultraderechista Steve Bannon, habían repartido en Europa al menos cincuenta millones de dólares de dinero opaco durante una década.
Este último conjunto de datos de openDemocracy es más amplio aún, resultado del análisis de miles de páginas de declaraciones financieras de veintiocho grupos estadounidenses desde el año 2007. Según esos datos, estas organizaciones gastaron más dinero en Europa (casi 90 millones de dólares) que en ninguna otra región, seguida por África (54 millones), Asia (49 millones), América Latina (44 millones), Canadá y México (20 millones) y Medio Oriente y África del Norte (9 millones).
Este gasto europeo está impulsado principalmente por dos grupos cuyas batallas se concentran en los tribunales. Uno de ellos es ACLJ, que dirige Sekulow, quien, junto con Rudy Giuliani coordinará todos los reclamos judiciales que presente Trump a los resultados de las elecciones del 3 de noviembre.
Una media docena de abogados de ACLJ, Sekulow entre ellos, hicieron parte del equipo defensor de Trump en el juicio político del año pasado en el Congreso.
El brazo europeo del ACLJ (ECLJ) intervino en dos casos para defender la postura de Italia en contra del matrimonio homosexual. También participó en por lo menos siete litigios relativos a Polonia ante la Corte Europea de Derechos Humanos, defendiendo las políticas conservadoras polacas contrarias al divorcio y al aborto.
La semana pasada, la corte constitucional de Polonia ordenó prohibir el aborto para casos de anomalías fetales incompatibles con la vida. El grupo de Sekulow presentó argumentos en favor de esa nueva restricción.
Un segundo grupo de juristas involucrado en este tipo de casos es Alliance Defending Freedom (ADF). Con sede en una pequeña ciudad de Arizona, ADF está también estrechamente conectado al gobierno de Trump a través de exintegrantes de su personal y de encuentros frecuentes.
ADF llegó el año pasado a la Corte Suprema de Estados Unidos para defender la potestad de mantener en secreto a los donantes, aunque el fallo está todavía pendiente. Uno de los pocos donantes de ADF que se conocen son las fundaciones de la familia de la secretaria de Educación de Trump, Betsy DeVos, que son también grandes contribuyentes del Partido Republicano.
Secreto financiero
El alcance total de la financiación que suministra la derecha religiosa estadounidense para acciones globales está oculto, dado que muchos de estos grupos están registrados como iglesias o filiales de iglesias que no tienen obligación de declarar esta información.
Sobre algunos de los grupos incluidos en la investigación –el caso más notable es la Billy Graham Evangelistic Association (BGEA)– solamente hay declaraciones fiscales por unos pocos años. La BGEA se reinscribió en 2015 como una «asociación de iglesias».
Sekulow ha estado bajo escrutinio sobre sus prácticas financieras desde la década de 1980, cuando era un abogado especializado en derecho impositivo que se dedicaba a crear guaridas fiscales para la elite de la ciudad de Atlanta.
Este año, Associated Press reveló que varios grupos de Sekulow, entre ellos el ACLJ, habían entregado más de 65 millones de dólares de fondos de beneficencia a miembros de su familia, a corporaciones que eran de su propiedad y a él mismo, alimentando un estilo de vida opulento, con autos de alta gama y mansiones lujosas.
Solamente en 2018, el ACLJ pagó seis millones de dólares por concepto de servicios legales al bufete de abogados CLA Group, del cual Sekulow posee la mitad de las acciones. Esta es la misma firma de abogados que, se cree, fue contratada por Trump. Sin embargo, solo cuenta con un apartado postal; se estima que Sekulow cumple labores para Trump desde las oficinas del ACLJ.
«Las autoridades regulatorias deberían investigar si los recursos de una entidad filantrópica, como oficinas, horas de trabajo y equipamiento, están siendo mal empleados para beneficiar a una firma legal de Sekulow con fines de lucro», dijo el presidente del American Institute of Philanthropy, Daniel Borochoff.
El sitio web estadounidense Charity Navigator, que califica a las organizaciones sin fines de lucro, coloca una etiqueta naranja de «moderada preocupación» al ACLJ debido a «problemas de reportes financieros atípicos». Se incluyen, por ejemplo, los millones de dólares pagados durante años por servicios legales al bufete de abogados de Sekulow.
Clamor global
Varios de estos grupos están envueltos en desinformación sobre la pandemia de la COVID-19. El antiabortista Population Research Institute (PRI), por ejemplo, está encabezado por un activista ultraconservador que asegura que el virus fue fabricado en un laboratorio chino y que integra un grupo de lobby anti China junto con el estratega ultraderechista Steve Bannon.
Otro grupo, Family Watch International (FWI), ha entrenado durante años a políticos, religiosos y dirigentes de la sociedad civil africanos para que se opongan a la educación sexual integral (ESI) y a los derechos de las personas LGBTIQ en varios países de África.
La ugandesa Winnie Byanyima, directora ejecutiva del programa conjunto de Naciones Unidas contra el VIH/Sida (Onusida), comentó al respecto que «la ESI es una parte fundamental del derecho a la educación y a la salud. No es opcional. No es negociable».
El grupo sudafricano de derechos de género The Other Foundation aseguró que ha observado cómo el dinero de la derecha cristiana de EEUU se viene empleando para «instigar una reacción contra los propósitos de libertad, dignidad y equidad de las personas LGBTIQ».
La organización añadió: «El gobierno tiene la responsabilidad de reprobar y actuar contra cualquier agenda que socave la constitución sudafricana», que prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual.
Alejandra Cárdenas, directora de estrategias legales globales del Centro de Derechos Reproductivos, opinó que los hallazgos de openDemocracy «demuestran la innegable manipulación que hemos visto por tantos años por parte de la derecha cristiana estadounidense en Latinoamérica y África, dirigida a resquebrajar el tejido social y las protecciones de derechos humanos por la que los movimientos sociales hemos luchado».
Neil Datta, del EPF, opinó que «como europeos no podemos sentarnos a mirar de lejos lo que pasa en Estados Unidos, creyendo que la erosión de normas democráticas y derechos no puede pasar acá. Los mismos grupos que presionan por esto en Estados Unidos están gastando millones en Europa, intentando lograr lo mismo».
El parlamentario croata Bojan Glavasevic, quien integra el comité ejecutivo de EPF, sostuvo que «se necesitan acciones de los estados miembros para asegurar que la ciudadanía de la Unión Europea tenga protección plena ante estas organizaciones depredadoras. Esto no es una cuestión de ideología, sino de seguridad, de salud para nuestros ciudadanos y de transparencia».
«Es hora de que el mundo despierte. No cometan nuestros errores y no crean que esto no puede pasar donde viven», indicó Quinn Mckew, directora de Artículo 19, una organización dedicada a la libertad de expresión e información, sobre la creciente influencia del dinero opaco en la política de Estados Unidos. Fenómeno que ella atribuye a «un largo proceso para erosionar la rendición de cuentas y la transparencia».
Mckew consideró que «era inevitable que estos individuos, movilizando estas organizaciones, buscarían internacionalizar su influencia». Se requieren ahora medidas para «ampliar la transparencia financiera y arrojar luz sobre las fuentes de financiación de estos grupos».
Para Melissa Upreti, integrante del grupo de trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres, «corresponde a los gobiernos asegurar que no se erosionen los derechos de las mujeres mediante desinformación y campañas con motivaciones ideológicas. Esto tiene consecuencias, peligrosas muchas veces, en la vida real de las mujeres».
ACLJ, PRI y FWI no contestaron a openDemocracy.
ADF no contestó a las preguntas sobre sus gastos, pero indicó que es «una de las mayores y más efectivas organizaciones de defensa legal dedicadas a proteger la libertad religiosa y la libre expresión de todos los estadounidenses».
- Este artículo fue publicado originalmente por el Proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy y traducido por Diana Cariboni.
