Pocas horas después de que, el 11 de noviembre de 2020, el gobierno autoritario de Hong Kong, dependiente de los jerarcas del Partico Comunista Chino, descalificara y anulara los mandatos de cuatro diputados del movimiento Pro democracia: Alvin Yeung Ngok-kiu, Kwok Ka-ki, Kenneth Leung y Dennis Kwok; los otros quince diputados de la oposición dimitieron en bloque como muestra de solidaridad con los compañeros sancionados.
La medida –que según Carrie Lam, la jefa del ejecutivo hongkonés, es «constitucional, legal, razonable y necesaria», y no lo dice pero responde a su deseo de acabar con el movimiento pro-democracia- es un castigo porque los diputados sancionados pidieron a Estados Unidos que sancionara a las autoridades de la isla por sus continuas violaciones de los derechos humanos.
La situación en que ha quedado el Parlamento de Hong Kong tampoco satisface a los políticos del territorio semi autónomo alineados con las tesis del Partido Comunista Chino, como Félix Chung, jefe de filas del Partido Liberal, quien considera que «no es sano» que desaparezca la oposición del Parlamento, sobre todo por lo que puedan pensar en el extranjero acerca del gobierno de Pekín que, de ideología comunista pero adalid de la economía neoliberal, intenta lavar su cara en las relaciones políticas y económicas de los últimos años, con las que amenaza con arrancar el liderazgo mundial de manos de Estados Unidos.
Lo que ha prendido esta vez la mecha en los diputados de la oposición ha sido una nueva «interpretación» de las leyes, aprobada el miércoles 11 en el Parlamento chino, que faculta al gobierno de Hong Kong para «excluir a cualquier diputado que ponga en peligro la seguridad nacional, defienda la independencia de la región administrativa especial (definición oficial del régimen de ‘un país, dos medidas’ de Hong Kong), o propicie una injerencia extranjera», en los términos exactos que en que dio la noticia la agencia oficial de prensa Nueva China.
En concreto, esta «interpretación crea un nuevo marco legal para las próximas elecciones legislativas (…) permitiendo al gobierno seleccionar a los futuros candidatos a diputados con una perspectiva muy radical».
De haberse celebrado las elecciones con la legislación anterior, los sondeos indicaban que la oposición iba a conseguir la mayoría. El parón administrativo provocado por la actual crisis sanitaria mundial, en China muy controlada, ha servido también para dar tiempo a sus dirigentes para poner en marcha mecanismos nuevos que garantices que una vez conseguirá la mayoría el campo alineado con Pekín, encabezado por la actual gobernadora del territorio, Carrie Lam.
Según la información del diario francés Le Monde, «a fuerza de descalificaciones e invalidaciones, que tuvieron lugar en diversas formas a partir de las elecciones de septiembre de 2016, la oposición ya solo ocupaba 19 de los 70 escaños del Consejo Legislativo de Hong Kong» como consecuencia de la Ley de Seguridad Nacional, promulgada el 30 de junio de 2020, que criminaliza la secesión, la subversión, el terrorismo y la connivencia con fuerzas extranjeras y permite a las autoridades locales descalificar a los diputados cuyo comportamiento «amenace a la seguridad nacional».
El primer opositor acusado de secesión, en aplicación de la nueva ley, ha sido el militante de diecinueve años Tony Chung, detenido en octubre 2020 en un café situado frente al consulado estadounidense, acusado por la policía de disponerse a pedir asilo político, y por el tribunal de «blanqueo de dinero» y «conspiración para publicar contenidos sediciosos». El juicio está fijado para el próximo 7 de enero, y la condena podría llegar a los diez años de reclusión.
Tony Chung pertenecía al movimiento radical «Student localism» (Localismo estudiantil), un movimiento que defiende los valores locales hongkoneses frente a los «valores chinos», algo que es inaceptable para el régimen de Pekín. El grupo se disolvió en junio, poco antes de que entrara en vigor la Ley de Seguridad, aunque sus secciones en el extranjero continúan funcionando.
Tony Chung y otros tres militantes de Student localism, fueron detenidos anteriormente en julio, la policía sospechaba que eran los autores de publicar comentarios en las redes sociales incitando a la secesión.
Por otra parte, Radio France International ha informado de que hace un año, el magnate de la prensa de Hong Kong Jimmy Lai, de 71 años, quien desde hace tres décadas dirige el grupo Next Digital cuya publicación más importante es el Apple Daily, portavoz del campo prodemocracia, acudió a Washington para pedir al gobierno estadounidense apoyo para el movimiento de oposición de Hong Kong.
Jimmy Lai se encuentra en este momento en libertad bajo fianza, tras ser detenido el pasado 10 de agosto de 2020 acusado de «fraude» y «connivencia con fuerzas extranjeras» y no puede salir de Hong Kong. Para él, en declaraciones a la corresponsal de la emisora francesa, «la Ley de Seguridad Nacional firma la pena de muerte de Hong Kong, es más draconiana que las previsiones más pesimistas, suplanta nuestra mini-Constitución y destruye nuestro estado de derecho y nuestras libertades».
