La Federación Internacional de Periodistas (FIP) instan al estado de Uttar Pradesh (India) a que deje de intimidar a la prensa por informar de forma legítima, al conocer que las autoridades del distrito de Shahjahanpur abrieron investigaciones por difamación contra Nidhi Suresh, reportero de Newslaundry, Manoj Shukla, reportero de Bhadas4Media, y Yashwant Singh, editor de Bhadas4Media, el 4 de julio 2021.
Los casos de difamación contra Suresh, Shukla y Yashwant se originan en una denuncia presentada por Deep Srivastava, un reportero de News18. La policía lo aceptó y presentó un Primer Informe bajo las Secciones 500 y 501 del Código Penal de la India.
En su denuncia, Srivastava afirma que Suresh lo acusó erróneamente de extorsionar a una mujer en Twitter. Srivastava luego acusó a Shukla de incluir estas declaraciones en un informe de Bhadas4Media.
Suresh defendió sus acciones, argumentando que sus tweets fueron tomados directamente de un informe que publicó en Newslaundry, donde citó directamente a la mujer extorsionada a la que se hace referencia en los tweets y a su abogado.
El abogado de Suresh, Nipun Katyal, argumentó que las autoridades de Uttar Pradesh no tienen competencias para iniciar investigaciones contra periodistas sin una orden de un magistrado judicial debido a sentencias de la Corte Suprema de 2016 y 2020.
De manera preocupante, la legislación sobre difamación de la India permite que se manejen los asuntos civiles. por el derecho penal, más que por el derecho civil, indica la FIP.
El uso de denuncias para intimidar y silenciar a los periodistas se está convirtiendo en una tendencia dentro de la fuerza policial de Uttar Pradesh, ya que el mes pasado también se abrieron investigaciones penales contra los periodistas Rana Ayyub, Saba Naqvi y Mohammed Zubair y el medio de noticias Wire, por supuestamente «insultar a religiosos y creencias» u «odio a la religión».
La FIP condena las iniciativas de la policía de Shahjahanpur por «atentar contra la libertad de prensa.Instamos al gobierno indio a reformar la legislación sobre los casos de difamación para permitir que los periodistas no sean condenados en juicios penales por simplemente hacer su trabajo».
