El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la nota emitida ayer por el Gobierno nicaragüense en la que se vertían «graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales», informa La Moncloa.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política, económica y social desde hace ya más de tres años que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del gobierno de Daniel Ortega contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes.
Las decisiones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, junto con la aprobación de un marco legal regresivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados.
El Gobierno de España rechaza de manera tajante el contenido de la nota remitida en el día de ayer por la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política.
Acontecimientos políticos en Nicaragua
Este 9 de agosto de 2021, el Gobierno de España hizo pública una nota diplomática en la que lamenta la decisión del Consejo Supremo Electoral de cancelar la personalidad jurídica del partido de la oposición nicaragüense Ciudadanos Por La Libertad (CxL).
Indica que «esta medida, junto a otras adoptadas recientemente por las autoridades nicaragüenses, como la aprobación de una reforma electoral no consensuada y muy alejada de las recomendaciones de la OEA y la UE; la promulgación de abundante legislación restrictiva y, en particular, la detención de los principales líderes y candidatos de la oposición a las elecciones de noviembre, impiden que el proceso electoral en ciernes ofrezca un resultado con garantías y credibilidad»
Y urge que Nicaragua «se dote de una autoridad electoral independiente, imparcial y no controlada por el partido en el gobierno» porque «solo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente acorde con los estándares democráticos internacionales puede ofrecer una salida a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua».
El Gobierno de España insta en esa nota al gobierno de Nicaragua a que «libere sin demora a los actores políticos detenidos, devuelva la personalidad jurídica a los partidos políticos y organizaciones civiles de la oposición, permitiendo su libre participación en las elecciones, y a que detenga la represión contra actores políticos y sociales de la oposición, así como el hostigamiento a medios de comunicación independientes».
