En las últimas semanas se han reportado más agresiones que violan y vulneran los derechos humanos de personas migrantes en el sureste de México, pero desde el Gobierno tienen un discurso que se contrapone a la realidad.
Dicen proteger a los migrantes que llegan al país, pero lo que realmente sucede es que intentan disolver a toda costa las caravanas migrantes con equipos antimotines, violando especialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En diversas ocasiones, la organización Save the Children ha condenado la excesiva violencia en contra de personas migrantes que huyen de sus países de origen debido a la violencia y la pobreza. Se lo han contado ellos mismos. En Tenosique (Tabasco), una madre, adolescente migrante, les refirió: «he tenido que correr varias cuadras [calles] con mi hijo, porque migración me ha querido detener».
Jorge Vidal, director de programas de Save the Children en México, asegura que les preocupa enormemente que, en este país, «funcionarios del Estado Mexicano, traten de esta manera a quienes vienen de situaciones de alto riesgo para su integridad y sus vidas», porque «estas acciones no solo no garantizan los derechos humanos, sino que los vulneran, puesto que estas personas han dejado todo lo que conocían para poder estar seguras y protegidas». Además, es grave, destaca, que niñas, niños y adolescentes migrantes, estén siendo detenidos o que se lleven a sus madres y padres y queden solos, a la deriva y expuestos a grupos de narcotráfico y trata de niñas y niños.
Es precisamente por esta situación, que los migrantes han exigido al gobierno de México ser reconocidas como personas refugiadas y que sus casos sean procesados en tiempo y forma, tal y como indican las leyes y normativas de México.
Sus quejas
Anita “N” de 41 años, menciona haber salido de Guatemala con sus hijos de 7 y 8 años de edad, debido a que vivía violencia doméstica. Cuenta que llegó a México hace cuatro años aproximadamente e intentó pedir ayuda a Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) en distintas ocasiones, «un día, una persona que laboraba ahí me dijo que no me iban a poder ayudar. En México, he sido secuestrada y amenazada por diferentes grupos criminales, y extorsionada por la policía. Quiero que mis hijos tengan seguridad y tranquilidad».
Por su parte, Rosy, quien viaja con su familia, dice que necesitan que les ayuden con los trámites migratorios, porque su hija enfermó y no la quisieron atender en el centro de salud al no tener ‘papeles’. «También los necesitamos para trabajar, ya casi estamos en la calle porque no tenemos para pagar el cuarto donde vivimos», asegura.
El caso de los haitianos
Es necesario señalar que un número importante de integrantes de las cuatro caravanas que partieron de la ciudad de Tapachula, en Chiapas, son de nacionalidad haitiana y buscan establecerse en otros lugares del país, o buscar el asilo en los Estados Unidos.
Hay que resaltar que la situación política de Haití y el reciente terremoto que provocó daños devastadores ha originado que el país no pueda garantizar la protección y seguridad de quienes están migrando; por el contrario, que regresen a su país les pone en peligro e incertidumbre.
«Frente a esto, el Gobierno de México debe implementar una política sustentada en los derechos humanos y en la perspectiva de género, para así garantizar los derechos de quienes migran y se encuentran en nuestro país, especialmente si se trata de niñas, niños y adolescentes», señaló Jorge Vidal.
Hay herramientas, pero no se usan
Desde el año 2019, instituciones y dependencias del Gobierno de México, con la colaboración y experiencia de organizaciones de la sociedad civil y agencias de la Organización de la Naciones (ONU) Unidas, elaboraron un instrumento de coordinación y gestión denominado Ruta de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración.
Este instrumento incluye numerosas herramientas para la identificación y protección integral de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias refugiadas, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado o en situación migratoria irregular. Sin embargo, y a pesar de múltiples esfuerzos de capacitación, este instrumento sigue sin implementarse en el país azteca, dejando altamente vulnerables a todos ellos.
En este sentido, Save de Children recuerda al Gobierno de López Obrador su obligación de velar por el respeto, protección y acceso a los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en el país, sin importar su nacionalidad, estatus migratorio o condición social. Y aseguran que, mientras el Ejecutivo no modifique su proceder, seguirán alzando la voz y señalando y exponiendo las violaciones a los derechos humanos en los que incurra.
