Hace casi un año, en algún lugar de la provincia de Quebec (Canadá), los habitantes de la zona oyeron el ruido del rotor de un helicóptero por encima de sus casas.
Ante aquel vuelo, de apariencia circular, como los vuelos de los buitres, los testigos observaron que aquel aparato sobrevolaba el territorio por encima de varias pequeñas poblaciones (Saint-Boniface, Saint-Elie-de-Caxton, Saint-Mattieu-du-Parc, Fred Pelerin y otras), donde los habitantes no son muy numerosos.
Como los demás, el pueblo de Saint-Elie-de-Caxton (1600 habitantes) está rodeado de bosques y quizá es el único lugar del mundo en el que hay señales de tráfico que advierten del peligro que suponen los duendes que habitan aquellos lugares.
Los testigos de la trayectoria del helicóptero misterioso vieron que aquel aparato llevaba prendido y arrastraba tras de sí una especie de aro metálico, según lo describe un amplio reportaje del diario francés Le Monde (Au Québec, où les compagnies minières veulent extraire des métaux stratégiques, la population organise la résistance)
Días después, supieron por el diario Le Nouvelliste (periódico publicado en la provincia francófona de Québec) que aquel extraño dispositivo en forma de aro era una sonda utilizada para localizar metales en la superficie. Dicha sonda envía señales electromagnéticas hacia el suelo para captar señales y trazas de la existencia de determinados minerales.
También tomaron conocimiento de que la sonda pertenecía a un grupo dedicado a la explotación minera y que dicho grupo empresarial ya era propietario de buena parte del subsuelo de su municipio. Sorpresa mayúscula porque los tranquilos habitantes del país no sabían nada de nada hasta aquel momento.
A veces, los duendes y los rumores preceden siempre a la información precisa. No fue el caso. Según los expertos de las empresas mineras canadienses, «el subsuelo de Québec es rico en niquel, litio, grafito, zinc y cobalto».
En Canadá, según una ley de minas que se remonta a 1880, la propiedad del subsuelo no pertenece a los propietarios, ni siquiera a los municipios en los que viven, sino «a la Corona». En la práctica, a los gobiernos provinciales (equivalente de las regiones autónomas en España). Legalmente, allí se entiende por subsuelo todo lo que queda más abajo de un metro de la superficie del terreno. Es una concepción legal heredada de los tiempos del free mining, de la conquista del Oeste, tanto canadiense como del vecino Estados Unidos.
Pero hoy basta abrir un sitio digital del gobierno y pagar 77 dólares canadienses (52 euros) para obtener la concesión sobre cincuenta hectáreas de subsuelo.
Y es importante que se perciba que determinados países que son grandes exportadores de proyectos mineros (Australia, Canadá, etcétera) quieren expanden esa cultura de la minería incontrolada.
Sin embargo, volviendo hacia el misterioso vuelo del helicóptero –en principio, inexplicado– los lugareños encontraron pronto una explicación: la codicia sobre aquellas tierras se había impuesto a la información que debería haberles llegado antes a ellos, de modo que ahora se han movilizado contra los proyectos extractivistas que los amenazan.
Desde hace tiempo, la calle principal de Saint-Elie-de-Caxton está decorada con pancartas que se resumen en una de ellas «Saint-Elie, incompatible avec l’activité minière».
En Saint-Boniface, un pequeño municipio vecino, la empresa Lincoln Gold Mining proyecta abrir una mina de niquel a cielo abierto.
La avaricia de las empresas mineras del mundo entero está dispuesta a pasar por encima de todos, pero no por lo que declaran sobre la transición verde, la transición energética, etcétera, etcétera, bla, bla, bla, sino por la subida de cotizaciones de los minerales (grafito, litio, niquel, cobalto, etc, etc) en las bolsas de Sidney, Londres o Nueva York.
En enero de 2024, la provincia de Québec (tres veces España territorialmente, 8,5 millones de habitantes) había registrado 352.852 concesiones de potencial exploración y explotación de subsuelos destinados a la minería. Esas concesiones son provisionales, pero tienen una validez de dos años… fácilmente renovables. En conjunto, abarcan el once por ciento del territorio quebequés, incluyendo zonas habitadas o cercanas a muy distintas localidades.
Los riesgos para la biodiversidad, los bosques y los recursos hídricos son evidentes. El potencial coste social y medioambiental resulta fácil de valorar.
En Quebec, las empresas mineras y las oficinas gubernamentales han recibido miles de cartas en las que se repite una idea: «No les hemos autorizado a que exploren en nuestra casa».
Según Le Monde, la asociación Creuse pas dans mon Caxton (No caves en mi Caxton, nombre de la comarca) ha promovido una campaña para que los propios vecinos adquieran derechos de minería en su zona. Tratan así de impedir que lo hagan los dueños de las empresas de la minería buitre. «También es una manera de denunciar la actitud colonial del gobierno de Quebec, que continúa malvendiendo bienes públicos a intereses privados», añaden.
Observan con desconfianza y son conscientes de cómo fueron desalojados una parte de los habitantes de Malartic (noroeste de la provincia de Quebec), después de que la mina a cielo abierto llegara allí a cavar una gran fosa de 360 metros de profundidad para seguir extrayendo oro.
En la comarca de Caxton, hay centenares de ríos y arroyos y unos mil seiscientos lagos, que suministran agua potable a dos docenas de municipios. «La más mínima contaminación que pudieran producir esos proyectos mineros sería catastrófica para nuestra capa freática», afirma Robert Matteau, un ingeniero jubilado que se implica en la resistencia contra los cow boys de las empresas implicadas.
Y citan ejemplos en los que eso ya ha sucedido en Quebec. También señalan los peligros para la biodiversidad y la amenaza que pesa contra especies en peligro, como la tortuga o las ardillas voladoras, que abundan en aquellas áreas boscosas.
La movilización de la ciudadanía ha obligado al gobierno a declarar una moratoria de los proyectos mineros, pero éstos no han sido suprimidos de un plumazo, mientras las autoridades provinciales y federales de Canadá siguen proclamándose campeonas «de la descarbonización». Ya saben, bla, bla, bla.
Incluso invitan a empresas de otros países a instalar fábricas de baterías en Montreal, la capital de Quebec, para incitarlas a captar una parte de sus recursos mineros. Y no faltan las subvenciones públicas para esa campaña de captación.
En otra comarca, cercana al lago Doré, al oeste de Quebec, el vecindario oyó por vez primera el ruido de las excavadoras en 2016. Una empresa anglocolombiana había logrado más de doscientos permisos de exploración y empezó rápidamente a extraer grafito en la pequeña población de Duhamel, área natural veraniega para miles de turistas con ganas de recorrerla con el buen tiempo: abundan los lagos de aguas limpias.
Sus habitantes se preguntan aún por donde van a seguir circulando los camiones con su carga mineral, qué puntos precisos atravesarán, por qué caminos y a través de qué pueblos, cómo van a impactar las explosiones de dinamita, con qué horarios sucederán.
«Todo nuestro desarrollo económico, que se basa en el turismo, sufrirá con esa actividad», ha declarado David Pharand, alcalde de Duhamel. En toda aquella región abundan los paisajes paradisíacos.
La ley de la minería de 1880 termina prevaleciendo sobre las normas de protección medioambiental actuales, a pesar de las promesas de reforma de dicha ley heredada del siglo diecinueve.
Activistas contrarios al desastre en marcha denuncian la falta de transparencia de las empresas y la complacencia oficial de las autoridades, que apenas responden a las cuestiones que les plantean los ciudadanos afectados sino cuando los proyectos ya han sido admitidos y financiados.
Así que en el fondo las viejas prácticas y la doctrina oficial sobre la minería no han cambiado en sus aspectos fundamentales. Así lo declaran algunos de sus mayores responsables. «No nos equivoquemos, necesitamos esos minerales, tanto para la transición energética como para nuestra propia salud», afirma Matïté Blanchette Vezina, ministra regional, responsable de los bosques y recursos naturales de Quebec.
Determinados expertos cercanos al conflicto entre intereses extractivistas e intereses sociales aceptan que habría que reconocer el derecho ciudadano a contar con una información previa clara. Pero subrayan siempre que eso pondría en peligro el viejo y arraigado concepto del free mining (libertad para la minería).
En 2020, la comunidad nativa de los algonquinos, a quienes se reconocen derechos propios y una cierta autonomía en sus territorios, denunciaron ante el Tribunal Supremo de Quebec las prospecciones mineras por su posible inconstitucionalidad y por no haber sido consultados previamente por parte del gobierno.
El juicio ya tuvo lugar a mediados de febrero, pero la sentencia podría afectar únicamente a las poblaciones autóctonas (indígenas), no a los demás habitantes de la provincia de Quebec.
Sin embargo, podría ser que esa decisión del tribunal «abriera una brecha en la sacrosanta ley de las minas», escribe Hélène Jouan, autora del citado reportaje en el diario Le Monde.
Así que por el momento, el free mining y el salvaje Oeste siguen sobrevolando los cielos de Quebec, como una amenaza para la vida de una parte de sus habitantes.
