A pesar de que en 2023 Pakistán se sumó a los países que han abolido la pena de muerte, y de que las ejecuciones disminuyeron en Arabia Saudí, Egipto y Singapur, el informe que Amnistía Internacional (AI) elabora anualmente sobre la pena de muerte en el mundo, publicado este 29 de mayo, atestigua que el número de personas ejecutadas en 2023 ha alcanzado el nivel más alto de los últimos diez años con 1153 frente a las 883 registradas en 2022, la mayoría de ellas (74 por ciento) en Irán.
En total, las ejecuciones tuvieron lugar en dieciséis países, cuando eran veinte en 2022, ninguno de ellos europeo y tan solo uno americano y otro africano.
El año pasado, la República Islámica ejecutó a 853 personas, lo que representa un aumento del 48 por ciento respecto al anterior: «Las autoridades iraníes han dado muestra del desprecio absoluto que sienten por la vida humana», subraya en un comunicado Agnès Callmard, secretaria general de AI.
Aunque el régimen de los ayatolás invoca diferentes motivos para justificar la enorme cantidad de condenas a muerte que se pronuncian cada año, la mayoría (el 56 por ciento) están motivadas por infracciones de la legislación sobre estupefacientes: «De las 853 ejecuciones constatadas en Irán, al menos 545 corresponden a infracciones que, según el derecho internacional, no deberían castigarse con la última pena», subraya el informe de AI. 38 ejecuciones estuvieron motivadas por «enemistad con Dios» o «corrupción en la tierra», y al menos veintidós por adulterio.
Las cifras relativas a Irán señalan que las ejecuciones afectaron a más hombres que mujeres (821 hombres y 24 mujeres además de ocho personas cuyo género se desconoce y un menor de diecisiete años), y que cinco de las víctimas eran menores en el momento de cometer la infracción.
Para AI, el aumento de las condenas a la pena capital en Irán pone de manifiesto entre otras cosas que el gobierno iraní quiere atemorizar al segmento de su población que extiende las llamadas a la movilización con el slogan «Mujer. Vida. Libertad», provocado por el asesinato en una comisaría de Teherán, de la joven kurda Mahsa Amini en septiembre de 2022, detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo obligatorio. En el balance total de ejecutados figuran al menos seis personas condenas por participar en esas manifestaciones en contra del régimen.
Aparte de las cifras de Irán, el número de ejecuciones aumentó en 2023 en Estados Unidos, Somalia y Yemen; AI no ha podido conseguir cifras exactas de las penas de muerte aplicadas en China «que sigue ostentando el liderazgo mundial», Corea del Norte y Vietnam, debido «al secreto de Estado y otras prácticas restrictivas».
En cuanto a la modalidad elegida para llevar a cabo las ejecuciones, Arabia Saudí practica la decapitación; Bangladesh, Egipto, Singapur e Irán prefieren ahorcar a sus condenados, Afganistán, Corea del Norte y Somalia optan por el fusilamiento mientras que en China, lo mismo que en Estados Unidos, se utiliza la inyección letal. Irán (siete) y Afganistán (una) conservan la tradición de efectuar ejecuciones públicas.
En el aspecto positivo, si lo hubiere, el informe de AI confirma la tendencia abolicionista, al día de hoy «112 países han abolido la pena de muerte, y 144 la han desterrado, en derecho y en la práctica».
