La detención, por parte de las autoridades marroquíes, del periodista y director de prensa Ali Anouzla constituye una agresión a los medios de comunicación independientes del país, y Ali Anouzla debe ser puesto en libertad de manera inmediata e incondicional, señala Amnistía Internacional.
Ali Anouzla fue detenido por policías vestidos de civil en su casa de Rabat a primeras horas del martes, poco después de que Lakome, su audaz medio informativo online en lengua árabe, publicara un artículo sobre un vídeo del grupo armado Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Aún no ha sido acusado de ningún delito.
“Tememos que Ali Anouzla esté siendo castigado por la independencia editorial de Lakome y por sus críticas a la política gubernamental, en lo que parece indicar un inquietante retroceso para la libertad de expresión en Marruecos. Ali Anouzla es un preso de conciencia y debe ser puesto en libertad de manera inmediata e incondicional”, ha manifestado Philip Luther, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Cuando los policías detuvieron a Ali Anouzla el martes, registraron su casa y confiscaron libros y documentos, así como su ordenador personal. Luego lo llevaron a las oficinas de Lakome, donde confiscaron también varios objetos, entre ellos piezas de ordenador fundamentales, según afirman periodistas que estuvieron presentes.
El martes, el fiscal general de la Corona de Rabat emitió una declaración pública en la que anunciaba que había ordenado la detención del periodista.
Según dicha declaración, la detención estaba relacionada con la publicación, por parte de Lakome, del vídeo de AQMI titulado “Marruecos: Reino de corrupción y despotismo”. El fiscal manifestó que el vídeo contenía “una clara invitación y una incitación directa a participar en actos de terrorismo en el Reino de Marruecos”.
En realidad, el artículo de Lakome en cuestión criticaba el vídeo, y no se podía considerar que apoyara los llamamientos que en él se hacían. Lakomeno no publicó el vídeo en sí, sino que publicó un enlace a un artículo del sitio web del periódico español El País, que había publicado el vídeo.
El Ministerio de Justicia marroquí anunció el martes que tiene también intención de emprender acciones legales contra El País por publicar el vídeo.
Ali Anouzla aún no ha sido acusado, pero Amnistía Internacional teme que pueda ser procesado en virtud de la ley antiterrorista de Marruecos, que incumple las garantías sobre juicios justos y otros derechos humanos. Los abogados del periodista han dicho a Amnistía Internacional que han recibido autorización para visitar a su cliente bajo custodia el viernes.
La ley marroquí no establece salvaguardias adecuadas para los sospechosos en casos relacionados con el terrorismo. Por otra parte, el “terrorismo” está vagamente definido, y una reforma del Código Penal permite a las autoridades mantener a los sospechosos de este delito detenidos en garde à vue (detención preventiva) hasta 12 días. Además, esa reforma amplía a seis días el periodo en el que a los detenidos como sospechosos de terrorismo puede negárseles el contacto con sus abogados. Estas reformas dejan a los detenidos expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos tales como tortura u otros malos tratos, y afectan a su derecho a una defensa adecuada.
“Los periodistas no deben ser nunca encarcelados simplemente por llevar a cabo sus actividades profesionales legítimas”, ha manifestado Philip Luther.
“La posibilidad de que Ali Anouzla se enfrente a un juicio injusto por cargos de terrorismo resulta sumamente preocupante, y es probable que tenga un efecto negativo sobre la libertad de expresión en Marruecos.”
Contexto general
La detención de Ali Anouzla se ha producido en un contexto general de acoso e intimidación contra los periodistas que critican a las autoridades en Marruecos, señala AI.
El 17 de junio de 2013, las autoridades marroquíes declararon al periodista Youssef Jajili, director de la revista Al An, culpable de difamación, y lo condenaron a una pena condicional de dos meses de prisión.
Omar Brouksy, reportero de la Agence France Presse, fue golpeado por agentes de policía en agosto de 2012 por informar sobre una manifestación encabezada por la oposición contra una ceremonia tradicional de lealtad al rey.
Dos meses después, el Ministerio de Comunicación le retiró la acreditación después de que publicara un artículo en el que informaba de que a las elecciones legislativas de Tánger se presentaban “candidatos cercanos al palacio real”.
Hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre la agresión contra Omar Brouksy y, sin su acreditación, este reportero no puede trabajar como periodista en su propio país.
Mientras tanto, el Código de Prensa y el Código Penal de Marruecos siguen penalizando la expresión pacífica cuando se considera que constituye difamación, que socava la monarquía o la integridad territorial de Marruecos, o que denigra al islam.
