Los trabajadores egipcios que se sumaron al levantamiento social de 2011 que derrocó al régimen de Hosni Mubarak aprovecharon los últimos dos años y medio para organizar sindicatos y presionar por reformas y mejores condiciones laborales y salarios, informa Cam McGrath (IPS) desde El Cairo.
Pero todavía libran una dura batalla contra un Estado que sigue restringiendo sus derechos y promoviendo al país como un paraíso de mano de obra barata atractivo para las grandes corporaciones.
«Nada ha cambiado», dijo el periodista y militante sindical Adel Zakaria. «El gobierno todavía no está dispuesto a reconocer los derechos de los trabajadores… y hace la vista gorda a violaciones laborales con el pretexto de querer atraer inversiones».
El autoritario régimen de Mubarak (1981-2011) mantuvo bajo estricto control a la fuerza laboral del país a través de un monopolio sindical, impidiendo acciones colectivas y obligando a los trabajadores a que apoyaran al partido de gobierno.
El Estado ignoró flagrantemente sus compromisos en tratados laborales internacionales, negándole a los trabajadores derechos básicos y reprimiéndolos.
El economista Amr Adly explicó que las políticas económicas neoliberales y el impopular programa de privatizaciones del gobierno agradaron al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, pero causaron un alto desempleo y ampliaron la brecha entre ricos y pobres.
«La economía creció rápidamente, pero la riqueza se concentró arriba sin que se desbordara nada» a los más pobres, dijo a IPS. «La mayoría quedaron excluidos del crecimiento económico».
En 2011, antes del derrocamiento de Mubarak, casi una cuarta parte de la población vivía por debajo de la línea de pobreza y millones trabajaban en una enorme economía paralela donde la seguridad laboral era inexistente.
Casi dos millones de egipcios recibían un salario mínimo mensual de 35 libras egipcias, unos cinco dólares según el tipo de cambio actual. Sobrevivían en realidad gracias a otros beneficios y bonificaciones, que sus empleadores muchas veces retenían como forma de presión.
En los últimos años del gobierno de Mubarak se multiplicaron las huelgas, en las que los trabajadores comenzaron a exigir el pago de beneficios atrasados y un aumento salarial.
«Las protestas laborales fueron parte del descontento social y económico que llevó a la revolución», dijo Adly.
Los sucesores de Mubarak, tanto los militares como la Hermandad Musulmana, perpetuaron sus políticas económicas y se limitaron a contener el malestar de los trabajadores, en lugar de atender sus causas.
Un estudio de 2009 de la Organización Internacional del Trabajo concluyó que los salarios en Egipto estaban entre los más bajos de 72 países estudiados.
El sueldo mensual promedio en Egipto es el equivalente a 542 dólares, similar al de México y Tailandia, y un tercio del registrado en Turquía.
Las condiciones económicas siguieron deteriorándose, mermando los salarios y llevando al índice de pobreza a un récord de 25,2 por ciento el año pasado.
La inestabilidad política ahuyentó a los inversores y devastó el sector turístico, otrora la mayor fuente de divisas del país.
Cifras del gobierno muestran que el desempleo pasó de nueve por ciento antes del levantamiento de 2011 a más de 13 por ciento, y que más de una cuarta parte de los jóvenes del país están sin trabajo.
La inflación llega al 10 por ciento, elevando los costos de vida y agravando la presión sobre los menos favorecidos.
«No hubo intentos de atar a los salarios a los crecientes costos de vida», dijo Zakaria. «La mayoría de los egipcios están peor ahora que antes de la revolución».
El levantamiento de 2011 ayudó a crear conciencia entre los trabajadores sobre sus derechos. Durante la caótica transición tras la caída de Mubarak se organizaron miles de sindicatos independientes, desafiando así el control estatal.
Los sindicatos independientes, que se estima representan a casi tres millones de trabajadores en este país de 85 millones de habitantes, estuvieron a la vanguardia de la última ola de protestas.
Zakaria dijo que el emergente movimiento sindical le dio más poder a los trabajadores. El año pasado hubo un récord de 2.000 acciones colectivas para exigir mejores salarios, el pago de beneficios pendientes y la reintegración de empleados despedidos.
Los trabajadores también exigieron al gobierno que elimine las leyes heredadas de la era Mubarak y establezca controles a los salarios.
«No todas (las huelgas) tuvieron éxito. De hecho, muchas fracasaron», dijo Zakaria a IPS. «Pero desde la revolución, el gobierno y los empleadores han estado más dispuestos a negociar con los trabajadores, en vez de golpearlos para que sean sumisos, si bien todavía hacen eso también».
En octubre de 2011, el gobierno cedió a las presiones y revisó el salario mínimo por primera vez en 25 años. Pero fue una victoria parcial, ya que el sueldo fue elevado a 700 libras egipcias (102 dólares), menos de la mitad de lo que exigían.
El gobierno actual prometió incrementar el salario mínimo mensual para los seis millones de trabajadores del sector público a 1.200 libras egipcias (174 dólares), pero rechazó los pedidos para que extienda el beneficio a los 19 millones de empleados en el sector privado.
Fatma Ramadan, de la Federación Egipcia de Sindicatos Independientes, dijo que el gobierno seguía avalando la explotación en el sector privado, pues teme ahuyentar a los inversores si realiza concesiones a los trabajadores.
El salario promedio semanal de los trabajadores públicos aumentó 29 por ciento en lo que va de este año, alcanzando los 124 dólares, según la Agencia Central para la Movilización Pública y Estadísticas. Los sueldos en el sector privados prácticamente han permanecido iguales.
«Los militares y los feloul (fieles al antiguo régimen) intervienen para impedir que los trabajadores gocen de sus derechos, incluyendo el de organizarse y realizar huelgas», dijo Ramadan.
«Ellos arguyen que los paros afectan a la economía, pero los trabajadores no deben abandonar sus derechos para proteger los intereses de los magnates de los negocios», añadió.
