El Gobierno admite que unos 500 jóvenes que declaran ser menores permanecen en alojamientos para adultos y que entre 500 y 700 continúan en la calle. La urgencia ya no consiste solo en identificarlos: las administraciones deben ofrecerles protección infantil inmediata y resolver cada expediente con garantías.
La crisis migratoria de Ceuta ha entrado en una fase marcada por la protección de la infancia. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cifró este martes en 2.321 los menores ya filiados, situó entre 500 y 700 a quienes todavía permanecen en la calle y reconoció que otros 500 jóvenes que declaran ser menores están alojados provisionalmente con adultos.
La crónica completa del Observatorio Ceuta en Aquí Madrid detalla las diferencias entre estas cifras.
Torres afirmó que este último grupo no volverá a la calle y pasará a recursos infantiles cuando se habiliten plazas. El anuncio no incluye todavía un calendario ni aclara cuántos tienen reconocida la minoría de edad.
La protección no puede esperar al cierre del censo
La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros obliga a prestar atención inmediata desde los servicios de protección cuando la edad de una persona indocumentada no puede establecerse con seguridad. El Ministerio Fiscal debe intervenir en la determinación de edad y, si se confirma que es menor, la persona queda a disposición del sistema autonómico de protección.
Las administraciones manejan universos distintos. Los 2.321 casos corresponden a menores filiados; la estimación de unas 2.400 personas de menos de 18 años ofrecida el lunes por Interior era un cálculo global. Los 500 alojados con adultos tampoco tienen que coincidir con los aproximadamente 500 menores cuyo traslado a la Península propuso en agosto el Gobierno de España.
Torres responsabiliza al Partido Popular y al Gobierno ceutí del bloqueo de esas salidas. La Ciudad sostiene que no ignoró la propuesta y que pidió información sobre destinos, protocolos y alojamientos. Al cierre no constaba una respuesta local específica al anunciado traslado de los jóvenes acogidos con adultos.
El Ministerio del Interior prevé completar cincuenta triajes diarios de menores. Acelerar ese trabajo puede reducir la incertidumbre, pero no sustituye la atención inmediata ni permite respuestas colectivas: la edad, la tutela, una posible reagrupación familiar y cualquier traslado deben resolverse de manera individual.
