Una decisión de Donald Trump de intentar retirar 810 millones de dólares para gasto social ya aprobados ha provocado una respuesta bipartidista en el Congreso. La disputa no se limita al destino de once partidas presupuestarias: enfrenta la autoridad del Ejecutivo con el poder constitucional de las cámaras para decidir el gasto público.
La Casa Blanca remitió la solicitud el 25 de septiembre, cinco días antes de que termine el ejercicio fiscal. El momento elegido permite mantener paralizados los fondos hasta su vencimiento, aunque la Cámara de Representantes y el Senado no aprueben su cancelación.
La maniobra, denominada «rescisión de bolsillo», afecta a programas de atención a refugiados, educación internacional, asesoramiento sobre vivienda, investigación sanitaria, integración de inmigrantes y asistencia exterior. La mayor partida asciende a 567,4 millones de dólares y corresponde a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
Un rechazo que alcanza al Partido Republicano
La senadora republicana Susan Collins, quien preside la Comisión de Asignaciones del Senado, afirmó que el Congreso no recibió aviso ni fue consultado. Collins considera que retirar fondos sin autorización parlamentaria vulneraría la ley.
La demócrata Rosa DeLauro, principal representante de su partido en la Comisión de Asignaciones de la Cámara, acusó a la Oficina de Gestión y Presupuesto de intentar eludir el poder del Congreso.
La GAO, organismo independiente de fiscalización parlamentaria, sostiene que la Ley de Control de Embargos permite al presidente proponer rescisiones y suspender temporalmente el gasto, pero no cancelar el dinero si las dos cámaras no lo autorizan.
La Administración ha indicado que pretende retirar los fondos aunque el Congreso no vote antes del 30 de septiembre. Esa posición puede trasladar el conflicto a los tribunales y convertir una operación presupuestaria de cuantía limitada en un precedente sobre la separación de poderes.
La crónica completa del Observatorio Trump en Aquí Madrid detalla las once partidas afectadas, el mecanismo legal utilizado y el contexto electoral de la disputa.
