Por Sara Lovera y Gloria Analco (SEMlac)
Pese a los mecanismos de protección federal y estatales y la existencia de una red nacional de auto cuidado, en lo que va de 2013 fueron asesinados tres periodistas mexicanos, otros tres desaparecieron y son constantes las agresiones contra estos profesionales que ven limitada su libertad de expresión.
La impunidad es lo que distingue estos ataques a la libertad de expresión y así se constató en el intercambio de experiencias de más de 120 periodistas de 22 entidades del país que, convocados por la Casa de los Derechos de Periodistas, celebraron su II Encuentro Nacional para analizar «La responsabilidad social del periodismo en un entorno de violencia».
El diagnóstico fue expresado por la presidenta de esa Casa, Judith Calderón, y certificado por Gerardo Sauri Suárez, titular de la Secretaría para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien aseguró que la capital del país y los estados de Oaxaca y Veracruz concentraron el mayor número de ataques, hasta octubre de 2013. En 2012, dijo, se conocieron 190 agresiones, cifra que será superada este año.
El encuentro, finalizado el sábado 2 de noviembre, por primera vez analizó la visión de género, que permite hacer visible las diferencias en el tipo de agresiones entre hombres y mujeres, al reconocer que la participación femenina en todos los campos de la actividad económica y social del país pone en riesgo a las profesionales del periodismo.
La periodista Carmen Aristegui, conductora de noticias en radio y televisión y quien ha recibido permanentemente presiones para limitar sus márgenes de crítica, propuso la utilización de códigos de ética y recurrir a la figura del Ombudsman por parte de los periodistas, para que pueda cumplirse el derecho fundamental que tiene la sociedad a estar bien informada.
También abordó el tema de amenazas, hostigamiento y hasta muerte que encuentran estos profesionales en México, por parte de los poderes reales en cada entidad de la República, con lo cual se pretende aniquilar el derecho a informar debidamente a la ciudadanía.
Aristegui, quien ha sido galardonada en varios países y debe circular en un auto blindado, dijo que México tiene una larga lista de desafíos que involucra a los periodistas, los medios de comunicación y a la propia audiencia. El mayor de ellos, precisó, es profesionalizar el trabajo periodístico para que responda a lo que urgentemente está demandando la sociedad: veracidad en las noticias.
El problema principal, dijo, es sistémico y estructural porque las relaciones del poder político con los medios de comunicación están determinadas por el uso que se hace de los recursos públicos en materia informativa, con tendencia más al halago de los funcionarios que a cumplir con su verdadera función de informar debidamente a la población.
Agregó que en plena campaña electoral surgió la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de transparentar el uso de los recursos públicos destinados a los medios de comunicación. Esto no se ha cumplido, pero es obligación de los periodistas insistir en ello, como es el caso de la propuesta de una Comisión Anticorrupción, otro de los ofrecimientos que parece haber quedado solo en el papel.
También hizo ver que los medios de comunicación no han logrado dar, en conjunto, una respuesta contundente a las agresiones que sufren los periodistas en todo el país. «No hemos podido responder con firmeza a los agravios», afirmó.
Añadió que mientras los costos sean mínimos para quienes cometen los ataques a los periodistas, estos seguirán ocurriendo, por lo que llamó a subir el tono al nivel de rechazo y protesta.
En respuesta a una pregunta, reconoció que la mayoría de los medios de información están en poder de la empresa privada, que impone sus intereses en el manejo de la información. Frente a ello propuso que los periodistas intenten un acuerdo con los propietarios mediante códigos de ética que garanticen, al menos, los límites informativos en que pueden moverse con márgenes de mayor libertad.
Ello, admitió, no es tarea fácil, pero puede ser un principio para romper el techo de cristal con que se enfrentan los informadores a la hora de ejercer su profesión.
También propuso impulsar la figura del Ombudsman, con poder jurídico para representar, mediar o ser guardián de derechos ciudadanos como el de la información, pues de lograrse bien su utilización puede ser un gran aliado de los periodistas.
Se trata, explicó, de ir construyendo una nueva cultura en la que dueños de los medios de comunicación, periodistas e incluso la audiencia vayan identificándose con nuevos códigos de ética en el manejo de la información, para señalar enfáticamente todo aquello que sea reprobable.
Aristegui sostuvo que a diario ocurren prácticas antidemocráticas en el uso de la información, al grado que ya se ve como algo natural, pero si se insiste con esas herramientas, con códigos de ética y la figura del Ombudsman, las actuales reglas del juego pueden ir cambiando. «Esa es una ruta por donde podemos conducir nuestros esfuerzos», recalcó.
Otro aspecto a tomar en cuenta es el punto «J» de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, que establece la igualdad entre hombres y mujeres al interior de los medios de comunicación y el derecho a la información como un derecho indispensable para ellas.
Ello obliga a los gobiernos a crear nuevas leyes y a los medios, a establecer códigos de ética y sistemas de autorregulación y a garantizar la capacitación para las mujeres periodistas y cerrar las brechas digitales. Enfatizó Aristegui que este es un ejemplo que podría aplicarse para todos los asuntos de la ciudadanía mexicana y de las y los periodistas en particular.
El II Encuentro ratificó el largo proceso de intervención de la Casa de los Derechos de Periodistas para impulsar nuevas legislaciones de protección a periodistas; de mecanismos que aseguren su libertad de expresión y para profesionalizar a quienes ejercen el oficio periodístico, como una forma de garantizar el derecho a la información de toda la ciudadanía.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de La Jornada, Amalia Rivera de la Cabada, destacó la enorme importancia que tiene, para quien ejerce el periodismo, una mirada abarcadora y con perspectiva de género que comprenda la violencia irrefrenable contra las mujeres en México.
Ofreció un detallado examen de cómo las redacciones del país se han nutrido cada día más de mujeres y que muchos temas ocultos han sido revelados por estas profesionales.
Anabel Hernández, autora de Los señores del narco, compartió sus experiencias de mujer periodista. Dijo que no compite más que con ella misma para desarrollar su trabajo de periodismo de investigación y que ha encontrado, como uno de los temas más impactantes, el de la trata de niños y niñas con fines de explotación sexual, sobre lo cual elabora un libro.
El II Encuentro Nacional concluyó con la formación de una Red Nacional de Periodistas que, bajo enlaces de autoprotección, podrán avanzar en mecanismos de prevención, autorregulación y nuevas formas de abordar la violencia en sus medios de comunicación.
Periodistas muertos
Los periodistas muertos son Jaime Guadalupe González en Chihuahua el 3 de marzo, Alonso de la Colina Noriega en Puebla el 14 de abril y Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa el 24 de abril en Coahuila.
Además se cuentan tres desaparecidos: Sergio Landa en Veracruz en enero, José García en Chihuahua en marzo y Gerardo Padilla en abril, en Chihuahua. Hubo 181 agresiones, siendo las más frecuentes los golpes, amenazas, robo de equipo, entre otras.
Los medios que han sido atacados son Diario de Ciudad Juárez y Canal 44 el 6 de marzo en Chihuahua, diario El Mural en Guadalajara el 18 de abril, El Mañana en Nuevo León el 12 de mayo, el periódico Libre en el Sur de Distrito Federal el 15 de mayo, Notivisión en Veracruz, el Siglo de Torreón en Coahuila, Presencia de Veracruz, El Piñero de la Cuenca en Oaxaca, revista Luces del Siglo en Quintana Roo y Contexto de Durango.
