El periodista colombiano Carlos Alfonso Pérez Sedeño denuncia que las amenazas de muerte le han obligado a
abandonar Arauca y dificultan su trabajo y su sustento. En una entrevista publicada el 1 de noviembre de 2026 por la Federación Internacional de Periodistas (FIP), explica que la protección estatal no evita las restricciones profesionales y familiares.
Pérez Sedeño, miembro de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), atribuye las amenazas a grupos armados ilegales y las relaciona con sus investigaciones sobre narcotráfico. Afirma que se intensificaron desde 2024. Su testimonio describe pérdida de intimidad, separación de sus allegados y dificultades económicas.
Cuenta con escoltas y un vehículo blindado, pero sostiene que las limitaciones de esa protección condicionan sus coberturas. También advierte de que el miedo a nuevas amenazas conduce a la autocensura.
El contexto regional está documentado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). El 10 de septiembre de 2026, la organización alertó de mensajes intimidatorios enviados a varios periodistas de Arauca, a quienes se acusaba de actuar como portavoces de un grupo armado. La FLIP rechazó esos señalamientos por poner en peligro a la prensa local.
La protección del periodismo en Arauca
En aquella alerta, la FLIP pidió que las autoridades priorizaran las amenazas en el consejo de seguridad previsto para el día siguiente y adoptaran medidas para impedir que se materializaran. También reclamó vías claras de investigación y sanción contra quienes estigmatizan a los informadores. La petición muestra que la respuesta solicitada incluye protección y esclarecimiento de los hechos.
La organización advirtió de que atribuir a los periodistas vínculos con actores armados los sitúa dentro de una confrontación de la que no forman parte y favorece la censura.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) explica en su información institucional que las solicitudes pasan por una evaluación individual. El procedimiento contempla entrevistas y comprobaciones sobre el terreno para determinar el nivel de riesgo. Después, un grupo de valoración analiza el caso y eleva sus conclusiones.
El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) examina esa información y recomienda medidas de protección y acciones complementarias.
El problema cuenta con antecedentes en Periodistas en Español, que recogió un balance de Fecolper sobre el periodo 2007–2012. Aquella cobertura ya señalaba que las amenazas perjudican tanto a los profesionales como al acceso de la ciudadanía a información relevante. Sus datos corresponden a ese periodo histórico y no describen la situación estadística de 2026.
