Estados Unidos llega a las elecciones legislativas con una cuestión previa resuelta: el Gobierno federal no podrá obligar a California a apartar miles de papeletas sobre la base de una lista de supuestos electores no ciudadanos cuya fiabilidad ha sido cuestionada por funcionarios estatales, organizaciones cívicas y los propios abogados de la Administración.
La nueva entrega del Observatorio Trump explica cómo varias decisiones judiciales han protegido las reglas ordinarias de votación y recuento antes de que los electores decidan quién controlará el Congreso durante los dos últimos años del mandato de Donald Trump.
El Supremo cierra la vía urgente
El Tribunal Supremo rechazó mediante una orden de una sola línea la solicitud del Departamento de Justicia para obligar a California a separar las papeletas vinculadas a una lista federal de más de 20.000 personas consideradas posibles no ciudadanas.
La resolución carece de firma y razonamiento. Tampoco aparecen disidencias públicas. Los magistrados no solicitaron siquiera una respuesta a California antes de denegar la medida, que había llegado al Supremo después de ser rechazada por un tribunal de distrito y por el Noveno Circuito.
Ese desenlace no determina que todas las personas incluidas en la lista tengan derecho a votar. Tampoco cierra las investigaciones sobre posibles infracciones individuales. Resuelve algo más concreto: el Gobierno no ha justificado una intervención judicial de emergencia capaz de alterar los procedimientos electorales estatales cuando ya habían sido devueltas más de seis millones de papeletas.
Del rechazo judicial a los límites operativos
La jornada produjo otras decisiones que no se limitan a rechazar las pretensiones federales. El juez James Boasberg prohibió a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional exigir a los funcionarios de California que separen votos o modifiquen sus procedimientos a partir de las listas federales.
Boasberg consideró probable que el Ejecutivo hubiera vulnerado la cláusula constitucional que reserva a los estados y al Congreso la regulación de las elecciones. La prohibición no impide perseguir el voto ilegal, que continúa siendo un delito federal. Impide que esa potestad penal se convierta en una facultad presidencial para rediseñar el recuento.
La jueza Tanya Chutkan restringió además la distribución de listas generales de supuestos no ciudadanos a las administraciones electorales. Su resolución permite las comprobaciones individuales mediante el sistema federal SAVE, pero bloquea el envío de listados susceptibles de provocar depuraciones o cambios colectivos en vísperas de la elección.
Otro tribunal condicionó el despliegue de observadores federales. El Departamento de Justicia se comprometió a utilizar personal administrativo, sin armas, uniformes, insignias policiales ni capacidad para detener. Las resoluciones y su estado procesal pueden consultarse en el seguimiento jurídico de Just Security.
Una defensa democrática más amplia que un partido
Estas medidas no representan únicamente una victoria del Partido Demócrata. Proceden de demandas promovidas por administradores electorales, sindicatos, organizaciones de derechos civiles y votantes, además de gobiernos estatales. Una demanda separada del comité senatorial demócrata fue desestimada por falta de legitimación.
La diferencia resulta relevante. La oposición democrática en sentido amplio ha trabajado para mantener reglas verificables y evitar cambios improvisados. La oposición partidista demócrata compite por transformar el descontento con Trump en mayorías parlamentarias, pero no ha ganado todavía ningún escaño.
La última encuesta de Reuters/Ipsos concede a los candidatos demócratas un 52 por ciento frente al 44 por ciento republicano entre votantes probables. El margen de error es de 2,9 puntos. En la muestra general, la aprobación presidencial se sitúa en el 32 por ciento y el coste de la vida aparece como principal motivo del voto.
La ventaja nacional no permite distribuir los escaños. La Cámara depende de 435 elecciones distintas y el Senado se decidirá en un grupo reducido de estados. Las divisiones demócratas en Michigan y los márgenes estrechos de Alaska, Iowa, Kansas, Maine y Ohio impiden tratar las encuestas como resultados.
Contar también forma parte de la elección
El control del Congreso puede tardar varios días en conocerse. California recibe un volumen elevado de papeletas por correo hasta el cierre, mientras Alaska y Maine pueden necesitar rondas adicionales de voto preferencial. En las legislativas de 2022, Associated Press tardó cuatro días en atribuir el Senado y ocho en determinar la mayoría de la Cámara.
El primer resultado institucional ya está, sin embargo, a la vista. Los tribunales han impedido que acusaciones todavía no verificadas modifiquen las reglas antes de votar. El siguiente examen será comprobar si esos límites se respetan durante el recuento y si las impugnaciones posteriores aportan pruebas concretas.
El análisis completo, con las decisiones judiciales, los datos demoscópicos y las cautelas necesarias para interpretar el escrutinio, puede leerse en Aquí Madrid: «El Supremo impide apartar 20.000 papeletas en California».
