La ofensiva parlamentaria contra Pete Hegseth ha colocado bajo examen una cuestión que atraviesa la política exterior de Donald Trump: quién decide cuándo Estados Unidos entra en guerra y qué límites debe respetar el mando militar. Los ocho artículos de juicio político presentados el lunes 9 de noviembre por el republicano Thomas Massie acusan al secretario de Defensa de vulnerar las atribuciones del Congreso, debilitar las garantías de protección de civiles y utilizar su cargo contra un senador que cuestionó la legalidad de determinadas órdenes militares.
La iniciativa llega una semana después de unas elecciones legislativas marcadas por el rechazo a la guerra con Irán y por la pérdida republicana del control de ambas cámaras. Massie, congresista por Kentucky y crítico de la política exterior intervencionista, ha recurrido a un procedimiento parlamentario que puede llevar la resolución a votación antes del miércoles 11 de noviembre.
La propuesta recibió el apoyo anunciado del dirigente demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. La dirección republicana, encabezada por Mike Johnson, se opone a celebrar una votación de destitución mientras continúan las operaciones militares estadounidenses en el extranjero.
El expediente, examinado por PolitiFact y descrito por Reuters, va más allá de las discrepancias sobre la guerra de Irán. Reúne actuaciones del Pentágono en distintos escenarios y plantea responsabilidades por decisiones adoptadas desde el comienzo del segundo mandato de Trump.
La autorización para la guerra, en el centro de tres acusaciones
Tres de los ocho artículos se refieren a presuntas vulneraciones de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, aprobada después de la experiencia de Vietnam para reforzar la intervención del Congreso en las decisiones militares.
La Constitución estadounidense atribuye al Congreso la facultad de declarar la guerra, mientras el presidente ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas. La legislación de 1973 establece procedimientos de comunicación y límites temporales para las operaciones iniciadas sin autorización legislativa.
Massie sostiene que la Administración inició la campaña contra Irán sin una declaración de guerra ni una autorización específica del Congreso y que continuó las operaciones pese a las objeciones parlamentarias. En sus artículos afirma que no existía un ataque inminente contra Estados Unidos o sus fuerzas que justificara actuar al margen de ese procedimiento.
La Casa Blanca mantiene una interpretación distinta de las facultades presidenciales. Trump ha defendido las operaciones como necesarias para neutralizar la amenaza nuclear iraní y el secretario de Defensa ha presentado la campaña como una actuación militar decisiva.
El conflicto jurídico se ha convertido en una controversia política de primer orden. La Administración reclama libertad de actuación militar; Massie y sus aliados quieren que el Congreso recupere capacidad de decisión sobre el alcance, la duración y la financiación de las operaciones.
La escuela de Minab y la protección de la población civil
Otro artículo se concentra en las garantías destinadas a reducir las víctimas civiles. La resolución de Massie menciona un ataque contra una escuela primaria en Irán, en la localidad de Minab, al comienzo de la guerra, que habría causado la muerte de más de doscientas personas, según las cifras recogidas en la acusación.
Massie responsabiliza a Hegseth de haber debilitado estructuras del Departamento de Defensa encargadas de evaluar los daños a civiles y revisar los procedimientos operativos. La acusación vincula esas decisiones con el discurso del secretario a favor de una mayor letalidad militar y de reglas de enfrentamiento menos restrictivas.
La investigación parlamentaria sobre este episodio puede examinar los procedimientos de selección de objetivos, las evaluaciones de inteligencia previas a los ataques y la aplicación de las normas destinadas a proteger instalaciones civiles.
Hegseth rechaza las críticas a la conducción de la guerra. El lunes defendió la necesidad de la intervención contra Irán y anunció una comparecencia ante la prensa para el martes 10 de noviembre, la primera conferencia formal de este tipo en el Pentágono en más de seis meses, según Associated Press.
Los ataques a embarcaciones y la obligación de rescatar supervivientes
La resolución también cuestiona las operaciones estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. El Gobierno las ha presentado como acciones contra el narcotráfico; Massie acusa al Pentágono de haber autorizado el uso de fuerza letal sin procedimientos suficientes para determinar la responsabilidad de las personas atacadas.
El artículo correspondiente menciona al menos 221 muertos y denuncia ataques posteriores contra supervivientes de embarcaciones destruidas. La cifra y la caracterización de los hechos forman parte del expediente acusatorio y deberán contrastarse con los registros operativos, las órdenes impartidas y la documentación que pueda obtener el Congreso.
Los juristas consultados por PolitiFact distinguen este capítulo de la controversia sobre la autorización para iniciar una guerra. El profesor emérito de Derecho Frank O. Bowman III considera especialmente relevantes las acusaciones relacionadas con ataques contra embarcaciones y las garantías constitucionales de los legisladores.
La cuestión afecta al control jurídico de las operaciones militares y al tratamiento de personas que sobreviven a un ataque. La documentación del Pentágono sobre identificación de objetivos, órdenes de intervención y asistencia a náufragos puede adquirir un papel central en las investigaciones parlamentarias.
El caso Mark Kelly: la libertad de expresión frente a la disciplina militar
Una de las acusaciones se refiere a la actuación de Hegseth contra Mark Kelly, senador demócrata por Arizona y antiguo piloto de la Marina estadounidense.
Kelly participó en un vídeo junto con otros congresistas con experiencia militar o en los servicios de inteligencia. En él recordaban a los integrantes de las Fuerzas Armadas que no están obligados a ejecutar órdenes ilegales. El Pentágono respondió con amenazas de medidas disciplinarias y Hegseth emitió una censura formal contra el senador.
Massie considera que esa actuación vulneró los derechos de expresión de Kelly y las garantías constitucionales que protegen la actividad de los miembros del Congreso. El artículo introduce así un segundo conflicto institucional: la capacidad de un secretario de Defensa para adoptar represalias contra un legislador que cuestiona públicamente las órdenes del Ejecutivo.
La controversia adquiere especial relevancia porque Kelly ha participado en el debate sobre el liderazgo de la futura mayoría demócrata del Senado y ha anunciado su respaldo a Chuck Schumer. Su trayectoria militar y su posición parlamentaria sitúan el caso en la intersección entre las Fuerzas Armadas y el control civil de sus actuaciones.
Venezuela y Yemen completan el expediente
Los dos últimos artículos se ocupan de operaciones estadounidenses en Venezuela y Yemen.
En el primer caso, Massie cuestiona la intervención militar que permitió capturar a Nicolás Maduro en enero de 2026. La Administración presentó aquella operación como una actuación destinada a llevar al dirigente venezolano ante la justicia estadounidense por acusaciones relacionadas con el narcotráfico. El congresista la considera una intervención armada contra un Estado soberano y sostiene que estuvo vinculada al interés estadounidense por sus recursos petroleros.
Respecto de Yemen, la resolución atribuye al Pentágono una campaña de más de 1100 ataques durante más de cincuenta días, con cientos de víctimas entre civiles y combatientes hutíes, según las estimaciones citadas en el documento. Massie vuelve a cuestionar la autorización parlamentaria de las operaciones y la justificación ofrecida por el Ejecutivo.
La amplitud geográfica del expediente permite examinar una misma línea de actuación militar en escenarios diferentes. Irán, Yemen, Venezuela y las operaciones marítimas comparten preguntas sobre la autoridad para emplear la fuerza, la revisión jurídica de las órdenes y la rendición de cuentas de los responsables políticos.
Johnson intenta contener la votación mientras Trump respalda a Hegseth
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha rechazado la iniciativa y sostiene que someter al secretario de Defensa a un juicio político durante las hostilidades enviaría una señal perjudicial a aliados y adversarios. La dirección republicana puede intentar archivar la resolución o remitirla a un comité para evitar una votación directa sobre los ocho artículos.
Massie ha reclamado que cada congresista se pronuncie sobre el contenido de las acusaciones. El procedimiento elegido permite forzar una respuesta parlamentaria en un plazo breve, en las últimas semanas de la mayoría republicana.
Trump ha cerrado filas con su secretario de Defensa. El lunes afirmó que mantendría su apoyo a Hegseth y atacó personalmente a Massie. El secretario de Estado, Marco Rubio, también defendió la gestión de su compañero de gabinete.
El propio Hegseth ha respondido reivindicando los resultados de las campañas militares. Su defensa se produce mientras la Administración busca impulsar un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares, una propuesta cuya tramitación puede complicarse por el deterioro de las relaciones entre el Pentágono y el Congreso, según Reuters.
El precedente de 1876 y el Congreso que tomará posesión en enero
El juicio político contra un responsable civil de las Fuerzas Armadas tiene un precedente singular. En 1876, la Cámara de Representantes acusó al entonces secretario de Guerra, William Belknap, por un escándalo de corrupción. Belknap dimitió antes de la votación, pero la Cámara aprobó los cargos y el Senado lo juzgó posteriormente, sin alcanzar los votos necesarios para condenarlo.
El caso de Hegseth se desarrolla en un contexto distinto, marcado por la guerra con Irán y por una derrota electoral que ha fracturado al Partido Republicano. El Congreso actual seguirá bajo control republicano hasta el 3 de enero de 2027; después, los demócratas dirigirán ambas cámaras y podrán impulsar investigaciones sobre las operaciones militares, las decisiones presupuestarias y la actuación de los responsables del Pentágono.
Massie ha defendido que Trump sustituya a Hegseth mientras todavía dispone de una mayoría republicana en el Senado capaz de confirmar a un sucesor. El congresista considera que las investigaciones del próximo Congreso someterán al secretario a una presión mayor.
La votación que puede celebrarse esta semana será el primer examen parlamentario de conjunto sobre la actuación de Hegseth en varios escenarios militares. También permitirá conocer qué legisladores republicanos están dispuestos a cuestionar al Pentágono después de unas elecciones en las que la guerra con Irán se convirtió en un motivo central de descontento.
Esta información forma parte del seguimiento del Observatorio Trump. La dimensión política de la iniciativa de Thomas Massie y la respuesta del presidente estadounidense se analizan en la crónica publicada el 10 de noviembre en Aquí Madrid.
