Los sindicatos de periodistas reclaman protección laboral frente a la violencia contra personas trans

El Consejo de Sindicatos Mundiales reclamó el 20 de noviembre de 2026 medidas para proteger a las personas trans de la violencia y la discriminación en el trabajo. La declaración, suscrita por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y otras organizaciones, vincula el Día de la Memoria Trans con obligaciones concretas de gobiernos y empleadores.

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A las empresas les pide negociar con los sindicatos protecciones exigibles frente al acoso, garantizar un acceso seguro e igualitario a las instalaciones laborales y establecer canales confidenciales de denuncia que eviten represalias. A los gobiernos les reclama prevenir e investigar las agresiones, exigir responsabilidades y eliminar disposiciones discriminatorias.

El llamamiento se apoya en la actualización del proyecto Trans Murder Monitoring, de TGEU, publicada el 11 de noviembre. El registro documentó 273 asesinatos de personas trans y de género diverso entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, en 35 países.

Según esa actualización, el 69 % de los casos registrados se concentró en América Latina y el Caribe, y el 95 % de las víctimas eran mujeres trans o personas transfemeninas. El informe sitúa a quienes ejercían trabajo sexual como el grupo más afectado entre las ocupaciones conocidas.

Los límites del registro y las garantías laborales

TGEU advierte de que el proyecto recoge asesinatos reportados, no todos los ocurridos. La organización considera que las dificultades para documentarlos han aumentado por la reducción del espacio cívico, la hostilidad y los recortes de financiación. Por ello, un descenso de los casos contabilizados no permite concluir que haya mejorado la seguridad.

La distinción importa al trasladar las cifras al debate público: un registro depende tanto de la violencia que ocurre como de la posibilidad de identificarla y documentarla. Los datos describen los casos reunidos por el proyecto; no constituyen un censo mundial exhaustivo.

En el ámbito laboral existe un marco internacional más amplio. El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre violencia y acoso, incluye conductas y amenazas capaces de provocar daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos. Su ámbito abarca a personas que trabajan con independencia de su situación contractual, así como a quienes están en formación o buscan empleo.

El convenio contempla situaciones que exceden el puesto físico de trabajo: comunicaciones profesionales, desplazamientos relacionados con la actividad y utilización de instalaciones sanitarias o vestuarios, entre otras. Para los Estados que lo ratifican, establece obligaciones de prevención y respuesta que deben aplicarse mediante los instrumentos nacionales correspondientes.

También prevé mecanismos seguros de reclamación, protección contra represalias y salvaguardas de privacidad. Son elementos que permiten concretar el debate sobre entornos laborales seguros: identificar riesgos, disponer de vías para denunciarlos y asegurar que recurrir a ellas no agrave la vulnerabilidad de la persona afectada.

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