La Comunidad del Caribe (Caricom) suspendió el proceso de ingreso de República Dominicana a la agrupación, como castigo a la sentencia judicial de ese país que retiró la ciudadanía de forma retroactiva a miles de hijos de padres extranjeros nacidos en el país, la mayoría haitianos, en lo que habilita su deportación, informa Peter Richards (IPS) desde Puerto España.
La medida fue adoptada por la Caricom, conformada por 15 países, en una reunión extraordinaria en esta capital de Trinidad y Tobago el martes 26, para responder al fallo adoptado el 23 de septiembre por el Tribunal Constitucional (TC) dominicano.
En un comunicado, la Caricom dijo que la sentencia es «discriminatoria» y «excluye en forma retroactiva a miles de ciudadanos dominicanos, mayoritariamente de ascendencia haitiana», convirtiéndolos en apátridas. Una situación que especialistas temen que genere una catástrofe humanitaria en el área.
Previamente a la cita, el presidente dominicano, Danilo Medina, había prometió que no habría deportaciones a consecuencia del fallo, con efectos retroactivos a 1929 y que recibió críticas generalizadas de la comunidad internacional.
Pero el presidente de Haití, Michel Martelly, denunció que República Dominicana ya deportó a 300 personas de origen haitiano, «que no conocen el país, que no tienen familia en Haití y que ni siquiera hablan el idioma». Los dos países en conflicto por la sentencia comparten la isla de La Española.
Delegaciones de los dos gobiernos sostuvieron un encuentro en Caracas, promovida por el gobierno venezolano, que culminó el día 19 con un acuerdo en que las dos partes se comprometieron a priorizar el diálogo como forma de superar este conflicto y a tener un nuevo encuentro el sábado 30.
Pero el gobierno dominicano formalizó el miércoles 27 su decisión de no concurrir a esa cita en Caracas, después que Martelly ya había amenazado con cancelar la participación de su país en las negociaciones.
«No tenemos por qué seguir con las reuniones si ellos no exhiben algún tipo de acción», remarcó Martelly a IPS. Entre los deportados hay niños y niñas, algunos recién nacidos, agregó.
Un estudio publicado este año con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas estimó que hay 210.000 personas de ascendencia haitiana nacidas en República Dominicana y 34.000 más con padres de otras nacionalidades.
Los cálculos del gobierno dominicano son que en el país viven aproximadamente 500.000 personas nacidas en Haití.
La primera ministra trinitobaguense y actual presidenta de la Caricom, Kamla Persad- Bissessar, se comprometió en la reunión a exponer la situación ante otros foros regionales, como la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para que se adopten también medidas contra el fallo.
Además, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará República Dominicana a principios de diciembre por este tema.
«Es especialmente repugnante que la sentencia ignore las recomendaciones hechas en 2005 por la CIDH para que República Dominicana adapte sus leyes y prácticas de inmigración a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos», resaltó la presidenta de Caricom.
«El fallo también viola las obligaciones internacionales de República Dominicana en derechos humanos», dijo Persad- Bissessar.
El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, especialmente activo en el rechazo a la sentencia dominicana y quien participó en la reunión de la Caricom, dijo promoverá sanciones para República Dominicana en otros foros regionales.
La «diplomacia silenciosa» no tuvo resultados y «claramente tenemos que subir la apuesta para que el gobierno y la autoridad competente actúen», dijo Gonsalves a IPS, quien ha escrito dos cartas a Medina para tratar de que su país eche atrás la media.
En el centro de la controversia está en la anulación de la ciudadanía a los hijos de inmigrantes haitianos, nacidos en tierra dominicana después de 1929, cuyos padres llegaron para trabajar en las fincas del vecino más prospero.
Grupos de la sociedad civil de la región demandaron a la Caricom para que actuase contra una media que viola convenciones de derechos humanos. Organizaciones caribeñas reunidas en Colombia la tercera semana del mes condenaron el fallo por «inmoral, injusto y totalmente inaceptable».
«Un sector de por sí marginado de la población dominicana se convierte en más vulnerable aún frente a los actos de discriminación y abuso cotidianos por el color de su piel y/o el sonido de sus nombres», afirmó a IPS el ex secretario general de AEC, Norman Girvan.
La Caricom tiene la oportunidad de «evitar una catástrofe humanitaria», agregó.
Pero la tarea para que República Dominicana mitigue las consecuencias del fallo serán arduas, indicaron especialistas en temas caribeños en esta capital, que recordaron que esta acción es el último eslabón de décadas de tensiones culturales y económicas entre los dos países.
A principios de este mes, el embajador de República Dominicana ante Estados Unidos, Aníbal De Castro, puntualizó en respuesta a un artículo publicado en Puerto España que su país» no otorga la ciudadanía a todos los nacidos en su jurisdicción.»
«De hecho, Estados Unidos es uno de los pocos países que mantienen esta práctica. En la mayoría… la norma es que la ciudadanía se obtenga por origen o que sea conferida en ciertas condiciones», aseguró.
«Desde 1929, la Constitución de República Dominicana establece que a los hijos de personas en tránsito, una situación jurídica temporal, no les corresponde la ciudadanía dominicana», agregó.
El día 6 cientos de personas se manifestaron en Santo Domingo a favor del fallo y hasta sugirieron la construcción de un muro entre las dos partes de La Española.
Emilio Santana, del grupo Guardia Nocturna de San Juan, afirmó que muchos dominicanos no reciben asistencia sanitaria porque los recursos se están utilizando para ayudar a los haitianos. También exhortó al presidente Medina a que intervenga para «evitar que, de manera silenciosa y masiva, los haitianos se apoderen del territorio» dominicano.
«Me siento humillado e indignado, pero no por mi presidente, me siento humillado por esas ONG (organizaciones no gubernamentales) que negocian con la pobreza de los haitianos y que son unos destruye patria», exclamó Santana en el mitin.
Otro orador, el jurista Juan Manuel Castillo Pantaleón, dijo que el Tribunal Constitucional «nos ha levantado a todos los dominicanos para defender como un solo hombre la soberanía nacional».
El fallo es un hito, «porque define claramente quiénes somos dominicanos y… se reafirman las leyes y las instituciones, tal como está previsto en la Constitución», agregó.
«La comunidad internacional hipócrita que le ha ofrecido ayuda a Haití, quedando solo en promesas y en algunos casos robadas, pretende que nosotros los dominicanos asumamos un Estado fallido», sostuvo Castillo.
En su comunicado, la Caricom llamó a la comunidad internacional a presionar a República Dominicana para que «adopte medidas urgentes para asegurar que la decisión del TC no se aplique».
«El gobierno debe demostrar su buena fe mediante medidas creíbles inmediatas, como parte de un plan global para resolver la nacionalidad y cuestiones concomitantes en el menor tiempo posible», agregó.
