Las autoridades rusas han informado a los 30 del Ártico que no pueden abandonar el país, desafiando el fallo del Tribunal Internacional que ordenó que se les permitiera volver a casa, informa Greenpeace.
El Comité de Investigación ha comunicado por escrito a una de los activistas de los «30 del Ártico» que no tiene libertad para salir del país. Los abogados de Greenpeace estiman que el resto de los ciudadanos no rusos van a ser tratados de la misma manera, lo que significa que se verán obligados a permanecer en San Petersburgo durante las navidades y posiblemente después.
La semana pasada, los abogados de los 30 del Ártico pidieron al Comité contactar con el Servicio Federal de Migraciones (SFM) y reclamaron el visado para los activistas de nacionalidad no rusa, para que pudieran abandonar el país y regresar a él cuando fueran reclamados por las autoridades. Pero en el escrito a una de las activistas, Anne Mie (Dinamarca), el Comité expresa que no está dispuesto a pedir al SFM que emita los visados. El SFM ha expresado con anterioridad que no emitirá las visas hasta que no reciba una petición directa del Comité de Investigación.
Ante esta decisión del Comité de Investigación, Pette Wilcox, capitán del Arctic Sunrise, ha declarado desde San Petesburgo, de donde no puede salir: «Estoy listo para volver a casa con mi familia. Fuimos abordados en aguas internacionales y llevados a territorio ruso contra nuestra voluntad, después acusados de un crimen que nunca cometimos y encerrados en prisión durante dos meses. Un respetado tribunal internacional ha dicho que se nos debería permitir volver a casa, así también lo han pedido muchos presidentes y primeros ministros. Pero no podemos conseguir las visas para salir del país, e incluso si pudiéramos salir, no hay garantía para confirmar si el Comité de Investigación me requerirá para declarar el mismo día que llegue a casa, obligándome a incumplir las condiciones de mi libertad bajo fianza. O todo esto es un error o estamos atrapados en un círculo vicioso burocrático o es un desaire deliberado contra el derecho internacional. Todo esto es una farsa».
El Arctic Sunrise fue abordado y capturado después de una protesta pacífica en una plataforma petrolífera en el mar de Pechora.
Un fallo en noviembre del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), compuesto por 21 eminentes jueces, ordenó a la Federación Rusa que liberase el barco y que los 30 pudieran regresar a sus casas inmediatamente, tan pronto como se depositase una fianza de 3,6 millones de euros en forma de garantía bancaria. Holanda, país donde el Arctic Sunrise está abanderado, depositó la fianza el pasado 29 de noviembre. Rusia está ahora desafiando está orden.
«La Federación de Rusia está violando ahora claramente una orden vinculante de un tribunal internacional. Mientras el presidente Vladimir Putin afirmaba en una famosa carta abierta al pueblo estadounidense sobre Siria, ‘La ley es todavía la ley, y hay que cumplirla, nos guste o no. En su discurso sobre el Estado de la Nación ayer en Moscú, agregaba Putin: ?Nosotros no tratamos de dar lecciones a nadie, sino promover el derecho internacional?. Es hora de que las autoridades actúen con ese espíritu y permitan que los 30 Ártico puedan ir a casa con sus familias inmediatamente», ha declarado el responsable jurídico de Greenpeace, Daniel Simons.
En su carta a la activista de Greenpeace Anne Mie, la Comisión de Investigación declara que no va a liberar el barco Arctic Sunrise porque su detención fue autorizada por un tribunal ruso.
Greenpeace señala que la Duma (el parlamento ruso) va a votar una amnistía este mes; esta amnistía permitiría retirar los cargos contra los 30 del Ártico. Sin embargo, el borrador del decreto de amnistía, presentado por el presidente Putin, no incluye a los 30 del Ártico. Solo se les podría incluir si incluyeran una enmienda.
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