El Observatorio de los Periodistas de Cerigua manifiesta en un comunicado su preocupación por la situación creada en el ámbito de la libertad de expresión ante las acciones legales iniciadas en contra del periodista Jose Rubén Zamora, por parte del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti, y considera que violentan garantías constitucionales con la pretensión de acallar una voz crítica.
El artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece claramente que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, aun y cuando hubieren cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.
La Ley de Emisión del Pensamiento, de rango Constitucional, indica el procedimiento a seguir cuando una persona se sienta agraviada por actos que “falten al respeto, a la vida privada o a la moral, o incurran en los delitos y faltas sancionados por esta ley”. “Los delitos y faltas en la emisión del pensamiento por los medios de difusión serán juzgados privativamente por un jurado que declare, en cada caso, conforme a su leal saber y entender, si el hecho es constitutivo de delito o falta, o no lo es.”
Es decir, que los Periodistas tenemos el privilegio de contar con un mecanismo legal para dirimir si nuestras actuaciones en el ejercicio profesional están enmarcadas en la tipificación de un hecho delictivo. Este procedimiento, que no es opcional sino de obligatorio cumplimiento, no fue respetado por la figura presidencial lo que constituye una acción inaceptable sobre todo por su investidura, sus funciones y representatividad. Cuestionable también es la actitud de la Juez y del Juez que dieron trámite a dichas demandas pues su función exige absoluto respeto y apego a la Constitución Política de la República, no importa quienes estén promoviendo las acciones.
Es a todas luces inaceptable que el presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti acudan a la vía penal para que cesen las críticas de Zamora para lo cual lo acusan de incurrir en violencia contra la mujer, coacción, extorsión, violación a la Constitución e incluso desacato a los presidentes de los organismos del Estado, delito que fue expulsado de la legislación guatemalteca.
El Observatorio de los Periodistas no aprueba el léxico denigrante que en varias ocasiones se ha utilizado en espacios publicados en el medio del cual el señor Zamora es Presidente, sobre todo el estilo que priva en el llamado “ el peladero” que no puede ser considerado un periodismo serio, carece de fuente y no está calzado con firma responsable alguna, lo que vulnera el ejercicio periodístico, la ética y la responsabilidad profesional, sin embargo considera que esto es parte de lo permisible en una democracia; en todo caso, la vía a la que se debió acudir es la que marca la Carta Magna que tiene prevalencia sobre cualquier otra ley. Esta vía es el Tribunal de Imprenta, cuya integración y procedimiento está claramente regulado en la Ley de Emisión del Pensamiento.
Asimismo, exhorta a las autoridades judiciales que den fiel cumplimiento a lo que la Constitución Política de la República y la Ley de Emisión del Pensamiento establecen para estos casos, actuación que es la que corresponde a su investidura y es lo que la ciudadanía espera de quienes tienen en sus manos la aplicación de la ley.
Finalmente, el Observatorio de los Periodistas llama a las altas autoridades del país para que rectifiquen, que recurran a la vía correspondiente que la Constitución establece y que eviten crear más problemas al gremio periodístico que ya está suficientemente afectado con el clima de violencia que rodea su ejercicio profesional, con los 4 asesinatos ocurridos el año anterior, las reiteradas violaciones provocadas por distintos actores, incluyendo autoridades de distinto nivel; Insta al sistema de justicia para que aplique correctamente la ley y a nuestros colegas a cerrar filas en defensa de la libertad de expresión un derecho tutelado por la máxima ley del país, requisito indispensable en la democracia.
