Estos días estamos asistiendo a una auténtica guerra por “poseer” al máximo número de personas de la etnia triqui del Estado de Oaxaca. Desplazados de la localidad de San Juan de Copala, éstos se caracterizan por sus vistosos atuendos de color rojo que tejen ellos mismos.
Y son pobres, muy pobres. No tienen nada y viven donde pueden. Los vi en la plaza de Puebla, en una especie de campamento ubicado en los soportales, hace tiempo. Y los he visto en el Zócalo del Distrito Federal, acampados y, habitualmente, vendiendo sus artesanías.
Precisamente por su precaria situación, es habitual que alguna asociación les brinde su ayuda. Lo que no debería ser habitual es que esa filantropía sea interesada: cuantos más miembros tengan a su cargo, mayores serán las aportaciones gubernamentales. Eso no significa que las asignaciones se destinen en su totalidad a los triquis. Más bien habría que desconfiar de tanto altruismo, si tenemos en cuenta que las comunidades indígenas del país están bastante abandonadas por los planes gubernamentales, y que suelen ser utilizados de forma descarada en las campañas electorales. A penas saben leer y escribir, muchos ni hablan español, tienen la piel morena (un rasgo inequívoco de pobreza, casi siempre), y están poco integrados en la sociedad. Con ese perfil, engañarles no tiene demasiada dificultad.
Y en esa guerra por las subvenciones, que otro motivo no parece haber, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca está empeñada en retirar a unos padres la custodia de su hija, menor de edad, alegando que la querían vender por 40.000 pesos (unos 2.350 euros) a un miembro de su comunidad (Basilio Ramírez). La Fundación Tinunjei se ha opuesto a ello, alegando que todo es un montaje de la Defensoría y su presidente, Arturo Peimbert, para “castigar” a los díscolos.
La niña se enteró por terceros de la supuesta venta y, lógicamente, aceptó entrar en un centro de acogida mientras se dirimía el asunto en los tribunales, convencida de que era verdad, negándose a estar con sus padres. Ahora, tras no pocas sesiones en los juzgados, la menor ha solicitado abiertamente regresar con su familia.
La historia según los triquis y Tinunjei
El 6 de agosto del 2013, el titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca llamó a los beneficiarios de las Medidas Cautelares MC 197-10 y desplazados de San Juan Copala a una reunión de carácter urgente y resolutiva para abordar los temas relacionados a los desplazados en la sede de la Defensoría. Asistieron todos, pues se encontraban acampados en los corredores del Palacio de Gobierno (ayuntamiento) de Oaxaca. Al iniciar la reunión, el titular de la Defensoría, mandó expulsar del evento a Basilio Ramírez García, secretario del grupo, y a su hermana, Margarita Ramírez García, a petición de Braulio Hernández Hernández y Mariana Flores López, miembros de la Defensoría. En dicha reunión, Braulio y Mariana lograron dividir y convencer a una parte de los asistentes a abandonar el lugar donde se encontraban a cambio de 160 mil pesos (poco más de 9.400 euros).
Al finalizar la reunión, Braulio, Mariana y Peimbert Calvo, retuvieron en las instalaciones de la Defensoría a Noemí Cruz Santiago (la niña en litigio) de 15 años de edad, para obligar a sus padres, María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar, a formar parte del nuevo grupo de desplazados.
El 8 de agosto, los padres de la menor intentaron rescatarla pero se lo impidieron diversos miembros de la Defensoría. Días después, la prensa local informaba del rescate de varias personas de un prostíbulo, entre las que se encontraba Noemí, Mariana y otra menor. Ante la noticia, Maria Juana y Margarito (analfabetos y que no hablan castellano) intentaron denunciar los hechos en la subprocuraduría (comisaría), pero les fue denegado. Enterados los miembros de la Defensoría, les acusaron de forma oficial de violencia familiar contra la pequeña y se la llevaron a vivir con otro grupo de triquis.
En diciembre, los padres se enteraron de que Noemí estaba embarazada y vivía en un sótano, por lo que se encaminaron, nuevamente, a denunciarlo. Pero esta vez lo hicieron en otro centro, convencidos de que el primero estaba protegiendo a la Defensoría. Como consecuencia, en febrero de este año, la jueza, acompañada de una sicóloga y una trabajadora social, intervino en el caso, y trató de rescatarla, encontrándose con que había sido trasladada a la Subprocuraduría (el primer lugar donde fueron a denunciar) de Delitos contra la mujer.
El 19 de febrero, a las 11:30 horas, la jueza del Juzgado, acompañada de Psicóloga, Secretaria, Actuario, Perito Médico, Tutora, Defensora y Trabajadora Social, se presentaron en el domicilio de la menor, siendo atendidas fueron Carmen y Marcelina de Jesús López, quienes informaron que la menor fue trasladada a la Subprocuraduría de Delitos contra la mujer por razón de Géneros desde el día 14 de febrero, y que ya estaban enterada por Braulio Hernández Hernández que las autoridades del Juzgado familiar iban rescatar a la menor desde el día 14 de febrero. Al enterarse de la fuga de información, los padres de la menor quedaron totalmente decepcionados de la Subprocuraduría. Finalmente, el pasado día 27, el Juez de la Segunda Sala del Juzgados Civiles y Familiares del Centro de Oaxaca, ordenó la guarda y custodia provisional y definitiva a favor de María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar (los padres). Pero la niña sigue sin estar con ellos.
La Defensoría, en un comunicado, asegura “estar indignada ante la resolución de un juez de regresar la tutela de una niña de 15 años a sus padres, quienes intentaron venderla por 40.000 pesos para saldar una deuda” por “servicios de protección jurídica con el señor Basilio Ramírez, quien dice ser abogado de las personas desplazadas”. También dicen que “en la madrugada en la que ella (la niña, Noemí) iba a ser entregada al señor Basilio Ramírez, la niña escapo y buscó apoyo en otros personas desplazadas que se refugiaban en un albergue, quienes decidieron resguardarla, pero la señora María Juana Santiago (la madre) se presentó en el lugar y violentó físicamente a la niña, al golpearla a puñetazos y contra la pared”.
Eso es lo único que han remitido al ser preguntados por correo. Sin embargo, Basilio ha respondido a una llamada telefónica de esta periodista, contando la misma versión que La Fundación Tinunjei: que no existe tal venta. Este hombre asegura que ni es abogado, ni ha pretendido comprar a Noemí. Que tiene 30 años y que expulsado de la asamblea por no estar de acuerdo con el “soborno” de la defensoría, pues no está de acuerdo en recibir dinero a cambio de hacer lo que ellos desean. También ha contado que hace unos 15 días les fue entregada una camioneta a los triquis afines a la organización humanitaria, que a Noemí le han estado pagando una cantidad de dinero mensual, que a otra menor le ofrecieron 5.000 pesos (294 euros) para que le denunciara, y que la historia de desavenencias data de la reunión de agosto del año pasado. Además, concluye “que las personas que se han marchado del grupo lo han hecho de forma voluntaria, no les hemos echado” y denuncia que han intentado agredirle en tres ocasiones.
Por su parte, la Defensoría termina su comunicado así: Este organismo público, autónomo y ciudadanizado considera que existe un riesgo fundado y motivado en contra de la integridad física y psicológica de la niña de referencia, para este organismo, es prioritario que las autoridades garanticen el interés superior de la niña, por lo que las autoridades judiciales deben considerar su voluntad respecto a su guardia y custodia, para privilegiar el respeto a su dignidad como persona, lo que también hace necesario que le provean de todos los mecanismos necesarios para que tenga un desarrollo sano y seguro.
Del embarazo de la menor no dice nada. Tampoco menciona el dinero que, supuestamente, iba a entregar a los desplazados. El caso es que, como siempre, los que tienen pocos recursos se ven envueltos en conflictos en los que, pocas veces, obtienen justicia. Es de desear que, en esta ocasión, no sea así.
