Ileana Alamilla[1]
A estas alturas, el Gobierno de Guatemala tiene ya más conciencia de lo que ha logrado, en relación a lo que se comprometió en campaña. Su eslogan de “mano dura” se le revirtió, pues hay diversos ejemplos de decisiones anunciadas con contundencia que luego resultan efímeras.
Y aunque está ubicado en un importante séptimo lugar de aceptación en América Latina, con 56 % de aprobación, hay diversos sectores sociales que se manifiestan inconformes con su desempeño.
La seguridad, su principal oferta de campaña, está en entredicho en la percepción ciudadana, aunque algunos analistas, que no son precisamente proclives a su gobierno, reconocen que hay “pequeños avances”, que algunas fuerzas de tarea temática, entre ellas la antisecuestros y extorsiones, son altamente profesionales y tienen voluntad y entrega al trabajo.
De manera moderada se atribuyen algunos logros al Ministerio de Gobernación. Publicaciones de prensa citan que el primer trimestre cerró con 197 muertes violentas menos en relación con el año anterior. La fuente es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El Grupo de Apoyo Mutuo coincide en que hay una disminución de estos delitos. El Cien señala que estas cifras pueden sonar alentadoras, pero advierte que hay que esperar lo que pueda ocurrir, pues no se pueden precisar los factores que producen esta oscilación de cifras de violencia, debido a la ausencia de investigaciones profundas. En un informe sobre el tema, el citado Centro de Investigaciones asegura que la seguridad no es la prioridad del Gobierno, la asignación de recursos la ponen como prueba. En esto tiene toda la razón, pero el análisis está incompleto, porque no menciona que ha sido el sector empresarial uno de los principales responsables de que el Estado no cuente con los recursos necesarios para atender las prioridades, entre las que se encuentra la seguridad, ya que son ellos quienes permanentemente objetan toda intención de reforma fiscal, con cualquier argumento, especialmente la corrupción, la falta de transparencia y la necesidad de la austeridad en el sector público.
Y como tienen posibilidad de veto de las leyes que les perjudican, cuentan con sus aliados en sectores estratégicos, incluyendo el Congreso, frenan cualquier reforma profunda, globalmente progresiva. Ponen oídos sordos a todas las recomendaciones de expertos y entidades conocedoras del tema, que reiteradamente han dicho que ningún Estado puede proveer servicios esenciales de calidad, como la educación, la salud y la seguridad, si no tiene los recursos para hacerlo.
Que hay enorme corrupción, cierto. Entonces hay que exigirle al Ministerio Público que actúe de manera eficaz contra los corruptos, no importa de quién se trate. Si no hay transparencia, hay que exigirla y medidas para garantizarla. Pero pedir seguridad con los centavos que se tienen para esta área es inaudito, milagros se tendrán que hacer para poder incorporar a los cinco mil policías recién graduados. El Icefi, en un reciente estudio, reportó que, en relación al PIB, tenemos el gasto más bajo de la región en seguridad y que es necesario un mayor financiamiento, consensos políticos y sociales para planes integrales. ¿Y si se hiciera como en Colombia, poner un único impuesto para que los empresarios contribuyan a frenar la ola de violencia?
Y a propósito de este tema. ¡Nos duele en el alma el drama de las niñas del Inca! Haya o no avances relativos, estas tragedias desmoronan cualquier esfuerzo gubernamental por argumentar progresos significativos.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
